Ahora que ha vencido el plazo impuesto por la corte para que el gobierno de Estados Unidos reunificara a todas las familias que catalogó como elegibles para ello, la siguiente tarea será localizar a los más de 400 padres que fueron deportados sin sus hijos para que también se beneficien de este mandato.

Al cierre de edición, la administración del presidente Donald Trump había reunido a unos mil 800 niños ya sea con sus padres u otros familiares, mientras que otros 711 deberán esperar dado que fueron catalogados como “no elegibles” para regresar con sus seres queridos dentro del lapso establecido por un juez.

En este grupo, se encuentran unos 431 padres que ya no se encuentran en el país, ya sea porque fueron deportados o porque aceptaron salir de forma voluntaria.

Otros 120 progenitores renunciaron a su derecho de reunificación, 79 habrían sido liberados de custodia de autoridades migratorias y en 67 casos se encontraron señales de alerta en el proceso de investigación, según se explica en un documento entregado este jueves a la corte federal.

Bajo este mandato judicial, el gobierno debía entregar antes del 26 de julio a 2 mil 551 niños de entre los cinco y 17 años que fueron separados de padres al llegar a la frontera, aunque precisó que sólo cumpliría con el grupo que considerara elegible para ello.

Lee Gelernt, abogado con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), consideró que el gobierno “no debería estar orgulloso” de su progreso para reunificar familias, ya que están enmendando una crisis originada por su propia política.
“Estos padres y niños han perdido valioso tiempo juntos que nunca podrán recuperar. Estamos emocionados por las familias que finalmente han sido reunificadas, pero muchas otras continúan separadas”, expresó mediante un comunicado.

“La administración de Trump está tratando de barrerlos bajo la alfombra al seleccionar unilateralmente quién es elegible para reunificación. Continuaremos responsabilizando al gobierno y reuniremos a estas familias”, agregó el abogado.

Por ello, se pedirá que se entregue información sobre estos casos para verificar las circunstancias que derivaron en que no se concretara el reencuentro dentro del plazo establecido por la corte.

Pero ahora, la ACLU redoblará esfuerzos para ubicar a cientos de inmigrantes que fueron expulsados sin sus hijos, una situación que el propio juez Dana Sabraw, quien preside el caso calificó de “una preocupante realidad”.

Este organismo que interpuso la demanda colectiva a nombre de inmigrantes que fueron alejados de sus hijos, ha solicitado que el gobierno entregue dicha información para coadyuvar en las labores de localización y garantizar que todos los niños sean devueltos a sus padres.

Este viernes 27 de julio, ambas partes regresarán al tribunal federal para que el juez decida sobre cuánto tiempo otorga a cada familia para analizar su situación legal antes de su deportación.

Autoridades con el Departamento de Seguridad Nacional indicaron esta semana que cada padre o madre que fue separado de su hijo recibe un formulario en donde debe elegir entre ser deportado con el menor, dejarlo en el país o solicitar más tiempo para hablar con un abogado antes de tomar dicha decisión.

Hasta principios de semana, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) había compilado 417 de estas formas, en las cuales, 85 individuos habían optado por ser deportados sin sus hijos, 316 solicitaron ser reunificados antes de su expulsión y otros 16 necesitaban tiempo para consultarlo.

La ACLU ha insistido en que se debe conceder por lo menos siete días para que las familias estudien sus opciones, luego de que recibieran reportes de que inmigrantes en centros de detención se veían forzados a firmar el formulario sin comprender su contenido.

Pero la administración federal ha rechazado la petición ya que dicen no contar con el espacio suficiente para albergar a familias en proceso de ser deportadas.

“El gobierno tomó a niños, incluyendo bebés de sus padres y no hizo nada para regresarlos durante semanas y en ocasiones, hasta meses”, insinuó Lee Gelernt, quien consideró que por ello, “no deberían alegar ahora que no pueden esperar siete días para expulsar a estas familias”.

Mientras tanto, activistas defensores de derechos humanos coincidieron en que el gobierno justifique los casos que consideró no elegibles. “Es el criterio y la opinión del gobierno, por eso se debe de revisar”, resaltó Benjamín Prado, activista con el Comité de Amigos Americanos. “Se tiene que investigar a profundidad caso por caso”.