Las leyes Federales contra la discriminación protegen a todas las personas en este país, independientemente de su estatus migratorio (incluyendo a inmigrantes indocumentados) de la discriminación injusta e ilegal. Las leyes laborales contra la discriminación disponen que es ilegal que los patrones tomen alguna decisión laboral basados en la raza, color, nacionalidad de origen, religión, discapacidad, o sexo de la persona. Es ilegal discriminar en cualquiera de las situaciones de la relación laboral incluyendo la contratación y despido, al fijar el monto del salario, asignaciones laborales, reclasificación, despido selectivo, en-trega de beneficios como seguro de salud, permisos de ausencia por incapacidad y enfermedad y otros aspectos y condiciones laborales. Y, los fiscales federales registrarán cargos criminales contra cualquiera que use la fuerza o la violencia para interferir con estos derechos. La “Federal Equal Employment Opportunity Commission” — EEOC (en español: Comisión para Igualdad de Oportunidades de Empleo) aplica estas leyes.

La EEOC registró dos casos de discriminación a nombre de 2 Latinos contra Landwin Management Co., que tomó posesión de la administración del Hotel Hilton en San Gabriel, California. En el primer caso, la EEOC acusó a Landwin de Discriminación Por Nacionalidad porque reemplazó a un empleado Latino muy experimentado y calificado por un empleado chino menos experimentado y menos calificado.  La Discriminación por Nacionalidad incluye el excluir ilícitamente a alguien por su Lugar De Nacimiento, Ascendencia, Cultura, Lenguaje, y Nombre o Acento al Hablar. La EEOC identificó y representó a más de 2 docenas de ex-empleados de Hoteles Hilton que creen experimentaron discriminación ilegal.

En el segundo caso, la EEOC acusó a Landwin de permitir que ocurra Acoso Sexual impropio en el hotel. Empleadas que trabajaron en el departamento de amas de llaves (housekeeping) reportaron que sus supervisores las abusaban verbalmente y las llamaban prostitutas. Ellas también alegaron que los representantes de la Administración ignoraban sus quejas. Los funcionarios gubernamentales usualmente registran casos Civiles por Discriminación, como estos, cuando existe una “costumbre y práctica” (más de un incidente) de violaciones del mismo empleador. Y, se registran casos cuando los empleadores tienen una política de discriminación e inmoralidad constante.

Landwin Col., aceptó pagar un total de  $500,000 a los dos reclamantes Latinos en estos casos. Landwin también aceptó una Orden Judicial que les exige reclutar a trabajadores Latinos, proporcionar entre-namiento anti-discriminación a sus empleados y contratar consultores de EEOC para verificar el avance del acatamiento. La compañía hizo esto porque sabía que la EEOC tenía suficiente evidencia para ganar el caso si llegara a juicio y que una corte podría ordenarles pagar aún más.

Abogados privados y del EEOC han dicho que muchas víctimas de discriminación laboral ilícita se resisten a reportarlo por la errónea creencia que esto llevará a la deportación. A menos que las víctimas de discriminación ilícita registren quejas formales, los empleadores abusivos continuarán discriminando a inocentes Latinos y a otros grupos minoritarios protegidos.  Si usted cree que podría ser víctima de discriminación, consulte con un abogado inmediatamente. Muchos de los mejores abogados proporcionan consultas gratis. ¡NO SE DEJE!

El Lic. Araujo es experto comen-tarista sobre asuntos legales.  Su bufete se especializa en la repre-sentación de personas lesionadas en accidentes de trabajo y en general. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 714-835-6990, ó al 1-800-248-4100 Web Site: www.jessaraujo.com

Las leyes de Inmigración de Estados Unidos permiten que los agricultores contraten trabajadores temporales agrícolas de otros países. La mayoría de estos trabajadores son Latinos y la mayoría de ellos son de México. Estas leyes fueron aprobadas para asegurar que los granjeros Americanos puedan encontrar y emplear suficientes trabajadores para sembrar, cultivar y recoger sus cosechas prontamente. Los trabajadores extranjeros son permitidos porque los granjeros insisten que no pueden encontrar suficientes trabajadores locales que estén dispuestos a hacer estas tareas. De hecho, los granjeros deben mostrar que han intentado encontrar trabajadores locales antes que se les permita contratar trabajadores agrícolas temporales extranjeros.

