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62 policías y ex policías de Tijuana fueron detenidos por autoridades militares

August 6, 2010

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Por Mariana Martínez

    Un total de 62 policías y ex policías de Tijuana fueron detenidos por autoridades militares y presentados a los medios antes de ser enviados a un penal de Veracruz para su proceso legal, pero estas acciones han desatado fuertes críticas entre familiares, abogados y defensores de los derechos humanos quienes temen que arbitrariedades y tortura en sus procesos legales.

    Los 16 agentes ministeriales y 40 municipales fueron arrestados luego de haber sido citados a participar en un curso, mientras que los seis ex agentes municipales fueron sacados de sus casas particulares, para luego ser presentados a los medios en las instalaciones de la fuerza Aérea de esta ciudad.

    En la presentación de los detenidos estuvo presente el fiscal estatal, Rommel Moreno Manjarrez y el actual Comandante de la Segunda Zona Militar Alfonso Duarte Mújica, quienes dijeron que los arrestos son resultado de una investigación de dos años y medio en la que se encontró que los agentes estaban al servicio del crimen organizado.

    La cifra de detenidos llegó a 84 agentes en los días subsecuentes.

    Durante la presentación una docena de los agentes estaban llorando y maldiciendo a sus superiores a quienes acusaron de traición y de estarlos usando de “chivos expiatorios” cuando no habían siquiera visto las órdenes de aprehensión en su contra.

    Incluso gritaron que la corrupción está en los mandos y no en las filas de las instituciones, haciendo referencia al ex comandante de la Segunda Zona Militar el general Aponte Polito, quien denuncio a altos mandos estatales en una serie de polémicas cartas a los medios en el 2008.

    Uno de los agentes detenidos, Luis Armando Chávez Flores, ya había sido detenido por militares junto con otros 10 policías municipales en septiembre de 2009 y liberados sin cargos 80 días después.

    Algunos de los policías de ese grupo denunciaron tortura por parte de militares ante instancias locales y nacionales, sin que hasta la fecha se hayan tomado las medidas establecidas por el Protocolo de Estambul o peritajes de la ONU.

    Las denuncias de abusos por parte de militares han sido ya documentadas por Human Rights Watch y dos de las defensoras de los policías municipales denunciantes han sido acosadas y recibido amenazas al punto de haber salido de la ciudad a mediados de Junio.

    “Mi hermano no denunció por miedo a lo que le pudieran hacer” dijo la hermana de Chávez, Brenda quien se manifestó por la liberación de su hermano al día siguiente de su arresto.

    “Tememos que los golpeen y que los torturen para hacerlos firmar lo que ellos quieran, no queremos que los maltraten como ya anteriormente los habían maltratado”, agregó.

    En la presentación ante los medios, Chávez, con el cañón del arma de uno de los soldados gritando: “”¡denme un tiro, mátenme aquí (…), jálale ya”, por lo que fue retirado del grupo por los militares que los estaban resguardando.

Autoridad bajo sospecha

    Pero los arrestos ocurren apenas una semana después de que autoridades federales de EU  arrestaron a 31 personas, entre ellas Jesús Quiñones, el encargado de enlace binacional de la Fiscalía Estatal y hombre de confianza del actual procurador, así como a un policía ministerial.

    Los detenidos son acusados de ser parte del cartel de los Arellano Félix, ahora mutado en el cartel de Fernando Sánchez Arellano y según la acusación formal de 79 páginas de largo, el grupo se encargaba de trafico de drogas, secuestro y ajuste de cuentas tanto en el condado de San Diego como en Tijuana con apoyo de autoridades estatales corruptas.

    Una centena de familiares de los detenidos se manifestaron afuera de las oficinas de la fiscalía en Tijuana con pancartas que decían “justicia para mi hermano”; “Rommel ¿Dónde están las órdenes de aprehensión?”; “Siempre fueron fieles”.

    “Desgraciadamente una vez más nuestros representantes siguen violando los derechos de las personas puesto que se los están llevando bajo engaños” dijo un familiar de uno de los detenidos quien no quiso dar sus datos, agregando que sospecha que el que fueran enviados a Veracruz es una manera de alejarlos de sus redes de apoyo para que se venzan los tiempos legales y que no puedan defenderse.

    Varios abogados de la entidad están denunciando que el presentar a los detenidos de la manera en que se hizo viola una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe exhibir personas detenidas antes de que exista una determinación judicial que sustente su responsabilidad penal.

    En su columna semanal, Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y ex procurador de los Derechos Humanos en Baja California, habla de juicios mediáticos y además percibe la ausencia del Teniente Coronel Julian Leyzaola como una evasión de su responsabilidad como acusado de tortura en casos previos de detenciones militares.

    “No se trata de alegar su inocencia, pero las reacciones de los agentes en la presentación pública, que no es algo común… Se abren así las sospechas de que sean chivos expiatorios, que los cargos no estén debidamente sustentados y que sus nombres hayan sido obtenidos sólo de oídas o de terceros. Sería terrible que todo hubiera sido un montaje a costa de los derechos de los policías, para aligerar las presiones de la DEA, el FBI y la opinión pública nacional e internacional, “dice en su columna, Al Filo de la Navaja.

    Entre la centena de manifestantes estaba Cintia Paola Oraga Zúñiga, una joven veinteañera hija de una de las detenidas, María Zúñiga Toledo, quien dijo que este arresto la deja a ella como total responsable de sus hermanos menores ya que fueron suspendidos los cheques del sueldo de su madre, quien sostiene a la familia.

    Oraga dijo que su madre tiene cáncer en la matriz y temió que su detención suspenda su tratamiento médico.

    “Ella no se merece esto, siempre ha sido fiel a su trabajo, lo ama y para ella siempre era un honor portar el uniforma y servir a la gente” dijo Oraga; “dicen que tenían dos años y medio investigándolo pero ellos nunca fueron a mi casa para ver cómo vivimos, mi mamá no tiene ni carro, si estuviera con el crimen organizado mínimo tuviera un carro decente…”

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