Después de practicar la ley por más de 30 años, algunas veces me he sentido frustrado en mis esfuerzos por representar agresivamente a los clientes Latinos debido a que muchos se resisten a hacer todo lo que sea posible para ganar. Pronto me di cuenta que nuestra noble y respetable cultura Latina generalmente nos ha inculcado patrones de conducta que nos pone en desventaja en el sistema legal de Estados Unidos. Este sistema es agresivo, combativo, y a menudo hostil. El sistema legal de Estados Unidos es conflictivo. Cuando surge una disputa legal, cada parte, para ganar, debe derrotar los reclamos de la parte contraria. Esto significa que para que una parte gane la otra debe perder. Las víctimas que toman acción inmediata y buscan consejo legal tienen más probabilidades de triunfar.

Nuestra cultura latina contiene mucho de lo cual debemos ser justamente orgullosos. Como comunidad, y como sociedad, los Latinos somos muy trabajadores, disciplinados y responsables y enfrentamos la adversidad con coraje, paciencia, y firmeza. Los Latinos somos adiestrados a soportar dificultades extremas con dignidad y raramente nos quejamos. Todos estos valores y cualidades que ayudan a que los Latinos tengan una vida honorable y feliz también los vuelven resistentes a hacer cosas que pueden ayudarles a utilizar exitosamente el sistema legal de Estados Unidos. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran mis conclusiones:

En los casos de accidentes de auto, los Latinos tienen tanto cuidado para no ofender a la parte contraria que a menudo no hacen valer que la otra parte causó el accidente y no piden toda la información necesaria. Generalmente los Latinos aceptan no llamar a la policía o no requerir un reporte policiaco que adjudica la culpa y nombra a los testigos. Muy frecuentemente las víctimas no van al hospital o al doctor aún cuando están lesionados y tienen dolor. Y, muy frecuentemente las víctimas esperan demasiado tiempo antes de llamar a un abogado que los represente contra los responsables de sus lesiones. Cuando se les pregunta por qué esperaron tanto tiempo para buscar asistencia legal, la respuesta más común es “la desidia”. En este país, esperar demasiado tiempo para registrar un reclamo o demanda puede impedir por siempre que se pueda hacer.

En los casos de accidentes y lesiones en el trabajo, los Latinos son reacios a registrar reclamos de beneficios porque creen que el empleador los despedirá o tomará otro tipo de represalias contra ellos. Es contra la ley despedir a un empleado que registra un reclamo de compensación al trabajador si se lesiona en el trabajo. Registrar un reclamo no es ser desleal y los patrones en California no pueden hacer lo que quieran contra los empleados en este estado.

Como Latinos, creemos que debemos pagar nuestras deu-das y que no es honroso dejar o negarse a pagarlas. En el sistema legal de Estados Unidos, no pagar legalmente algunas deudas no solo es permitido sino que se considera que es un uso astuto y efectivo de la ley. Por ejemplo, la ley Federal de Bancarrota permite la cancelación legal de deudas enormes y los mejores abogados pelean por reducir aún los cobros legítimos de hospitales y médicos para que las víctimas de accidentes puedan recibir más dinero. Esto es usar apropiadamente la ley y es honesto en casos legales. Su contrario lo hará, por lo tanto usted también debe hacerlo.

Si usted cree que ha sido perjudicado, tome acción inmediata para obtener asesoría y representación legal. Siga los consejos de su abogado. No deje que las tradiciones culturales y sociales le impidan actuar rápidamente para hacer valer y proteger sus derechos. En fin…¡ NO SE DEJE!

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site: http://www.jessaraujo.com.

¡No Se Deje!
Por Lic. Jess J. Araujo

Agencias Federales y Estatales han reportado un incremento en las quejas por las tácticas abusivas de cobro. Existen muchas leyes Federales y de California para proteger a los deudores de las prácticas de cobro ilegales e impropias. Expertos legales y financieros creen que el incremento en la actividad abusiva en el cobro de deudas podría resultar de las condiciones económicas extremadamente débiles y problemáticas del país.

Frecuentemente los agresivos cobradores de deudas sacan ventaja de las personas que no conocen la ley o sus derechos. Particularmente se enfocan en los inmigrantes quienes al no estar enterados de las leyes americanas prefieren evitar conflictos al creer que no están en condiciones de oponerse a estas prácticas. Deliberadamente los hacen creer con engaños y mentiras que deben dinero cuando no es cierto. Una de las estafas más comunes y descaradas es convencer a los familiares de personas recién fallecidas a pagar las deudas de sus familiares muertos. Muy seguido las personas que fallecen dejan deudas sin pagar incluyendo tarjetas de crédito, préstamos personales, deudas médicas o deudas en almacenes.

En estados como California que tienen leyes de bienes compartidos, los cónyuges sobrevivientes algunas veces sí tienen obligación legal de pagar las deudas mancomunadas. Pero esto no aplica a otros familiares o amigos. Sin embargo, inescrupulosos cobradores de deudas algunas veces les dicen a otros familiares, y aún a cohabitantes sin ninguna relación, que deben de pagar las deudas del fallecido. Familiares cercanos como hijos adultos, hermanos y cohabitantes con frecuencia se siente moralmente obligados a pagar la deuda reclamada como símbolo de respeto hacia el fallecido.

Precisamente es por esto que esos métodos son INESCRUPULOSOS. La verdadera obligación moral es respetar la privacidad y los derechos legales de los familiares dolientes y no sacar provecho de su vulnerabilidad emocional presionándolos a pagar deudas que no tienen obligación legal de hacerlo.

A menos que usted haya firmado un contrato o un acuerdo de tarjeta de crédito u otro convenio para pagar una deuda, USTED NO TIENE OBLIGACION LEGAL DE PAGAR la deuda de un amigo, cohabitante o familiar fallecido (excepto por un cónyuge en ciertas circunstancias). De hecho, aún si usted ha recibido dinero por medio de un testamento de una persona fallecida, usted no tiene obligación de pagar las deudas de ésta. Y, aún si usted ha recibido dinero como beneficiario de una póliza de seguro de vida por el fallecimiento, usted no tiene que pagar las deudas del fallecido.

Los cobradores abusivos de deudas típicamente contactan a sus víctimas por teléfono, de esa manera no quedará registro de sus falsas declaraciones y amenazas. Si un cobrador de deudas le dice que usted debe pagar las deudas de alguien que murió, no se comprometa e insista en que le envíen el reclamo por escrito. Usualmente rehusarán hacerlo. Si se lo envían, siempre consulte con un abogado para hablar de sus derechos. La ley sí permite que las víctimas de prácticas de cobros ilegales demanden por dinero. Y la ley hasta puede obligar a los cobradores que violan las leyes de cobro que paguen los gastos de sus abogados. Conozca sus derechos y hágalos valer con seguridad. Cuando tenga dudas consulte con un abogado antes de aceptar pagar algo. Aún las deudas legítimas pueden ser algunas veces liquidadas o evitadas legalmente. ¡NO SE DEJE!

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Las leyes criminales de Estados Unidos y las de cada uno de los Estados describen las conductas “criminales” y el castigo por tales crímenes. Los estatutos de la ley Criminal también establecen cualquier “defensa” que existe para reducir o eliminar la culpabilidad o el castigo por cometer un crimen en particular. Por ejemplo, es un crimen comprar objetos robados. El no saber que el objeto era robado es una defensa y, de ser comprobado, significa que el crimen no fue cometido.

Las leyes criminales de este país generalmente no toman en cuenta la cultura del acusado para decidir si una ley fue violada o cuál castigo es apropiado. En muchos países Latinos, no es ilícito que los hombres mayores de 18 años de edad tengan relaciones sexuales con mujeres que son menores de 18 años. En este país, tal conducta es criminal. El hecho que la cultura o el país nativo del acusado lo permita no se considera aquí una defensa. En años recientes, expertos legales han sugerido que la cultura de una persona debería ser considerada para determinar si se ha cometido un crimen o para determinar el castigo que debería ser impuesto. Ellos argumentan que si la cultura de una persona influencia sus acciones, esto debería ser considerado.