La ley también contiene regulaciones para garantizar que estos trabajadores  reciban al menos el salario mínimo apropiado para esa industria y por su localización. Los patrones también tienen requerido proveer condiciones de trabajo seguras e higiénicas así como agua fresca e instalaciones sanitarias. Los trabajadores agrícolas y organizaciones que los apoyan se quejan rutinariamente que los granjeros y los contratistas violan frecuentemente esas leyes laborales y explotan a los trabajadores extranjeros. Dicen que los cultivadores lo hacen porque saben que los trabajadores extranjeros no denuncian las violaciones por temor a perder sus trabajos. 

Estas leyes de protección al trabajador agrícola han estado en efecto por décadas para reducir los abusos y para castigar a los granjeros y agricultores que no cumplen. El 17 de Enero de 2009, solo 3 días antes de dejar la presidencia, George W. Bush firmó una nueva ley que quitaba muchas de las más importantes protecciones para los trabajadores agrícolas. Como resultado los granjeros y agricultores podrían pagarles a los trabajadores agrícolas tanto como $2.00 menos por hora. El Presidente Obama y su Secretaria de Trabajo, Hilda Solís han reinstalado las leyes de protección al salario y al trabajador que George Bush quitó en los días finales de su presidencia.

Los Mayores Beneficios Provistos Bajo el Programa de Obama de Trabajadores Extranjeros Incluyen:

• Exige a los patrones que paguen los máximos niveles previos de salarios mínimos;

• Prohíbe a los patrones utilizar deducciones inapropiadas de los salarios para evitar pagar el mínimo legal;

• Exige a los patrones que reembolsen a los trabajadores extranjeros el costo de sus visas y el viaje de sus casas al lugar de trabajo del patrón (Bush había cambiado esta ley para exigirle a los patrones que solo pagaran los costos de viaje de la embajada de EE.UU en el país del trabajador);

• Inspección obligatoria de las instalaciones de alojamiento de empleados en el tiempo que el trabajador obtenga su visa para garantizar que estas son seguras e higiénicas;

• Los patrones deben revelar los términos del empleo de trabajadores extranjeros, en lenguaje entendible, antes de obtener sus visas;

• Los Contratistas de Labores Agrícolas deben proveer una fianza de cumplimiento que les pagará a los trabajadores agrícolas el dinero que les es adeudado si el Contratista se marcha sin pagarles;

• Los Contratistas de Labores Agrícolas deben proveerles a los trabajadores agrícolas los nombres y direcciones de los Cultivadores, los lugares donde trabajarán, y las fechas de tal empleo.

Esta última regla es extremadamente importante. El Gobernador Schwarzenegger de California vetó una ley similar el año pasado. Sin esta ley, los trabajadores agrícolas y sus abogados no pueden saber a quien demandar  por salarios adeudados. Como podemos ver, realmente sí importa quién está en la Casa Blanca. ¡No Se Deje!

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Su bufete se especializa en la representación de personas lesionadas en accidentes de trabajo y en general. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site: http://www.jessaraujo.com

Bajo el sistema legal Americano, aún el gobierno debe obedecer la ley. Se incluyen los gobiernos Federal, Estatal, del Condado y de la Ciudad y los Distritos Escolares. Los funcionarios electos que aprueban ordenanzas deben saber lo que la Constitución permite y lo que prohíbe. Esto no es difícil. La mayoría de entidades que elaboran las leyes como el Congreso de EE.UU., las legislaturas del Estado y los gobiernos locales sabiamente obtienen las opiniones legales sobre la Constitucionalidad de las posibles leyes antes de aprobarlas. Las leyes propuestas que son inconstitucionales por sí mismas son CONTRA LA LEY. No pueden ser aplicadas. Son un desperdicio de tiempo y del dinero de los contribuyentes fiscales.

Entonces, ¿Por qué la ciudad de Costa Mesa, California aprobó la Or-denanza local 10-354?

Esta ordenanza es una de las muchas leyes “Anti-Solicitación” en todo el país que han intentado prohibir que los Jornaleros (Day Laborers) encuentren trabajo yendo a sitios conocidos donde los recogen. Dispone que es un crimen mientras se está en una calle pública “solicitar activamente” empleo a los conductores que pasan en sus vehículos. La penalidad por violar esta ordenanza es una multa de $1,000 y 6 meses en cárcel.

