Por Abel Astorga Morales

La vía jurídica da una satisfacción más a 5,737 ex braceros y sus beneficiarios, al favorecerse el 29 de febrero, con la sentencia de amparo, que ordena al gobierno mexicano el pago de su adeudo. Este camino en la búsqueda de justicia, lo transitan ante las diversas negativas de las autoridades mexicanas -a lo largo de 17 años- para acceder al pago justo del diez por ciento salarial, que por concepto de Fondo de Ahorro Campesino, se les descontó a los mexicanos que laboraron en Estados Unidos, durante el Programa Bracero (de 1942 a 1964), y que en esos años no se les regresó íntegro. Ante las evasivas de diálogo y pago de las autoridades, y el carácter restrictivo del Fideicomiso de Apoyo Social aprobado en 2005, y que otorga 38,000 pesos, con los años este movimiento social ha diversificado su repertorio de acción, poco a poco se ha movido de la lucha en las calles, (las protestas tradicionales, plantones, caminatas), hacia la protesta jurídica. En este contexto, la nueva victoria jurídica de estos ex braceros, podría ser a la postre el sendero por el que sigan otras organizaciones que abrazan esta causa social.

Fue el 6 de julio de 2015, cuando 7,202 personas (ex braceros y familiares en condición de recibir el pago) solicitaron al Presidente de la República, el pago inmediato del ya mencionado Fondo de Ahorro Campesino. Sin embargo, ante la negativa del gobierno federal, el 1 de Septiembre del mismo año interpusieron una demanda de amparo, con la asesoría legal del abogado Porfirio González Martínez. El juicio fue tramitado (expediente 1558/2015), ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, y resuelto finalmente el 29 de febrero pasado. En la sentencia, la Magistrada de Circuito, Dra. Paula García Villegas, señaló que “les asiste la razón a los quejosos a efecto de que se conteste la petición en sentido favorable a sus pretensiones, y les sea devuelto su dinero, sin que pretexte el Estado que se llegaría a poner en riesgo las finanzas públicas”. Sin embargo, los 5,737 beneficiados representan una pequeña proporción del total de personas que esperan les sea devuelto el ahorro que acumularon, como braceros en Estados Unidos a mediados del siglo XX.

Una vez dada a conocer esta información, diversos coordinadores de distintas organizaciones de ex braceros, tanto en México como en Estados Unidos, preparan conferencias de prensa para hablar sobre la importancia de esta victoria jurídica. Incluso en redes sociales las expresiones de alegría no se hicieron esperar; Rosa Martha Zárate, Coordinadora de las Organizaciones Ex Braceros del Valle de Ameca, Jalisco, y Alianza de Ex Braceros del Norte, 1942/1964, sentenció: “¡Ganamos, la lucha sigue! en tres o cuatro meses sabremos si Peña Nieto, y su gente tratan de buscar mecanismos para no pagar, no los 38,000pesos del programa de Apoyo Social con el que pretendieron silenciar a los/as viejitos/as con esas migajas, sino el Fondo de Ahorro Campesino, que les debe y eso está ‘pesado’.

Lo anterior hace referencia a que, en efecto, el pago de los 38,000 pesos que el gobierno mexicano concedió a quien demuestre su condición de ex bracero, o a sus beneficiarios, no es el pago real del Fondo de Ahorro, se trata más bien de una compensación, una cifra que en cierta medida subsana el despojo salarial. Por el contrario, años atrás se llegó a considerar que, tomando en cuenta los intereses generados por la deuda (entre otros elementos), a cada ex bracero le correspondería en la actualidad poco más de 100,000 pesos. Esta cifra se quedó corta con lo señalado en la resolución de este amparo, pues se estima que el gobierno mexicano deberá pagar más de 5 billones de pesos, y a cada ex trabajador migratorio, alrededor de 1.7 millones de pesos. Cierto o no, en los próximos meses podríamos ver alguna resolución al respecto.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que los ex braceros interponen y/o ganan un amparo. Apenas el pasado 3 de noviembre de 2015 más de 150 ex braceros del municipio de Ameca, Jalisco, ganaron una demanda al gobierno federal, misma que se enmarca en el trabajo jurídico del Lic. José Antonio Foronda Farro, Titular de la Organización No Gubernamental Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM), que desde hace años asesora a grupos de ex braceros. En total, desde 1998 cuando comenzó la lucha social, hasta el presente, se han interpuesto siete demandas de este tipo. Esto sumado a la cada vez más constante recurrencia ante instancias internacionales, como el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en 2013 y 2014, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 2013.

Al día de hoy, mientras estos viejos ex migrantes en México, y otros tantos en California y Nevada en Estados Unidos, se preparan para la celebración de esta victoria, otros grupos se preparan para continuar la lucha. En definitiva, como indiqué en una de mis anteriores publicaciones en 2015: La vía legal parece ser una forma de ‘forzar’ al gobierno a pagar la deuda histórica, pues tras estas nuevas victorias, más colectivos que se manifiestan tanto en los dos lados de la frontera, podrían hacer lo propio, y lograr una respuesta efectiva de las autoridades mexicanas.