Un hombre México-Americano fue convicto de asesinato por matar a un hombre que hizo declaraciones extremadamente ofensiva sobre su madre. Este insulto es considerado el peor posible en la cultura Mexicana. Su abogado intentó presentar evidencia del significado del insulto en la cultura del acusado pero el juez rehusó admitirla. El abogado intentó argumentar que un Mexicano promedio habría sido igualmente provocado por el insulto tanto como cuando un esposo celoso utiliza la infidelidad de su esposa como una defensa de “provocación” para matarla y/o a su amante. La defensa de “esposo celoso” generalmente puede reducir el crimen de asesinato a homicidio involuntario no premeditado. Además implica la defensa legal que una persona que reacciona tan apasionadamente y con extremo enojo a tal grado que pierde el control para pensar razonadamente, no lo hizo calculadamente y por lo tanto el delito es menos grave.

La ley Americana no permite defensas por la cultura porque la defensa de una acusación criminal debería estar disponible para todos equitativamente. Se considera que no es justo permitir que personas de otras culturas tengan y utilicen una defensa para un crimen después de ser provocados por comentarios que no causarían una reacción similar en una persona promedio.

Alison Dundes Renteln, una profesora de la Universidad del Sur de California (en inglés University of Southern California) ha escrito un libro titulado “Jurisprudencia Multicultural” (en inglés “Multicultural Jurisprudence”) en el cual argumenta que el sistema legal Americano debería permitir una defensa por cultura en ciertas situaciones. “Las diferencias culturales merecen ser consideradas porque la cultura moldea la percepción e influencia la conducta.” La profesora Renteln declara que “una defensa por cultura no debería ser permitida si las tradiciones culturales invocan daños irreparables a grupos vulnerables tal como a mujeres y niños”. Dado que este país tiene un porcentaje grande y creciente de su población procedente de otros países con otras culturas, una defensa por cultura podría algún día ser necesaria y útil a los intereses de la justicia. ¡NO SE DEJE!

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Every year the state of California enacts hundreds of new laws. While some of the new laws become effective during the year, the vast majority of new laws become effective on January 1st of the following year. More than 700 new laws passed in 2011 took effect on January 1, 2012.

The following are just a few of the new laws that became effective in California in Jan.

Children younger than 8 years old must use a child car seat while riding in a vehicle unless the child is at least 4 ft. 9 inches tall. The fine for violation is at least $475.00. Employers can no longer obtain or use credit reports of employees or job applicants to make employment related decisions, although there is an exception for police officers and employees in finance related jobs. Domestic same sex partners now have the same rights as heterosexual married partners including health insurance, hospital and jail visitation, and inheritance and alimony rights.

California school textbooks and history classes must now include the accomplishments and contributions of gay and lesbian people. All applicants for a drivers’ license or a California identification card must state whether or not they want their body organs donated when they die.

Drivers that are stopped at a checkpoint must now submit to a sobriety test. Police officers can no longer impound the vehicles of drivers whose only offense is not having a drivers’ license.

Drivers whose license to drive is suspended for one year for reckless driving can apply for a restricted drivers’ license prior to the completion of the year suspension if they install an ignition interlock device. It is now unlawful to cause a vehicle to cross solid double white lines unless specifically permitted. Drivers convicted of 3 or more drunk driving offenses can have their drivers’ licenses revoked for 10 years. They can apply to have their licenses reinstated after 5 years if they install an ignition interlock device. Their licenses will be revoked again if the device is removed from the vehicle.

It is now a crime for anyone to go on the property of an elementary school and threaten, or have the intent to threaten, any student with harm or injury. The California Dream Act now allows undocumented immigrant students to apply for and receive public education financial aid. And, undocumented immigrant college students are now permitted to serve in student government. The maximum amount for claims in Small Claims Court has been increased to $10,000.00. Employers that do not comply with orders by the California Labor Commission or pay their employees at least the legal minimum wage must pay restitution (back wages) as well as civil penalties and, criminal charges can be filed. And, employers must now allow women to take up to 4 months off for pregnancy disability. Courts can now consider the relationship between a child and a non-biological parent child custody disputes. ¡No Se Deje!

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Cada año el estado de California aprueba cientos de nuevas leyes. Aunque algunas de las nuevas leyes se hacen efectivas durante el año, la gran mayoría de nuevas leyes se hacen efectivas el 1° de Enero del año siguiente. Más de 700 nuevas leyes que fueron aprobadas en 2011 tomaron efecto el 1 de Enero de 2012.

Las siguientes son única-mente unas cuantas de las nuevas leyes que se hicieron efectivas en California el 1-01-12.

Los niños menores de 8 años de edad deben usar un asiento para niños cuando viajen en vehículos a menos que el niño tenga al menos 4 pies, 9 pulgadas de estatura. La multa por esta violación es al menos de $475.00. Los patrones ya no pueden obtener o usar los reportes de crédito de los trabajadores o candidatos a empleos para tomar decisiones relacionadas al trabajo, aunque existen excepciones para oficiales de policía y empleados en trabajos relacionados con las finanzas. Las parejas domésticas del mismo sexo ahora tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales casadas incluyendo el seguro médico, visitas a hospitales y cárceles, y derechos a herencias y manutención de la pareja (alimony).

Los textos y las clases de historia de California deben ahora incluir los logros y contribuciones de las personas lesbianas y homosexuales. Todos los solicitantes de una licencia de manejo o una identificación de California deben declarar si quieren o no donar sus órganos cuando mueran. Los conductores que son parados en los puntos de chequeo deben ahora someterse a un examen de sobriedad. Los oficiales de policía ya no pueden quitarles los vehículos a los conductores cuya única ofensa es no tener licencia de conducir.

Los conductores cuya licencia sea suspendida por más de un año por manejar imprudentemente podrán solicitar una licencia de manejo restringida antes de completar el año de suspensión si instalan en el vehículo un aparato bloqueador del encendido. Hoy es ilegal hacer que un vehículo atraviese una línea ininterrumpida blanca doble a menos que sea específicamente permitido. A los conductores castigados por 3 o más ofensas por conducir ebrio se les pueden revocar sus licencias de conducir por 10 años. Pueden solicitar que les reinstalen sus licencias después de 5 años si le instalan al vehículo un aparato bloqueador del encendido. Sus licencias serán revocadas nuevamente si quitan el aparato del vehículo.

Ahora es un crimen que alguien vaya a los terrenos de una escuela primaria y amenace, o tenga la intención de amenazar a cualquier estudiante con perjudicarlo o lesionarlo. El Decreto del Ensueño de California (Dream Act) ahora permite que los estudiantes inmigrantes indocumentados soliciten y reciban asistencia financiera educativa pública. Y, los estudiantes inmigrantes indocumentados ahora tienen permitido ser parte de los gobiernos estudiantiles. La cantidad máxima para los Reclamos en Cortes Menores ha sido incrementada a $10,000.00. Los patrones que no cumplan con las órdenes de la Comisión Laboral de California (California Labor Commission) o no paguen a sus empleados al menos el salario legal mínimo deben pagar restitución (salarios retroactivos) así como también penalidades civiles y, se les pueden presentar cargos criminales. Y, los patrones deben ahora permitir que las mujeres tomen hasta 4 meses de permiso de incapacidad por maternidad. Las cortes ahora pueden considerar la relación entre un niño y un padre no biológico en las disputas por custodia del menor. ¡NO SE DEJE!

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    La gente frecuentemente usa la frase “tecnicismo legal” (en inglés “legal technicality”) para criticar el resultado de una disputa legal. La implicación es que un juez o jurado irrazonablemente utiliza un pequeño detalle de la ley para justificar un resultado injusto. Un hombre fue sentenciado a prisión por tener sexo con una chica dos meses antes de que ella cumpliera la edad de consentimiento. El se quejó que la naturaleza de su acto mutuamente consentido no sería diferente en nada si éste hubiera ocurrido dos meses después y que su crimen fue un puro tecnicismo (“technicality”). Las personas que pierden sus derechos a litigar disputas por no registrar a tiempo una demanda se quejan de manera similar.