Las Cortes Federales han invalidado muchas leyes similares. En 2008, una Corte Federal en Arizona impidió que la ciudad de Cave Creek aplicara su ley Anti-Solicitación porque era Inconstitucional. Ese juez hizo referencia a otras decisiones de las Cortes Federales en California.  Los Jornaleros también han triunfado en las ciudades Californianas de Lake Forest, Redondo Beach, Glendale, Upland y el Condado de Los Angeles. Los Jornaleros también han tenido resultados favorables en Chicago, Freehold, New Jersey, Herndon, Virginia y Mamaroneck, New York. En vista de la abundancia de decisiones de Cortes Federales que invalidan leyes Anti-Solicitación, los funcionarios de Costa Mesa sabían o debían haber sabido que su ley es inconstitucional.

Una vez más, ACLU-American Civil Liberties Union, (en español Unión Americana de Libertades Civiles), MALDEF-Mexican-American Legal Defense and Education Foundation (en español Fundación México Americana para la Educación y Defensa Legal) y National Day Laborer Organizing Network (en español Red Nacional Organizada de Jornaleros) registraron de inmediato una demanda Federal para declarar la ley inconstitucional. La demanda fue registrada en nombre de Jornaleros de Costa Mesa y el Colectivo Tonantzín, dos prominentes organizaciones que representan a los Jornaleros. Estas Organizaciones Legales de Servicio han desafiado exitosamente similares leyes en las cortes Federales. 

   Costa Mesa es la 8ava ciudad en California en aprobar una ley Anti-Solicitación. En seis de los casos anteriores, las cortes han sentenciado a favor de los Jornaleros o las ciudades han cambiado voluntariamente las leyes o las han anulado. Todavía se espera una decisión en el séptimo caso. Los abogados de estas organizaciones han argumentado exitosamente que estas leyes violan los derechos Constitucionales de los Jornaleros a la Libre Expresión y Protección Equitativa de las leyes. Toda persona tiene el derecho de hablar libremente. En este caso, el derecho a comunicarles públicamente a otros que ellos están disponibles para trabajar. También tienen el derecho a que la ley no se aplique contra ellos selectiva y discriminatoriamente. Algunas veces se debe demandar al gobierno para forzarlo a que obedezca la ley. Ahora le llegó el momento a la ciudad de Costa Mesa. ¡NO SE DEJE!

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. En la actualidad, funge como Asesor Jurídico del Consulado de México y El Salvador en el Condado de Orange. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site: http://www.jessaraujo.com 

Ernestina Valdez Mondragón llevaba a su hija a la escuela cuando fue detenida por un policía de Dallas, Texas. Le dio una infracción de tránsito por hacer un giro en U prohibido, por no portar su licencia de conducir y POR NO PODER HABLAR INGLES. La Sra. Mondragón estaba tan enfadada que la llevaron a la sala de emergencia. La Sra. Mondragón, que sí tiene licencia de conducir de Texas, fue a la corte a pelear el cargo de no poder hablar Inglés. El juez desechó las acusaciones. Una investigación reveló que los policías de Dallas han impuesto 39 infracciones por no hablar inglés. Seis oficiales de diferentes divisiones han infraccionado a conductores por no hablar Inglés.

Representantes del departamento de Policía al inicio minimizaron el mal proceder como un simple e inocente error de un oficial nuevo e inexperimentado. Pero después que los 38 casos adicionales fueron publicados, se exigió una respuesta más seria. El Jefe de Policía David Kunkle admitió que no hay ley que exija que los conductores puedan hablar Inglés. Se disculpó y dijo que todas las infracciones serían desechadas. También dijo que se reembolsaría a quien hubiera pagado la multa de $204. También dijo que sabía que este incidente muy probablemente perjudicaría la relación entre el departamento de policía y la comunidad Latina.

El policía que le dió la infracción a la Sra. Mondragón era un oficial en entrenamiento de 33 años de edad. Como tal, se le exige que sea acompañado en todo momento por un policía instructor, y todas las infracciones deben ser aprobadas por un Sargento supervisor. En este caso, un oficial instructor estaba presente durante la infracción ilegal por no hablar Inglés, y el Sargento supervisor sí aprobó la infra-cción ilegal. El departamento de policía no reveló los nombres de los otros policías que impusieron infracciones similares por no hablar Inglés.

Todavía no se sabe si algunas de las otras víctimas de esta acción ilegal se declararon culpables y hoy tienen el cargo inexistente de “no hablar Inglés” en sus registros de corte o están registrados con condenas de tránsito en sus registros de manejo. Un juez local dijo que las autoridades de estas agencias debería verificar para asegurarse que no se impongan penalidades incorrectas a estas víctimas.

