El temor a represalias ha orillado a miles de trabajadores en San Diego a no denunciar alguna irregularidad en el pago de su salario, reveló un estudio dado a conocer esta semana por el Centro de Iniciativas Políticas (CPI).

El reporte evidencia que apenas un pequeño porcentaje de trabajadores afectados han presentado una queja ante las oficinas de la Comisión Laboral de San Diego.

Se estima que el año pasado, empleadores en los condados de San Diego e Imperial no cumplieron con pagar el salario mínimo en más de 40 mil ocasiones, pero solamente 82 afectados presentaron una queja formal, según el estudio realizado por la Universidad Estatal de San Diego (SDSU).

Las violaciones más comunes al pago de salario son la falta de compensación por horas extra, comisiones, días pagados por enfermedad o reembolso por gastos relacionados al trabajo. Aunado a ello, aún hay empleadores que no cumplen con la ley municipal que fue aprobada por votantes hace un año y bajo la cual se aumentó el salario mínimo en la ciudad.

El salario mínimo en San Diego es de 11.50 dólares por hora, un dólar más en comparación a lo establecido en la ley estatal.

Pese a que la ordenanza fue aprobada con más del 60 por ciento del electorado, algunos empleadores no han cumplido y los trabajadores no han denunciado por miedo a quedarse sin trabajo, señaló Alor Calderón, director del Centro de Derechos al Trabajador (ERC).

A su vez, adjudicó esta práctica al hecho de que el ayuntamiento ha fallado en hacer cumplir la ley al no establecer un mecanismo para emitir quejas.

“Tenemos que hacer algo para proteger a estos trabajadores que trabajan fuerte, que hacen lo que tienen que hacer y su empleador simplemente roba al final de la semana o el mes y siente que no va a haber alguien que le va a tocar la puerta y exigir que se le pague al trabajador”, mencionó.

Pese a que el ayuntamiento cuenta con una oficina especializada en hacer cumplir esta ordenanza, activistas consideran que no se ha hecho el trabajo adecuado para que miles de empleados estén informados sobre sus derechos.

Sin embargo, la oficina de la alcaldía emitió una declaración en la que asegura que se ha hecho cumplir la ley del salario mínimo desde que esta entró en vigor.

El informe evidenció el miedo a la represalia como el motivo más común por lo cual no se denuncia a los patrones, seguido por la falta de información, dudas sobre si habrá una resolución favorable, falta de tiempo, asesoría o dinero, o porque el trabajador es indocumentado.

La investigación se realizó al encuestar a más de 300 personas que han o habían presentado una queja ante las autoridades correspondientes. La mayoría de ellos trabajan en sectores como construcción, restaurantes, venta al menudeo, transporte, médico o de manufactura.

Un aspecto preocupante es que cerca del 84 por ciento de los trabajadores esperan hasta ya no tener empleo para emitir su queja lo que puede hacer el proceso más tardado, señalan investigadores.

“Aunque la ley protege de represalias, en práctica en muy difícil ganar un caso”, consideró Jill Esbenshade, profesora de la SDSU.

El proceso también puede ser muy tardado. Un trabajador de construcción entrevistado para el informe señaló que emitió su queja hace más de un año luego de que laborara una semana sin recibir pago.

Hasta la fecha, sigue esperando una audiencia.

El reporte propone que la Ciudad de San Diego mejore sus mecanismos para hacer cumplir la ley tanto del salario mínimo como de los días pagados por enfermedad al año.

De esta manera, se ayudaría a la sobrecarga de quejas que recibe cada año la Comisión del Trabajo y que ha hecho el proceso más largo, consideran activistas.

En comparación, se cita casos como Los Ángeles y San Francisco cuyas autoridades han logrado recuperar miles de dólares que les era robado a trabajadores.