    Y, los detalles técnicos de las leyes y regulaciones pueden ser usados por los consumidores para obligar a otros a que respeten sus derechos. Un caso reciente ilustra la importancia de conocer y utilizar  efectivamente los “tecnicismos”. El “Protecting Tenants at Foreclosure Act” –PTAF (en español Decreto para la Protección a Inquilinos en caso de Embargos) fue creado para proteger a las personas que están rentando una casa de los dueños que pierden la propiedad en un Embargo porque dejan de hacer los pagos al banco. El banco y otros prestamistas notificaban inmediatamente a los inquilinos que tenían que salirse inmediatamente de la propiedad. Frecuentemente estos inquilinos tenían contratos de arrendamiento que les daban derecho a rentar la propiedad por meses o años en el futuro. Sin embargo, los bancos insistían que dado que ellos ahora eran dueños de la propiedad, tenían derecho legal a desalojarlos.

    El PTAF obliga a los nuevos propietarios (usualmente bancos) que adquieren casas reposeídas, a darle a los inquilinos una notificación de 90 días para desalojar la propiedad. Y a los inquilinos que tienen contratos de arrendamiento se les debe permitir quedarse en la propiedad hasta el fin de su contrato A MENOS que el nuevo propietario ocupara la casa como su residencia principal. Y aún así, el inquilino todavía tiene derecho a la notificación de los 90 días antes que le exijan salirse.

    Un inquilino recibió un “5 day notice to vacate” (en español “notificación de 5 días para desocupar”) del banco que compró la casa rentada después que el dueño anterior la perdió en un embargo. El inquilino no hizo caso al aviso de desocupar. Más de 90 días después, el banco registró una acción judicial para desalojar al inquilino. El inquilino le dijo al juez que nunca recibió la notificación de 90 días requerida por el PTAF. El banco argumentó que había cumplido con la ley porque esperó más de 90 días para registrar la acción judicial. La corte sentenció que la notificación de 5 días provista por el nuevo dueño no era legalmente suficiente. La corte dijo que la ley da a los inquilinos el derecho de ocupar las instalaciones hasta el fin del contrato de arrendamiento y el derecho a recibir una notificación que les informe que tienen 90 días para desocupar la propiedad. La notificación de 5 días, aún cuando sea seguida por una espera no comunicada de 90 días, es cuanto mucho engañosa. Este “tecnicismo” le proveyó un beneficio importante al inquilino. Los tecnicismos son leyes, USENLOS. Consulte prontamente a un abogado si usted está envuelto en una disputa legal. ¡NO SE DEJE!

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    Después de ejercer la ley por 33 años, he concluido que la inmensa mayoría de casos criminales contra los inmigrantes involucran “manejar ebrio”. En California y otros estados, este crimen se llama “manejar bajo la influencia” de alcohol o drogas. Esto significa que un conductor no tiene que estar borracho para violar la ley. Es ilegal manejar si la habilidad del conductor para conducir con seguridad está afectada por el alcohol o drogas. Y, si el contenido de alcohol en la sangre es .08% o más, se presume que el conductor está imposibilitado y es culpable de conducir bajo la influencia del alcohol.

    Las condenas por conducir ebrio son muy importantes para los inmigrantes porque en algunas circunstancias, esas condenas pueden dar base para la deportación. Bajo la ley Federal de Inmigración, aún los residentes legales permanentes que han vivido aquí por muchos años pueden ser deportados si son condenados por 2 o más delitos menores (misdemeanors) que involucren depravación moral. Las simples condenas de conducir tomado no son crímenes de depravación moral para propósitos de deportación. Sin embargo, si el conductor tomado causó un accidente en el que alguien salió lesionado, el cargo de asalto u otro crimen con violencia también puede ser registrado. En estos casos, las condenas pueden conllevar la deportación. Además, si un inmigrante es condenado por manejar ebrio cuando sabe que su licencia está suspendida, el crimen es por depravación moral y por lo tanto una condena que autoriza la deportación. 

    En California, a los conductores se les mide el nivel de alcohol en la sangre ya sea por una prueba de sangre o por la prueba del aliento. La prueba de sangre mide la cantidad de alcohol en la sangre. La prueba del aliento es efectuada usando un analizador de aliento. Las muestras de aliento son examinadas y se utiliza una fórmula matemática para determinar la cantidad de alcohol en la sangre. Expertos han reportado que los resultados de las pruebas de aliento no siempre son exactos y pueden variar dependiendo de la condición médica de la persona, el género sexual, la temperatura, la presión atmosférica, y la condición particular del aparato medidor. Por esto, la Corte Suprema de California sentenció que las personas acusadas de conducir ebrio pueden disputar los resultados de las pruebas del medidor de aliento. Esto se puede hacer presentando evidencia que contradiga un hallazgo de intoxicación. Esto puede incluir evidencia que el acusado tiene una tolerancia mayor al alcohol o que él pudo rendir bien la prueba práctica de sobriedad. 

    A menos que usted sea un ciudadano de Estados Unidos, usted es sujeto a deportación por ciertas condenas criminales. Aún si usted ha sido un residente permanente legal por décadas, ciertas condenas criminales harán que lo deporten. Todos los no ciudadanos que son arrestados y acusados de un crimen inmediatamente deben consultar con un abogado experimentado en defensa criminal que también sea experimentado en leyes de inmigración. Los inmigrantes deben insistir en una declaración escrita separada de su abogado de defensa criminal que le explique sí habrá o no habrá alguna consecuencia sobre el estatus migratorio por la acción propuesta. Si el abogado defensor recomienda que el inmigrante debe declararse culpable, el abogado debe indicar si tal declaración de culpable dará base para la deportación.

    Algunas veces, para evitar la deportación, los abogados defensores pueden persuadir al fiscal que permita al inmigrante declararse culpable de un crimen diferente. En los casos graves en que es imposible evitar sentencia en cárcel, utilizan un tecnicismo legal que busca reducir dicha sentencia por ejemplo a 364 días en lugar  de un año (365 días); ese día menos hace descalificar la deportación. ¡NO SE DEJE!

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    Por años los inmigrantes indocumentados han presenciado la creación de leyes y ordenanzas locales diseñadas para negarles derechos y beneficios libremente disfrutados por inmigrantes que son ciudadanos de EE.UU. o residentes permanentes legalmente admitidos. De hecho, algunas de dichas leyes realmente niegan derechos y beneficios a inmigrantes que son residentes permanentes legalmente admitidos. Una de estas leyes prohíbe aún que los inmigrantes legalmente admitidos reciban beneficios del Welfare por 5 años después de inmigrar. Cortes Federales en todo el país han invalidado muchas de estas leyes anti-inmigrantes mientras otras todavía esperan decisiones en las cortes de apelación.

    La Corte Federal de Apelaciones del 9o Circuito recientemente declaró que una ley anti jornaleros de Redondo Beach, California es inconstitucional. La ley fue aprobada hace más de 20 años pero no fue aplicada sino hasta 2004 cuando la ciudad comenzó a arrestar a las personas. El Mexican American Legal Defense and Education Fund –MALDEF (en español Fondo México Americano para la Educación y Defensa Legal), del caso Comité de Jornaleros de Redondo Beach vs City of Redondo Beach, rápidamente registró una demanda contra la ciudad. En 2004, MALDEF obtuvo una orden judicial que obligó a la ciudad a no implementar la ley hasta que hubiera una decisión judicial final.

    La ordenanza de Redondo Beach es similar a cientos de otras aprobadas por ciudades alrededor del país incluyendo más de 50 en California. Esta ordenanza hace ilegal “pararse en una calle o autopista para solicitar empleo, contribuciones o negociar con productos o servicios” a conductores que pasan. La ciudad argumentó a la corte que la ordenanza es apropiada y legal porque su propósito es mejorar el flujo y la seguridad vehicular en las intersecciones que son muy ocupadas.