George Martinez, profesor de leyes, dijo que los 39 casos parecen como una política y que “La discriminación basada sobre la habilidad en el lenguaje ó idioma que se concentra en Latinos me parece bastante serio.” Brenda Reyes de LULAC -League of United Latin American Citizens (en español Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos) dijo “El principio de la cuestión es que hay policías allá afuera que representan a nuestra ciudad quienes realmente piensan que es un crimen no hablar Inglés.”

El jefe de policía Kunkle dijo “un oficial tiene que saber los elementos de una ofensa o lo que es necesario para se constituya un crimen.” Esto es lo que es tan problemático en este caso. Los oficiales que deben conocer los elementos de las ofensas tienen que estudiar cuidadosamente cada una. Si esto se hubiera hecho, el oficial en entrenamiento, y ciertamente el oficial instructor y el Sargento supervisor  deberían haber sabido que no existe tal ley. Entonces ¿Por qué esta infracción ilegal tuvo que ir a corte para descubrir que no existe tal ley? Y, ¿Qué causó que los otros 5 oficiales emitieran las otras 38 infracciones ilegales de tránsito por “conductor que no habla Inglés”? ¡NO SE DEJE!

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El Federal Equal Employment Opportunity Commission –EEOC (en español Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades de Empleo) ha registrado una demanda contra Guimarra Vineyards Corporation por permitir que una trabajadora agrícola Latina de 17 años de edad fuera acosada sexualmente. El gobierno acusa a Guimarra, uno de los más grandes cultivadores de uvas en el país, de ignorar quejas y solicitudes de ayuda de la propia víctima y de otros trabajadores agrícolas. Guimarra también es acusada de despedir a la víctima y a otros 3 trabajadores agrícolas al día siguiente en que se quejaron del acoso sexual ante los ejecutivos de Guimarra. No se dió razón para los despidos. Guimarra utiliza la etiqueta “Nature’s Partner”.

La demanda Federal describe como Guimarra violó el Decreto Federal de Derechos Civiles y creó un ilegal ambiente laboral hostil para las mujeres. La demanda establece que un compañero de trabajo de la víctima la acosaba diariamente pidiéndole repetidamente a la joven que tuviera sexo con él, tocándola impropiamente, y describiendo los actos sexuales que quería hacerle. La víctima rehusó repetida y enfáticamente y reportó la mala conducta a representantes de Guimarra quienes no hicieron nada para cesar los actos ilegales.

El Decreto de Derechos Civiles de 1964 dispone que es ilegal acosar a los empleados por sexo y prohíbe que los patrones tomen represalias contra los empleados que se quejan de discriminación en el empleo. Funcionarios del Gobierno Federal registraron la demanda después que varios intentos de llegar a un acuerdo con  Guimarra fracasaron. Los representantes de Guimarra niegan las acusaciones.

Anna Park, abogada de EEOC dijo “el gobierno toma muy seriamente cuando víctimas adolescentes son objeto de actos atroces de mala conducta sexual en el lugar de trabajo. Es más, los actos agresivos de represalias contra los trabajadores que ejercitan su derecho a oponerse al ilegal acoso no serán tolerados”. Marla Stern, directora de la oficina de EEOC en San Diego dijo: “Los Patrones deben entender que tienen una obligación con sus empleados de proveer un lugar de trabajo seguro y libre del tipo de acoso que se dió aquí. Las represalias contra los empleados por quejarse de este acoso tan ilícito es una violación a los derechos civiles tanto como el acoso mismo”.

La demanda fue registrada en una Corte Federal de Distrito y exige una orden de la corte para cesar el acoso sexual discriminatorio en Guimarra. También exige que a los empleados despedidos se les paguen salarios retroactivos (los salarios que habrían ganado desde que fueron despedidos) y dinero para compensarlos por todos los daños y pérdidas resultante del despido ilegal. Y, la demanda pide que se le ordene a Guimarra pagar daños punitivos para castigar a Guimarra por su atroz mala conducta en este caso. Esta podría ser una suma muy grande de dinero a fin de disuadir a Guimarra y a otros patrones de repetir esta práctica dañina. La demanda también pide que se les pague a los empleados despedidos ilegalmente por la tensión emocional y el dolor y sufrimiento que han soportado debido al comportamiento y actos ilegales.

La demanda del Gobierno Federal en este caso es muy importante porque pone a los patrones la advertencia que no se tolerará explotar y abusar de los inmigrantes en violación a la ley. Es importante que no se hace mención del estatus migratorio de las víctimas. Los patrones deberían notar que todo empleado, independientemente de su estatus migratorio, está protegido por las leyes Federales de Derechos Civiles y los transgresores serán castigados.

