Editorial

El Voto

May 9, 2018

Por Francisco Barbosa

En los sistemas democráticos, la renovación de los poderes ejecutivos y legislativos es práctica normal. En el poder judicial, por el contrario, es saludable que sus integrantes tengan carácter vitalicio a fin de que la experiencia garantice estabilidad y continuidad institucional.

El mecanismo para resolver el proceso electoral resulta de la emisión de los votos ciudadanos — hombres y mujeres mayores de 18 años — que son contados en la lógica del “sufragio efectivo” consagrado en la Constitución.

La historia de los últimos treinta años consigna que, en términos generales, los días de la elección federal — primer domingo de julio de cada tres años para renovar la Cámara de Diputados y cada seis años para el Presidente de la República y la Cámara de Senadores — se han desarrollado con relativa paz social, salvo eventos aislados de conflictos post-electorales que finalmente fueron resueltos sin mayores sobresaltos. La elección del 2012 ha sido, por mucho, la más tensa y su gestor principal aparece otra vez en la boleta; delicada señal.

La bibliografía política con la que se analiza el comportamiento y evolución de las elecciones es vasta, pero es materia del interés de especialistas en su estudio formal. Proceso árido, pero obligado cuando se viven momentos críticos en los que se juega no sólo la alternancia sino también un posible y necesario cambio de régimen, como parece ser el caso del momento actual.

Han pasado un poco más de cuatro semanas del inicio de la contienda y faltan menos de sesenta días para que el primero de julio se celebre la esperada jornada electoral. Del análisis de la información disponible, se desprende que el gran vencedor en los comicios anteriores ha sido la “abstención”, eventualidad que se repite a nivel global. Los ciudadanos expresan de esa manera su descontento, inconformidad y desprecio por la clase política, pero se revierte cuando se observa que en ocasiones una minoría de votos emitidos puede representar el triunfo de una fórmula electoral.

De esa manera, la legitimidad de los elegidos queda cuestionada y la posibilidad de hacer gobierno marginal. La lucha política inmoviliza el diseño y ejecución de programas de gobierno que se someten a negociaciones cupulares en los que el interés de las mayorías es lo que menos importa. Cuestión de recordar el proceso de reformas que el actual gobierno impulsó al inicio de su gestión, y que hoy son combatidas por todas las fracciones políticas, inclusive por los integrantes del partido que las promovió.

Respecto a la composición del voto, es relevante observar que en las zonas urbanas son las que mayor abstencionismo registran. La dinámica del comportamiento del ciudadano anónimo es heterogénea y la solución a los problemas cotidianos circunstancial; el candidato elegido convertido en funcionario se aleja de sus representados y se muestra ávido por cobrar beneficios personales que la tajada de poder reporta.
A pesar del pesimista diagnóstico, es deseable que en está ocasión los resultados sean diferentes. Es mucho lo que esta en juego. De entrada, el gobierno en turno está desgastado y registra los mínimos de popularidad en cincuenta años. La imagen de corrupción e impunidad es sinónimo de la clase política en el poder; grupúsculos agazapados y coludidos con mezquinos intereses se han beneficiado del presupuesto público incrementando en forma criminal sus bolsillos; no tienen llenadera y su cinismo raya en el extremo.

Es necesario revisar cuidadosamente cada propuesta para derivar la que mejor convenga o, a como vamos, la menos mala.

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