    Los abogados de MALDEF que representan a National Day Laborer Organizing Network (en español Red Organizativa Nacional de Jornaleros) exitosamente argumentaron que la ordenanza viola la 1era Enmienda de la Constitución de EE.UU. e ilegalmente impide que los jornaleros soliciten trabajos. La corte dijo que la ciudad tenía libertad de limitar el tiempo, lugar y el medio para hablar con los conductores en tanto que ello permitiera “canales amplios de comunicación”. La corte dijo que la ordenanza era inconstitucional porque regula la expresión verbal más de lo necesario para lograr sus anunciados propósitos. También dijo que la ciudad podría lograr sus objetivos con solo aplicar sus leyes de tránsito. El Juez Milan Smith dijo que esta ordenanza es tan extensa que haría ilegal que jóvenes y niños griten “carwash” a los conductores. 

    El presidente de MALDEF Tom Saenz dijo que la decisión de la corte pone en claro que los jornaleros tienen el derecho constitucional a la libertad de expresión. También dijo que todas las ciudades del 9º Circuito que tengan leyes similares deberían abolirlas inmediatamente. El 9º Circuito incluye los estados de Alaska, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, y Washington. La Directora Ejecutiva del Comité de Abogados, Lateefah Simon, dijo: “Esta resolución debería servir como advertencia a otras ciudades que buscan acosar o arrestar a jornaleros que sólo tratan de proveer el sustento a sus familias.” ¡NO SE DEJE!

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    Dos recientes acciones sobre inmigración ilustran el fuerte compromiso que el gobierno federal tiene de garantizar que los estados no intenten aprobar leyes relacionadas con la inmigración. La posición del gobierno federal en el primer caso está correctamente establecida y respaldada por la Constitución de Estados Unidos que dispone que el gobierno federal tienen el derecho exclusivo de manejar y controlar la inmigración. Esos mismos principios prohíben a los gobiernos estatales aprobar leyes tocantes a  inmigración.

    La primera de esas acciones del gobierno federal tiene que ver con una demanda que el Departamento Federal de Justicia registró contra el Estado de Alabama para detener la implementación de una reciente ley anti-inmigrante en ese estado. Esa ley de Alabama, la HB 56, requiere que los oficiales de policía verifiquen el estatus migratorio de las personas que ellos “sospechen que son inmigrantes ilegales”. También dispone que sea crimen trabajar o solicitar trabajo en ese estado. La ley prohíbe que los caseros les renten a inmigrantes indocumentados y los vuelve inelegibles para recibir beneficios del gobierno estatal o local incluyendo la asistencia a universidades y colegios públicos.

    La ley está programada para tomar efecto el 1 de Septiembre de 2011. La demanda federal establece que la ley de Alabama “excede el rol del estado con respecto a los extranjeros, interfiere con la administración equilibrada del gobierno federal en las leyes de inmigración, y socava peligrosamente los objetivos de la política exterior de EE.UU.”. Funcionarios federales insisten que esta ley resultará en acoso y encarcelamiento de inmigrantes legalmente admitidos y hasta de ciudadanos de EE. UU. que no podrán proveer en el momento una prueba de su estatus.

    La segunda acción federal es rechazada enérgicamente por organizaciones pro libertades civiles y pro derechos de los inmigrantes por ser “dañina e injusta hacia los inmigrantes”. Pero una vez más la posición del gobierno federal es que los estados no tienen autoridad para hacer nada que afecte la inmigración. En 2008, el gobierno federal estableció el “Secure Communities Program” (en español Programa de Comunidades Seguras). Se les pidió a los estados, condados y ciudades firmar convenios con el gobierno federal que les requeriría enviar las huellas digitales de toda persona arrestada por felonías (crímenes graves) a las autoridades de inmigración.

    Solamente 11 estados declinaron firmar los convenios. El programa originó luego una enorme cantidad de críticas de parte de organizaciones comunitarias, iglesias, organizaciones civiles y aún de los principales departamentos de policía. La mayor preocupación es que las víctimas y testigos de crímenes dejarían de reportar los crímenes (y criminales) a la policía o a testificar en corte, por temor a que los oficiales de policía proporcionen sus nombres a agentes de inmigración. Los gobernadores de California y de otros estados se han quejado que el programa erróneamente ha reportado a miles de personas por ofensas menores y a aquellos que finalmente no eran culpables. 

    Como resultado, muchos de los estados que firmaron el convenio decidieron terminarlo. El gobierno federal ha enviado cartas a los gobernadores de los 39 estados que firmaron los convenios para informarles que su consentimiento no es necesario y que se les exigirá cumplir con los términos del programa. Los estados tienen un fuerte argumento de que la Constitución de EE.UU. da a los estados el derecho para conducir las actividades para la aplicación de las leyes. ¡NO SE DEJE! 

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    El sistema legal Americano permite que las ciudades, condados, estados y el gobierno federal promulguen leyes que tienen efecto dentro de sus respectivas jurisdicciones. Usualmente, este sistema produce leyes y ordenanzas útiles y productivas. La Constitución de EE.UU. establece un sistema de prioridades en el cual las ordenanzas de la ciudad y del condado no pueden contradecir las leyes estatales o federales y las leyes estatales no pueden contradecir las leyes federales. Este fundamento está siendo usado en la actualidad en California para intentar  que las ciudades y condados dejen de aprobar “Crash Tax Laws” (Leyes de Impuestos por Accidentes). 

    “Crash Tax laws” son leyes que imponen un tributo o una multa a personas que participan en accidentes para reembolsar a la ciudad o al condado los costos de proveer servicios de emergencia o de seguridad pública. Estos servicios usualmente incluyen policías, paramédicos, hospitales, y otros servicios de emergencia y generalmente cuestan miles de dólares. Ciertas leyes de “crash tax” (impuestos por accidentes) solamente les cobran a las personas que causan accidentes mientras que otras leyes solamente les cobran a las personas que tienen seguros para accidentes. Otras ciudades les cobran a todos los del accidente mientras otras solamente les cobran a quienes no son residentes de la jurisdicción. Estos servicios tradicionalmente son pagados por quienes pagan los impuestos de cada jurisdicción en forma de impuestos al consumidor y a la propiedad.

    Expertos especulan que la situación económica extremadamente mala está causando que ciudades y condados con problemas económicos utilicen estos “crash taxes” para juntar el dinero que tanto necesitan. Los “Crash taxes” han encolerizado a grandes cantidades de residentes de las jurisdicciones donde los han promulgado. Miles de residentes y ciudadanos de California han reaccionado agresivamente y muchos se han quejado con sus senadores y asambleístas estatales que los “crash taxes” son una forma de doble impuesto. Primero los residentes pagan impuestos por la propiedad que poseen y por los productos que compran (impuesto al consumo) luego las personas envueltas en un accidente son obligadas a pagar otra vez por los mismos servicios.

    Más de 50 ciudades de California, y varios condados, han aprobado estas leyes de impuesto por accidentes. La enorme reacción negativa y el enojo expresado en respuesta a estas leyes  han sido notorios. Las ciudades de Sacramento, Oceanside y Vista ya han revocado sus recientemente aprobadas  leyes “crash tax” después de determinar que el incremento de ingresos fue mucho menor que lo esperado. Hasta hoy, 13 estados han aprobado leyes que prohíben a las ciudades y condados que aprueben leyes “crash tax”. Investigaciones sobre el tema han revelado que agencias de cobro frecuentemente contactan a las ciudades y condados  que tienen problemas financieros y los convencen que aprueben leyes  “crash tax”. Estas agencias de cobro después reciben un porcentaje del monto total que cobran por el uso de servicios policíacos y de emergencia los cuales ya han sido pagados por quienes pagan impuestos.  