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Su bufete se especializa en la representación de personas lesionadas en accidentes de trabajo y en general. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site:  www.jessaraujo.com 

El intenso debate nacional sobre leyes de inmigración y la posible Reforma a la Ley de Inmigración es importante y necesario. Decidir cuáles y cuántos inmigrantes tienen permitido entrar al país es un derecho legítimo de soberanía. La Reforma Amplia de Inmigración con un proceso para que los inmigrantes indocumentados ganen la ciudadanía de EE.UU. tiene muchos simpatizantes y oponentes. Aún los que apoyamos la Reforma Amplia de Inmigración entendemos que las personas tienen derecho a oponerse a las reformas y a trabajar para derrotarlas.

Sin embargo, algunas acciones son consideradas incorrectas en todo el mundo. Toda persona decente estará de acuerdo que maltratar, abusar o ser negligente con las personas en custodia o negarles atención médica necesaria es incorrecto y debería ser castigado. En este país se dice que “NADIE ESTA SOBRE LA LEY”. Esto significa que QUIEN SEA que viole la ley debe ser tratado igual. Los funcionarios gubernamentales no son la excepción.

La ACLU -American Civil Liberties Union- (en español Unión Americana de Libertades Civiles) y el periódico New York Times tomaron acción legal para obligar a funcionarios de Inmigración a divulgar información acerca de las muertes de inmigrantes en custodia pendientes de deportación. Documentos y registros oficiales revelan que desde 2003 han habido al menos 107 de estas muertes. Antes de 2003, el fallecimiento de inmigrantes en las cárceles migratorias no era contabilizado ni se identificaba a las víctimas. Esto es ultrajante e imposible de justificar.

Reporteros periodísticos y abogados de ACLU que revisaron los registros y archivos del gobierno indican que es claro que los funcionarios gubernamentales actuaron para evitar investigaciones externas. Un reporte del New York Times dice que “los documentos muestran como los funcionarios—algunos todavía en posiciones claves—usaron su posición como supervisores para encubrir evidencia de maltrato (de inmigrantes), desviar el escudriñamiento de los noticieros de la prensa o preparar declaraciones públicas de noculpabilidad después de reunir hechos que señalaban cuidados inadecuados o abusos”. Reportaron un caso en el cual empleados médicos de la cárcel falsificaron un reporte médico para indicar que le habían dado Motrín a un inmigrante Latino. De hecho, el inmigrante había muerto antes de la fecha en que se reportó que le habían dado Motrín.

Además, la investigación revela que funcionarios de inmigración desarrollaron ciertas tácticas y procedimientos engañosos para evitar el descubrimiento y divulgación de su mala conducta. Estos funcionarios discutieron privadamente enviar a inmigrantes moribundos de regreso a sus países de origen o entregarlos a sus familiares en este país para evitar el costo de proveerles tratamiento médico. Esto es particularmente ofensivo dado que la enfermedad y las lesiones fueron contraídas estando en las cárceles de inmigración. Limitaciones de espacio no me permiten revelar los detalles repugnantes de muchísimas más muertes trágicas, innecesarias e injustificadas en las manos de empleados y funcionarios gubernamentales. Una de estas muertes incluyó a un barbero de 62 años de edad que vino a este país en 1972 y había sido residente permanente por 33 años. En 2006, fue arrestado por funcionarios de inmigración por una condena de 1979 por una ofensa de agresión menor y robo menor. Era diabético y tenía alta presión sanguínea. Murió en la cárcel de inmigración en 2008.

Los detalles de cada una de estas muertes deben ser investigados exhaustivamente. Es importante notar que la ley Civil dispone “Justa Compensación” por la muerte causada por la negligencia de otra persona. Ciertas conductas obligan a los empleados y al gobierno a compensar a las víctimas pagando fuertes cantidades de dinero en casos de fallecimiento. Y, muchos de los actos impropios también pueden constituir crímenes. Nadie Está Sobre La Ley. ¡No Se Deje!