   El proyecto de ley 49 del Senado prohibiría que cualquier ciudad, condado, distrito, corporación municipal, o autoridad pública le cobren un tributo a alguien, independientemente de su residencia, por el costo de una respuesta de emergencia. La ley propuesta también declara que la legislatura de California ha determinado que la disponibilidad y uso de los recursos para responder a emergencias en todo el estado es un asunto que corresponde a todo el estado y no es apropiado que las ciudades o condados lo regulen. Patrocinadores del Proyecto de Ley 49 del Senado han dicho que el público no debería tener que angustiarse por pedir auxilio solo porque no puede pagar los servicios de policía o ambulancia. ¡NO SE DEJE!

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    Antonia Lonicki, una empleada de hospital, padeció de tensión severa debido a las condiciones cambiantes del trabajo. Ella le entregó al patrón una nota del doctor que le daba un mes de permiso por “razones médicas”. El patrón la envió al doctor de ellos, quien dijo que la Sra. Lonicki podía regresar al trabajo. Su patrón entonces le ordenó regresar al trabajo. La Sra. Lonicki rehusó regresar al trabajo y su patrón la despidió.

    La Sra. Lonicki registró una demanda contra su patrón alegando violaciones al Decreto de Derechos de Familia de California ya que no se gestionó una 3ra opinión médica. Su patrón contestó que la Sra. Lonicki no tenía un “problema médico serio” y por lo tanto no calificaba para un permiso médico. 

    La Corte Suprema de California finalmente falló que el Decreto de Derechos de Familia no requiere que un patrón utilice el procedimiento de la 3ª opinión médica. La corte también dijo que los patrones pueden defender estos reclamos al negar que existe un problema médico serio. Bajo el Decreto de Derechos de Familia de California (en inglés California Family Rights Act-CFRA) y el Decreto Federal de Permiso Médico (Federal Medical Leave Act), los empleados tienen derecho a permiso médico cuando no pueden hacer las tareas laborales asignadas debido a un problema médico serio.

    Debido al caso Lonicki, los patrones tienen ahora la opción de acordar una 3ª opinión médica o arriesgarse a una demanda de sus empleados. La 3ra opinión médica, si es convenida por ambas partes es obligatoria y debe obedecerse. Así que, una negación del patrón a un permiso médico puede ser cambiada si la 3ra opinión médica o un jurado decide que el empleado si tiene un problema médico serio que no le permite hacer las tareas laborales. Si el empleado triunfa, tiene derecho a ser reinstalado, al pago de salario retroactivo, y a hacer que el patrón pague los honorarios de su abogado. Los patrones también pueden tener que pagar por tensión emocional y multas administrativas.

    La ley de California exige que todos los patrones informen a sus empleados del Decreto de Derechos de Familia de California. Esta ley le da a los empleados el derecho a tomar permisos para estar junto a un hijo recién nacido, adoptado o de crianza, un padre, o un cónyuge. También puede ser usado por un empleado por su propio problema de salud. Para ser elegible para beneficios, los empleados de tiempo completo deben haber trabajado al menos 1,250 horas para el mismo patrón dentro de los últimos 12 meses. Empleados de tiempo completo que califican pueden tomar hasta 12 semanas de permiso médico sin pago en cualquier período de 12 meses. Los patrones deben responder las solicitudes de permiso de los empleados dentro de 10 días. Los patrones pueden requerir que los doctores de los empleados den por escrito la razón del permiso y la duración esperada.

    Se puede requerir que los empleados usen el tiempo de vacación disponible pero no permiso médico, antes de usar el tiempo de permiso de CFLA. Y, si el patrón provee un plan de seguro médico grupal, la cobertura debe continuarse mientras ellos están con permiso bajo el CFLA. Los empleados siguen ganando créditos por señoría mientras están en CFLA y tienen garantizado el derecho a regresar a la misma posición o similar. Similar significa salario, lugar y tareas similares.

    Si usted cree que erróneamente le han negado beneficios de permiso de empleado, usted debería registrar una queja con el DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y VIVIENDA JUSTO (en inglés DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING) llamando al 1-800-884-1684 y siempre consulte su queja con un abogado laboral. ¡NO SE DEJE!

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site:  http://www.jessaraujo.com.

    Quizás estos difíciles tiempos en la economía podrían estar contribuyendo al reciente incremento de que algunas personas se lleven una gran cantidad de periódicos gratis de los dispensadores públicos. De hecho muchos publicadores de periódicos gratis han reportado que frecuentemente todos los periódicos gratis han desaparecido de los dispensadores en una hora o dos de haber sido colocados ahí. Los publicadores de periódicos gratis sospechan que las personas que se llevan todos los periódicos podrían estar vendiéndolos a centros de reciclaje para obtener ingresos adicionales. Es posible que las personas que están tomando muchos de los periódicos gratis creen erróneamente que no es crimen tomarlos porque son “gratis”.

    ACTUALMENTE ES UN CRIMEN TOMAR MAS DE 25 COPIAS DE UNA PUBLICACION VIGENTE DE UN PERIODICO GRATIS SI SE HACE CON LA INTENCION DE HACER CUALQUIERA DE LO SIGUIENTE:

    · Reciclar los periódicos a cambio de dinero y otro pago;

    · Vender o intercambiar/hacer trueque con los periódicos;

    · Impedir que otros tengan la oportunidad de leer o gozar del periódico;

    · Perjudicar a una empresa de la competencia.

    Esta ley no aplica a los propietarios u operadores de los dispensadores de los periódicos, a los propietarios u operadores de la propiedad donde están colocados los dispensadores de periódicos, al publicador, al distribuidor, o a ningún anunciante en esa publicación vigente o a ninguna persona que tiene permiso de hacerlo de parte de alguna de estas personas.

    Esta ley fue aprobada  después que la policía no pudo arrestar a una persona que captaron en cámaras llevándose grandes cantidades de periódicos gratis porque no era contra la ley en aquel momento. Un numeroso grupo de publicadores de periódicos gratis convencieron a la legislatura de California que hiciera de esta conducta un crimen. La explicación y justificación para esta ley fue expuesta por la legislatura declarando que “Los periódicos gratis proveen una fuente clave de información al público, en muchos casos proporcionando una alternativa importante a las noticias e ideas expresadas en otras fuentes periodísticas locales. La toma sin autorización de múltiples copias de periódicos gratis… perjudica los derechos de los lectores, escritores, publicadores y anunciantes, y deteriora el mercado de ideas en California.”

    El castigo por violar esta ley, Sec. 490.7 del Código Penal de California, puede ser desde una multa hasta encarcelamiento ó ambos. No debe interpretarse que esta ley anula o hace desaparecer a ninguna ley ya existente que prohíbe apoderarse de la propiedad privada. Esas leyes también podrían ser aplicadas para imponer penalidades civiles y criminales adicionales donde sea apropiado. Aunque es común y entendible la errónea interpretación que no es un crimen tomar productos “gratis”, la explicación de la legislatura para esta ley claramente establece la base moral y legal para ello. Es importante saber que nuestros legisladores tienen la habilidad de ver el enorme impacto negativo de un acto aparentemente menor y crear leyes sensibles para reducir, eliminar o castigar esos actos. ¡NO SE DEJE!

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Su bufete se especializa en la representación de personas lesionadas en accidentes de trabajo y en general. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site:  http://www.jessaraujo.com

    Los trabajadores agrícolas en este país nunca han tenido la misma protección o beneficios que les han concedido a otros trabajadores. Reciben menos de la mitad de los ingresos que reciben otros, y frecuentemente se les excluye, específicamente en las leyes laborales y de trabajo que benefician a otros trabajadores. En 2010, el Gobernador Republicano Arnold Schwarzenegger vetó un proyecto de ley que le habría dado a los trabajadores agrícolas el derecho a pago por tiempo extraordinario (overtime) por trabajar más de 8 horas por día o más de 40 horas por semana, igual que a otros trabajadores de California. Actualmente, la ley requiere que los trabajadores agrícolas trabajen 10 horas por día o 60 horas por semana antes de recibir pago por tiempo extra. Y, la ley de California permite que “pequeñas granjas” les paguen menos del salario mínimo. Muchos estudios han reportado que los trabajadores que pertenecen a sindicatos laborales (uniones) ganan salarios más elevados y tienen más beneficios laborales. No es sorpresa que muchas industrias resisten agresivamente los esfuerzos de sus trabajadores para formar sindicatos (uniones).

    Nuestro Gobernador, el Demócrata Jerry Brown también era gobernador en 1975 cuando aprobó el Agriculture Labor Relations Act (Decreto de Relaciones Laborales Agrícolas), que es muy importante para los trabajadores agrícolas. César Chávez trabajó árduamente para convencer a la legislatura de California que aprobara el proyecto. Esa ley permite que los trabajadores agrícolas voten con papeletas secretas en elecciones para decidir si un sindicato representará a los trabajadores agrícolas. Desde entonces, los trabajadores agrícolas se han quejado que con demasiada frecuencia sus patrones los presionan que voten en contra de ser representados por un sindicato (unión). Han testificado que frecuentemente los patrones los amenazan con despedirlos o reportarlos a funcionarios de inmigración para deportarlos si votan a favor del sindicato (unión). También han testificado que el acoso, abuso y presión pueden ser evitados si no se les exigiera votar en los sitios de trabajo. La unión para los trabajadores agrícolas es UNITED FARM WORKERS UNION conocida como UFW fundada por Cesar Chávez (en español Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unificados).

    La legislatura de California aprobó recientemente el decreto SB 104, FAIR TREATMENT FOR FARM WORKERS ACT (en español Decreto para el Trato Justo de los Trabajadores Agrícolas). Fue patrocinado por dos Demócratas, el Senador Estatal Darrell Steinberg y el Asambleísta Luis Alejo. Si el Gobernador Brown la firma, la nueva ley les dará a los trabajadores agrícolas los mismos derechos de organización de sindicatos (uniones) que tienen los trabajadores estatales. El Gobernador Republicano Arnold Schwarzenegger vetó dos veces proyectos de ley similares. La nueva ley permitiría que los trabajadores agrícolas voten llenando sus papeletas en casa sin la presión y acoso de sus patrones en los sitios de trabajo. La ley también impondría una multa de $10,000 por cada día que los patrones fallen en proveer información de los trabajadores a los sindicatos (uniones) o agencias estatales. Y, los patrones serían sujetos a una multa de $20,000 por cada violación que constituya una práctica laboral injusta. 

    El Senado de California aprobó el proyecto de ley SB 104 el día del cumpleaños de César Chávez. Todos los 25 votos “NO” fueron emitidos por Republicanos y todos los 51 votos “SI” fueron emitidos por Demócratas. La Asamblea de California aprobó el Proyecto SB 104 en el 3er aniversario de la muerte de María Isabel Vásquez Jiménez. La trabajadora agrícola de 17 años de edad estaba embarazada cuando murió por efectos relacionados con la alta temperatura mientras trabajaba sin las condiciones de seguridad que exige la ley.  ¡NO SE DEJE!

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¡No Se Deje!
Por Lic. Jess J. Araujo

    La ley y la política de inmigración han sido debatidas agresivamente por décadas. Quienes abogan por la Reforma de Inmigración han insistido por mucho tiempo que el actual sistema de inmigración no funciona porque no se permite que suficientes inmigrantes entren legalmente al país. Insisten que le serviría mejor al país si los patrones Americanos tuvieran permitido contratar suficientes inmigrantes para alcanzar productividad y ganancias máximas. También insisten que proveer estatus de residentes legales a estudiantes indocumentados produciría decenas de miles de talentosos profesionales y expertos que contribuirán significativamente a mejorar la economía nacional. Esto es exactamente lo que tenía designado lograr el D.R.E.A.M. ACT (conocido como Decreto del Ensueño). 

    El nombre formal del Federal D.R.E.A.M. Act es “Development, Relief, and Education for Alien Minors” Act. (En español  Decreto para el Desarrollo, Alivio y Educación para Menores de Edad Extranjeros). El principal beneficio para los estudiantes inmigrantes indocumentados que califiquen sería primero concederles un estatus legal condicionado y, si cumplen la condiciones, la residencia permanente legal y el derecho a solicitar la ciudadanía de EE.UU. Los Estudiantes inmigrantes indocumentados tendrían que demostrar que se han graduado de una escuela secundaria  (high school) de Estados Unidos, que son de buen carácter moral, que fueron traídos a este país antes de los 16 años de edad, y que han vivido en este país continuamente por al menos 5 años. Después de completar al menos 2 años de estudios en colegios comunitarios o universidades o 2 años de servicio militar, se les concedería estatus legal temporal por 6 años. Para entonces, si no han infringido la ley, se les daría estatus de residentes permanentes.

    El California D.R.E.A.M. Act ha sido presentado y promovido primordialmente por el Senador Demócrata de California, Gil Cedillo. El logró exitosamente que la Legislatura de California lo aprobara tres veces solo para que el Gobernador Republicano Schwarzenegger vetara cada uno de ellos. Recientemente el Senador Cedillo ha presentado el proyecto de ley otra vez y tuvo la anuencia en un comité decisivo. Se espera que sea aprobado otra vez.  Existe una fuerte posibilidad que esta vez el proyecto de ley podría finalmente convertirse en ley. El gobernador Jerry Brown, Demócrata, prometió durante su campaña que lo apoyaría. Si el gobernador lo firma, el Decreto D.R.E.A.M. Act  se convertiría en ley el 1º de Enero de 2012. La ley entonces permitiría que los estudiantes inmigrantes indocumentados califiquen y puedan recibir becas y asistencia financiera.

    Funcionarios de Inmigración de la administración de Obama detuvieron recientemente el procedimiento de deportación contra una estudiante indocumentada. Le informaron a Olga Zanella, Mexicana, quien asiste al colegio comunitario en Texas, que la gestión de 2 años para deportarla sería detenido. La Srta. Zanella ha vivido en este país desde que tenía 5 años de edad. Funcionarios de Inmigración le dijeron que le permitirían permanecer en el país y estudiar en tanto se mantuviera en la escuela y no se metiera en ningún problema. Así pues, la administración Obama no esperó a que el D.R.E.A.M. Act se convierta en ley. El 13 de Abril, 22 de los Senadores Demócratas con más poder le entregaron una carta al Presidente Obama pidiéndole detener las deportaciones contra los estudiantes. Funcionarios de Inmigración han dicho que ahora están trabajando más en sacar del país a inmigrantes criminales condenados. ¡NO SE DEJE!

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    La ley de California permite que los oficiales de policía decomisen carros cuyos conductores nunca tuvieron licencia de manejo de California o la tienen suspendida o revocada. Los carros son decomisados por 30 días y el dueño tiene obligación de pagar el costo de remolque y almacenaje,  que usualmente es de al menos $2,000 dólares. Los 30 días comienzan el día que el carro es remolcado y termina el 30avo día. Si el carro ya ha sido decomisado previamente, puede ser que lo confisquen permanentemente para el estado. Todos los propietarios de vehículos están advertidos que tendrán que pagar los costos de decomiso si prestan sus vehículos a personas sin licencia, incluyendo esposas u otros familiares.

    Las víctimas de los costosos procedimientos de decomisos se han quejado muy molestas que la multa por tan pequeña infracción es excesiva e injusta. Oficiales de policía señalan que manejar en calles públicas cuando no se tiene licencia es un crimen menor serio (serious misdemeanor), y no una infracción menor, y que tales actos crean un riesgo sin razón de serias lesiones o muerte a otros conductores y peatones. En California, manejar no es un derecho sino un privilegio que legalmente puede ser negado, suspendido o revocado.