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 Dos Senadores Republicanos presentaron una propuesta de ley que habría requerido a la Oficina del Censo incluir preguntas tocantes a la Ciu-dadanía de EE.UU. y al estatus migratorio en el cuestionario del censo. La propuesta del Senador David Vitter de Louisiana y del Senador Bob Bennett de Utah habría negado dinero para conducir el censo a menos que estas preguntas estuvieran incluidas. Añadir las preguntas adicionales habría costado a los contribuyentes de impuestos más de mil millones de dólares y habría demorado el proceso del censo. Organizaciones de Inmigrantes y de Derechos Civiles y muchos Demócratas criticaron de inmediato la propuesta. Señalaron que el verdadero intento de los Republicanos es atemorizar a los inmigrantes para hacerlos creer que participar en el Censo hará que las autoridades de inmigración los encuentren y los deporten. ESO NO ES CIERTO. No hay preguntas relacionadas con ciudadanía o estatus migratorio en el cuestionario del Censo. Y, los empleados del Censo tienen prohibido por ley preguntar sobre el estatus migratorio o revelar información de las personas que contesten el cuestionario. 

 El Senador Vitter dijo que Los Padres de La Patria de este país tenían el propósito que solamente ciudadanos serían contados en el censo. De hecho, él cree que aún los inmigrantes residentes per-manentes legalmente admitidos no deberían ser contados en el censo. Afortunadamente, el Senado de Estados Unidos rechazó el proyecto de corte político del Senador Vitter y no se convertirá en ley. El propósito para excluir del censo a los no ciudadanos es privar a los estados con gran número de inmigrantes  de recibir los fondos federales que se basan en el número de habitantes en cada estado. Estados como California, TeJas, y Nueva York perderían miles de millones de dólares del gobierno federal si los no ciudadanos no son contados. 

 Estos fondos federales pagan urgentes e importantes servicios públicos que mejoran la calidad de vida de todos en el estado. Escuelas, hospitales, carreteras, transporte público, bomberos y policías Medicaid, cuidado de niños, programas para almuerzo en las escuelas, son pagados con fondos federales. Estados con gran población tienen derecho a más fondos federales. Y, los estados con la población más grande tienen derecho a más Miembros del Congreso. Es una gran ventaja para cada estado, y para sus residentes, tener más representantes Congresistas porque cada uno puede votar por leyes importantes. Si  el proyecto de Vitter se hubiera convertido en ley, California habría perdido 5 Miembros del Congreso. Eso significaría 5 votos menos que podrían ayudar a aprobar una ley de reforma migratoria el próximo año.  

 La Senadora Mary Landrieu, Demócrata de Louisiana, criticó al Senador Vitter por intentar crear una ley del Congreso que él sabe no sería valida. La Senadora Landrieu correctamente explicó que la Constitución de EE.UU. claramente dice “Los Representantes deberán ser distribuidos entre los estados de acuerdo con sus respectivos números, tomando en cuenta al número completo de habitantes en cada estado.” La Constitución no se refiere a ciudadanos o residentes legales. Y, aún si el Congreso hubiera aprobado tal propuesta, ésta sería inconstitucional y no sería válida.

 Como podemos ver, los estados con gran población inmigrante  tienen mucho que ganar si cada quien es contado. El intento Republicano de excluir a los inmigrantes ha fracasado. Ahora debemos asegurarnos que todos sean contados completando y devolviendo los cuestionarios del Censo a tiempo e instando a nuestra familia y amigos a hacer lo mismo. 

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Su bufete se especializa en la representación de personas lesionadas en accidentes de trabajo y en general. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site:  http://www.jessaraujo.com

Por Lic. Jess J. Araujo

Aún los Inmigrantes Indocumentados Deberían Devolver las Formas Completadas

 La Constitución de Estados Unidos exige que cada 10 años se haga un censo de la población. Muchos derechos importantes son determinados al contar el número de personas que viven en cada estado y en diferentes partes de cada estado. La ley exige que todas las personas sean contadas. Esto incluye personas de todas las edades y aún incluye a inmigrantes indocumentados. Las organizaciones y funcionarios electos anti-inmigrantes mucho preferirían que los inmigrantes indocumentados no sean contados. De esa manera, los estados con el mayor número de inmigrantes indocumentados (California, Texas, Florida, y New York) tendrían menos miembros del Congreso. Esto produciría menos votos para las leyes que favorecen a los inmigrantes indocumentados.

 Existen un total de 435 puestos de Congresistas en la Cámara de Representantes de EE.UU. Ellos son nombrados de entre los 50 estados basados en su población. Cada 10 años los estados que ganan población obtienen más de los 435 puestos y aquellos que pierden población pierden puestos. Por décadas, el incremento primario de la población en ciertos estados es debido a la inmigración (principalmente Latinos y la mayoría de México). Y el incremento en la población de ciudadanos de EE. UU. y residentes permanentes ha sido de Latinos quienes generalmente tienen familias más grandes. Esto ha resultado en un cambio importante que ha aumentado los puestos en el Congreso de los estados con población Latina más grande.