    Si un propietario intenta evitar el procedimiento de decomiso diciendo que el carro fue tomado sin su permiso, se le pedirá que registre un reporte de robo del vehículo y el conductor será arrestado y acusado del grave crimen de robo de auto. Los propietarios de vehículos que crean que sus vehículos han sido decomisados indebidamente pueden solicitar una audiencia informal con el Comandante de Area de la Patrulla de Autopistas de California (Highway Patrol).

    Varios Departamentos de Policía han anunciado oficialmente que no aplicarán las leyes de decomiso porque son injustas, imponen penalidades excesivas e inapropiadas, y que desproporcionadamente afectan a las comunidades pobres y de inmigrantes. Organizaciones de Derechos Civiles y de Derechos de los Inmigrantes han tenido éxito al convencer a muchas agencias policíacas que es injusto decomisar los carros de los inmigrantes indocumentados por no tener licencias de manejo cuando por ley se les prohíbe que las obtengan. Persuasivamente argumentaron que el castigo no va con la falta. 

    El Jefe de Policía de Los Angeles anunció recientemente que su departamento ya va a permitir que cualquier pasajero con licencia maneje el carro o que se intente contactar al propietario con licencia para recoger el carro si se puede hacer rápidamente. Muchas otras ciudades incluyendo San Francisco y Oakland también han cambiado sus políticas para permitir que los conductores sin licencia llamen a conductores con licencia o estacionen el carro en vez de que se los decomisen. Un vocero de Center for Immigration Studies (en español Centro para Estudios de Inmigración), un grupo que trabaja para reducir la inmigración a este país, dijo que no decomisar los carros de quienes llaman  “inmigrantes ilegales” contradicen la decisión del estado de no emitirles licencias.

    Organizaciones de Derechos Civiles y Derechos de los Inmigrantes han anunciado ya planes para hacer que otras ciudades y condados dejen de decomisar vehículos de conductores sin licencia.  También planean trabajar para hacer que el Estado de California retire o cambie la ley de decomiso de carros. ¡NO SE DEJE!

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    La ley Federal y la ley de California protegen a las mujeres embarazadas de la discriminación ilegal. Es ilegal no ofrecer un trabajo o despedir a una mujer por estar embarazada. También es ilegal suspender una promoción, un aumento de sueldo, una asignación, un bono o alguno otro beneficio laboral debido al embarazo. La ley también prohíbe que los empleadores discriminen a las mujeres embarazadas al decidir quien recibirá entrenamiento, cuáles y cuántas horas se trabajan, el tiempo provisto de vacaciones o de los permisos por enfermedad o la ubicación del trabajo. En pocas palabras, a las mujeres embarazadas se les debe conceder los mismos beneficios y oportunidades que están disponibles para todos los empleados en todos los aspectos del empleo.

    Las leyes Federales que prohíben la discriminación contra las mujeres embarazadas solamente aplican a los patrones que tienen 15 o más empleados. Las leyes de California que prohíben la discriminación contra las mujeres embarazadas solamente aplican a los patrones que tienen 5 o más empleados. Estas leyes también aplican a los empleadores que son agencias de empleo, organizaciones laborales y los gobiernos estatales y locales. Los beneficios de los empleados relacionados a ausencias por incapacidad y el derecho a regresar al trabajo varían ligeramente entre la ley Federal y la de California. El número de empleados determina si la ley Federal o la de California o ambas están disponibles para las mujeres embarazadas.

    Los patrones deben tratar a las mujeres que están temporalmente inhabilitadas para desempeñar tareas laborales por el embarazo de la misma manera que tratan a los empleados que están inhabilitados para desempeñar sus tareas por otras causas. Los patrones pueden acomodar a las mujeres embarazadas ofreciéndoles trabajo ligero, una asignación diferente, o un permiso de ausencia por incapacidad. La ley de California permite que las mujeres a quienes los doctores determinan como incapacitadas temporalmente, puedan tomar hasta 4 meses de permiso sin goce de sueldo y recibir beneficios monetarios de incapacidad temporal del estado. A las mujeres embarazadas se les debe permitir que trabajen durante el embarazo siempre y cuando puedan desempeñar las tareas de su trabajo.

    A las mujeres embarazadas se les debe permitir que tomen permisos por incapacidad cuando sea necesario. No se les puede obligar a que todos se tomen de una vez o en segmentos de días completos. Las empleadas pueden tomar mañanas libres (cuando tienen malestares al inicio de día) o a cualquier hora del día en que no puedan trabajar debido al embarazo o al parto. Bajo la ley Federal, a las mujeres que regresen a trabajar después del alumbramiento se les debe dar el mismo derecho a regresar a trabajar que a los empleados que regresan al trabajo después de otros tipos de incapacidades. La ley de California permite que las mujeres que regresan al trabajo después del parto tengan la misma posición o una similar, el mismo salario y ubicación, y otras condiciones laborales.

    La ley Federal y de California permite que los empleados hombres y mujeres tomen hasta 12 semanas de permiso de ausencia sin goce de sueldo después del nacimiento o adopción de un hijo o para atender al cónyuge, padre o hijo enfermo si el patrón tiene al menos 50 empleados. Los patrones con 15 o más empleados que provean seguro de salud, seguro por incapacidad y permisos por enfermedad deben incluir beneficios por enfermedades relacionadas al embarazo y el parto. El tiempo utilizado como ausencia por embarazo debe considerarse igual que las ausencias usadas por otras incapacidades al momento de computar el tiempo de vacaciones, la señoría y el aumento del salario. Y  las empleadas con permiso de incapacidad por embarazo pueden hacer uso de los días pagados de vacación y  enfermedad mientras están con el permiso familiar sin goce de sueldo.  ¡NO SE DEJE!

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Joshua Archila

    A finales de diciembre de 2010 un conductor negligente ocasionó un accidente automovilístico en la autopista 15 en el área de Riverside que arrebató la vida de una víctima inocente de 11 años y causó graves lesiones a su padre, madre y  hermana menor.

    Todos los miembros de la familia lesionada fueron transportados por servicios de emergencia a diferentes hospitales cercanos al área del accidente para recibir atención médica para tratar de salvar sus vidas. El hijo menor, Joshua de 11 años, fue el menos afortunado pues falleció minutos después del percance debido a la gravedad de sus lesiones.

    Por hoy el padre del niño Joshua, señor Erick Archila, se recupera de sus lesiones físicas y a diario tiene que soportar el enorme dolor de la pérdida, pero aún así saca voluntad y fuerzas para darles ánimo a su esposa Selma y a su hija Abby, quienes comienzan un largo proceso de recuperación de sus graves lesiones que hicieron temer por sus vidas.

    Joshua cursaba el 6to grado de la escuela Sycamore Elementary perteneciente al Distrito Escolar de Orange donde era muy querido por profesores, personal y compañeros de estudio por ser noble, responsable, colaborador, cariñoso y un excelente estudiante.

    Su profesora de 4to y 5to grado, Ms. Candice Hutchinson, comentó de Joshua ser un alumno sobresaliente y encontraba lo divertido que ocasionalmente se daba en clases; con una sonrisa para todos. También comentó el amor de Joshua hacia su hermanita Abby pues todos lo veían mañana y tarde cuando la acompañaba hasta el salón de clases para dejarla y recogerla. 

    También su profesora de 6to grado, Ms. Robin Ray, dijo de Joshua ser un alumno muy inteligente, amigable, amable y todo un caballero. Siempre tenía una gran sonrisa. Sacaba calificaciones A y B y le encantaba jugar futbol. Era bueno contando chistes y tiene muchos amigos. Dijo además que Joshua es el alumno que todo profesor quiere tener en su clase. Siempre iba más allá de las exigencias y buscaba las respuestas a temas discutidos en clase. 

    Joshua recibió innumerables reconocimientos, diplomas y premios por su sobresaliente rendimiento en la escuela, destacando en lectura, escritura, matemáticas y asistencia; Joshua tenía un hábito muy especial para la lectura, su padre le compraba cuanto libro Joshua quería leer; leía libro tras libro y tenía una habilidad especial con la escritura. En el deporte le gustaba el fútbol. Joshua le decía a su padre que quería ser un buen Contador por su habilidad en Matemáticas. Todos estos sueños y proyectos quedaron truncados por el fatal accidente.