 Después del Censo que se hizo en 1990, 8 estados ganaron puestos en el Congreso y 13 estados perdieron puestos. Los 8 estados que ganaron puestos tienen una gran población Latina. Estos incluyen California, Texas, Arizona, Nevada, Colorado, Florida, Georgia, y North Carolina. California ganó 7 puestos después del Censo de 1990 y uno después del Censo de 2000. Los votos en cuanto a las leyes que son importantes para los inmigrantes algunas veces se pierden solamente por un voto en los subcomités de congresistas. Es por ello que los Congresistas anti-inmigrantes no quieren que se cuenten a los inmigrantes indocumentados.

 La batalla por leyes de inmigración justas y humanas basadas en una reforma real será agresivamente peleada y se necesitará cada posible voto en la Cámara de Representantes y el Senado. Los Latinos, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, deben asegurarse de completar y devolver las formas del Censo de 2010 para participar en el proceso democrático. Muchos activistas Latinos consideran que ser contado en el Censo es tan importante como votar. Y, los Latinos que califican para hacerse ciudadanos de EE. UU. deberían de hacerlo inmediatamente. Los Latinos que somos ciudadanos de EE.UU. debemos asegurarnos de saber cuáles candidatos comparten nuestras posiciones políticas y votar por ellos. Juntos podemos y lograremos una reforma migratoria verdadera.

 Las formas del Censo solamente incluyen 10 preguntas sencillas. Las formas son confidenciales y no preguntan sobre el estatus migratorio. Es contra la ley manipular o revelar información del Censo. El castigo por revelar información es de 5 años en prisión. Por primera vez, las formas del Censo serán enviadas en Español a más de 13 millones de hogares.

 La gran mayoría de organizaciones Latinas Nacionales como LULAC, MALDEF, NALEO, NCLR, ESPERANZA y  VOTO LATINO  urgen a todos, incluyendo a inmigrantes indocumentados, que completen y devuelvan sus formas del Censo. YO TAMBIÉN. ¡NO SE DEJE!

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site: http://www.jessaraujo.com.

Por Lic. Jess J. Araujo

 El 1ro de Mayo de 2007 miles de Latinos, mayormente Mexicanos, se reunieron en diferentes localidades para protestar por las crueles políticas de inmigración y para apoyar la reforma migratoria. Una de las multitudes más grandes se reunió en el Parque MacArthur en Los Angeles. Los protestantes tenían permisos para continuar la demostración hasta las 9 p.m. A las 7 p.m., los oficiales del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) les ordenó a los protestantes abandonar el parque. Poco después de la orden de abandono, los Oficiales Policíacos empezaron a golpear con bastones de madera a muchos de los protestantes y a algunos miembros de los medios noticieros.

 Varios camarógrafos de televisión fueron golpeados y sus cámaras fueron dañadas por los policías. Un camarógrafo y dos reporteros del Canal 11 reportaron que fueron atacados y que sus costosas cámaras fueron dañadas. El popular reportero de Telemundo, Pedro Sevcec, fue grabado en video y fotografiado cuando se escabullía atemorizado por los policías atacantes. Los policías también usaron balas de goma que causan una herida dolorosa y dejan grandes moretes en la piel de las víctimas. Las grabaciones y fotos hechas disponibles por los protestantes, periodistas y reporteros claramente revelan un ataque irrazonable, injustificado y extremadamente violento contra inocentes familias y reporteros. Más de 200 protestantes y periodistas reportaron ser lesionados por los policías.

 El Jefe del LAPD, William Bratton, inmediatamente hizo declaraciones públicas que aseguraban al público que el incidente sería investigado exhaustivamente y que los oficiales que actuaron inapropiadamente serían castigados. Después de una investigación, el Jefe Bratton percibió que 11 oficiales debían ser castigados y que otros 4 oficiales debían ser despedidos. El refirió estos casos al Panel Disciplinario de la Policía para audiencia a fin de determinar si los oficiales acusados habían violado alguna política de la policía y, de ser así, cual debería ser el castigo. El Panel Disciplinario anunció recientemente sus hallazgos.

 El oficial cuya conducta y violaciones fueron las peores solamente recibió 20 días de suspensión de su trabajo. El Jefe de Policía ha manifestado su sentir que el mal comportamiento justificaba el despido pero que él no tiene la autoridad para incrementar el castigo impuesto por el Panel Disciplinario. Otro oficial recibió 12 días de suspensión y otros 2 recibieron una reprimenda oficial pero ningún castigo real. Una investigación interna de la policía encontró que el incidente fue causado por la falta de liderazgo, el uso de tácticas excesivamente agresivas y la falta de entrenamiento de los oficiales.

 Muchas de las víctimas de estas injustificadas palizas registraron demandas. La ciudad de Los Angeles pagó más de 13 millones de dólares a las víctimas lesionadas por el ataque de la policía. La ciudad solamente pagó esta gran suma porque sus abogados creyeron que un jurado podría otorgar aún más dinero porque la fuerte evidencia de que la mala conducta violenta fue a propósito e intencional y causó severas e injustificadas lesiones. Bueno, ¿Por qué entonces ninguno de estos policías fue despedido? Y, dado que los ataques no fueron una conducta apropiada de la policía, estos fueron ilícitos. Como tal, los fiscales deberían registrar cargos criminales por asalto y agresión, como mínimo. Ni siquiera los oficiales de policía están sobre la ley.

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site:  http://www.jessaraujo.com.

¡No Se Deje!

Por Lic. Jess J. Araujo

 Nadie, ni siquiera los más experimentados abogados o jueces, conoce toda ley en efecto en algún momento dado. Pero los abogados saben que es importante determinar cuales leyes aplican a una transacción antes de aconsejarle actuar a sus clientes. Infortunadamente, muchos mitos generalmente aceptados acerca de la ley hacen que las personas cometan costosos errores en las transacciones legales.

Derecho A 3 Días Para Cancelar Un Contrato

 La ley Federal y las leyes de cada estado sí disponen del derecho a cancelar ciertos tipos de contratos o transacciones; sin embargo, existen condiciones que aplican. Y, la cantidad de tiempo disponible para ejercer el derecho de cancelación varía, así como la forma de perfeccionar este derecho. Asumir que usted tiene derecho a cancelar un contrato dentro de 3 días puede ser un gran error y muy costoso. Recientemente me llamó una señora que había firmado un contrato para comprar  un carro nuevo. Me dijo que quería saber como notificar al concesionario del vehículo que iba a cancelar el contrato de compra del carro. Me dijo que tenía que hacerlo inmediatamente porque ya era el tercer día después de la firma del contrato. 

 Le expliqué que en California, los contratos de arrendamiento y de compra de carro nuevo no están incluidos en la ley de Derecho Absoluto a Cancelar Contratos en 3 Días. Se quedó sorprendida y muy decepcionada. Ella podría tener otras bases para cancelar el contrato si el concesionario brindó información falsa o si de alguna manera no cumplió con otras leyes, pero simplemente cambiar de opinión dentro de 3 días no es suficiente en California. Si ella hubiera hecho una llamada telefónica de 5 minutos a un abogado para verificar su errónea creencia, se podría haber evitado una compra muy cara y ahora indeseada.

 En California, muchos tipos de contratos pueden ser cancelados dentro de un período corto de tiempo después de ser firmados. El período de tiempo para la cancelación varía dependiendo del tipo de contrato. 

 La siguiente lista explica solo unos cuantos de los contratos y los períodos de tiempo aplicables para cancelarlos sin motivo:

Contratos de Mejoramiento de Casa: 3 días si la casa es la prenda
Solicitud de Ventas en el Hogar: 3 días
Contratos de Salud o Gimnasios: 5 días
Contratos de Consultores de Inmigración: 3 días
Ventas por Internet (hasta que se llene la orden): 30 días
Consultores sobre Embargos de Casas: 3 días
Ventas por teléfono (hasta que se llene la orden): 30 días
Contratos de Servicios para Perder Peso: 3 días

 Existen muchas otras leyes para cancelaciones específicas para otros bienes y servicios. Las leyes de cancelación son mejor utilizadas como último recurso. En primer lugar el mejor concejo es no entrar en malos contratos. Los contratos que están sujetos a un período con derecho de cancelación exigen que el vendedor le informe al comprador y le entregue una forma para cancelar el contrato. Los consumidores pueden cancelar el contrato dentro del período de “Derecho de Cancelación” por cualquier razón o por ninguna razón en absoluto. Después que el período de derecho a cancelar ha expirado, para salirse del contrato los consumidores deben establecer un motivo legal. Un motivo legal puede incluir fraude, falsa representación, error, coacción o ilegalidad.

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site: http://www.jessaraujo.com