    La vida de la familia se detuvo bruscamente en medio del dolor y la desesperación. Familiares y personas allegadas, amigos y vecinos que conocieron a Joshua se han organizado para apoyar a la familia durante esta terrible tragedia; existe una cuenta bancaria abierta en Schools-First Federal Credit Union bajo el número 776750-02 para recibir donativos de todas las personas generosas como muestra de solidaridad con la familia de Joshua para apoyar económicamente en los gastos que ahora afronta el padre de Joshua y la comunidad agradece todo noble gesto. Usted puede encontrar la agencia más cercana a su hogar o trabajo, llamando a los telé-fonos (800) 462-8328 y (714) 258-4000 que ofrecen asistencia en inglés y español. 

    Joshua iluminó la vida de quienes lo rodearon durante el período que estuvo con nosotros, pero también a Dios le hacia falta su alegría y lo llamó de regreso al cielo de donde había salido hace 11 años y desde allá hoy cuida de sus padres  para corresponderles a todo el amor que recibió de ellos durante su vida aquí en la tierra.

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales.  Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 714-835-6990, ó al 1-800-248-4100 Web Site: http://www.jessaraujo.com 

    Las personas que viven en este país saben que La Libertad de Expresión es uno de los derechos más importantes y valiosos que están protegidos por la Constitución de EE.UU. Por eso es la número uno de las 10 primeras Enmiendas a la Constitución conocidas como el Decreto de Derechos (en inglés Bill of Rights). La protección constitucional de nuestro derecho a la libre expresión prohíbe que el gobierno restrinja inapropiadamente lo que decimos o que nos castigue por lo que decimos. Toda persona que está en este país al momento de una violación a su derecho de libre expresión, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, puede hacer uso del poder de las cortes para hacer valer esos derechos. Esto puede incluir obtener la orden de una corte para detener  más violaciones y el pago de indemnizaciones monetarias a las víctimas.

    Bryan Gonzales, ex-agente del Servicio de Patrulla de Fronteras de EE.UU. (en inglés U. S. Border Patrol Service) y la Unión Americana de Libertades Civiles (en inglés American Civil Liberties Union -ACLU) registraron una demanda contra su ex empleador por violar sus derechos constitucionales a la libre expresión. El Sr. Gonzales reclama en su demanda que fue ilegalmente despedido por sus comentarios. El Sr. Gonzales le dijo a otro agente que la guerra contra la droga no había funcionado y que pensaba que legalizar las drogas terminaría con la violencia de los carteles en México. También le dijo que entendía los factores económicos que llevaban a los inmigrantes indocumentados a cruzar la frontera de EE.UU. para encontrar un trabajo. Su compañera de trabajo le contó a su supervisor quien inmediatamente inició una investigación.  El Sr. Gonzales relata que luego fue interrogado agresivamente acerca de sus opiniones políticas y le preguntaron si tenía planes para derrocar al gobierno.  Luego lo despidieron del  U. S. Border Patrol Service.

    La carta de despido decía que el Sr. Gonzales “sostenía puntos de vista personales que son contrarios a las características centrales de los agentes del Border Patrol, que son patriotismo, dedicación, y  camaradería de común espíritu.” El Sr. Gonzales respondió que no fue despedido porque su trabajo fuera inadecuado sino porque tiene ciertas opiniones que son compartidas por millones de otros Americanos.  Representantes del U. S. Border Patrol Service declinaron comentar acerca de la demanda.

    El ACLU emitió un comunicado de prensa declarando que “Despedir a un servidor público por su opinión política es una violación atroz al derecho a la libre expresión de la 1ª. Enmienda. No podemos exigir ni deberíamos esperar igualdad de pensamiento dentro de nuestras instituciones que aplican la ley”.

    Anthony Kennedy,  magistrado de la Corte Suprema de EE.UU. dió una explicación apremiante acerca de la importancia de proteger el derecho a la libre expresión.  “Las libertades de la Primera Enmienda (incluyendo la libre expresión) están en mayor peligro cuando el gobierno busca controlar las ideas o  justificar sus leyes hacia ese fin prohibido. El derecho al pensamiento es el origen de la libertad, y la libre expresión debe ser protegida del gobierno porque la expresión es el origen del pensamiento”.  Despedir a un agente Latino del Border Patrol por sus opiniones acerca de la política de inmigración de EE.UU.  nos debe preocupar a todos.

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    La 14ava enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dispone que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetos a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado donde residen”. Los hijos de diplomáticos extranjeros nacidos aquí no son ciudadanos de EE.UU. porque ellos no están “sujetos a su jurisdicción”. Pero en general toda persona nacida aquí es “ciudadano de EE.UU. por nacimiento” sin ninguna limitación u otros requerimientos. Aunque la mayoría de niños nacidos en este país de inmigrantes indocumentados son Latinos, un fuerte porcentaje no lo es.

    El primer día de trabajo del nuevo Congreso la semana pasada, el Congresista Steve King, Republicano de Iowa, introdujo una propuesta de ley que eliminaría la ciudadanía de EE.UU. a los bebés recién nacidos aquí excepto que un padre por lo menos sea ciudadano de EE.UU. o residente permanente legal. Específicamente, a los hijos nacidos en este país de padres inmigrantes indocumentados ya no se les concedería la ciudadanía de EE.UU. automáticamente.

    Como abogado con 34 años de experiencia, habiendo dado clases de ley Constitucional, concuerdo con muchos expertos legales que creen que dicha ley es inconstitucional. La Clausula Suprema de la Constitución de Estados Unidos claramente prohíbe cualquier ley creada por el congreso federal o de los estados que contradiga la Constitución. El Congresista King y sus 5 copatrocinadores Republicanos deberían de saber esto. El Congresista King ha dicho que la clausula “y sujetos a su jurisdicción” crea una excepción al derecho por nacimiento a la ciudadanía. Eso es cierto pero no es una excepción que aplica a los inmigrantes indocumentados. Ello claramente aplica para los hijos de diplomáticos extranjeros dado que los padres están en este país como representantes oficiales de un país extranjero y hasta están protegidos del sistema legal y los castigos legales de aquí (inmunidad diplomática). No están sujetos a la jurisdicción de este país y por lo tanto no son ciudadanos de EE.UU por nacer aquí.

    Este no es el caso para los inmigrantes que entran a este país ilegalmente sin inspección. Ellos son inmediatamente sujetos a la jurisdicción del estado y de Estados Unidos. Esto es obvio porque de inmediato son sujetos al arresto y castigo por crímenes. También pueden demandar y ser demandados en las cortes y pueden ser forzados a pagar impuestos estatales y federales porque son “sujetos a la jurisdicción” de este país. 

    En 2009, el Congresista Republicano de entonces Nathan Deal de Georgia introdujo un proyecto de ley idéntico. Tenía 95 copatrocinadores pero no pudo obtener suficientes votos para que se aprobara. Aún si hubiera pasado en la Cámara de Representantes, es bien entendido que nunca pasaría en el Senado controlado por el partido Demócrata y que el Presidente Demócrata Barak Obama jamás la habría firmado. Expertos políticos han criticado estos intentos por eliminar el derecho por nacimiento a la ciudadanía solo por razones de interés político. Creen que el verdadero objetivo es detener el rápido incremento de Latinos ciudadanos en este país ya que la vasta mayoría de Latinos al final de todo favorecen al Partido Demócrata. Esta preocupación política es comprensible, sin embargo, no puede justificar la creación de leyes inconstitucionales.

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            Cientos de nuevas leyes entran en efecto el primer día de cada Año Nuevo en California. Más de 700 nuevas leyes que fueron aprobadas en 2010 tomaron efecto el 1 de Enero de 2011.

            El gobernador vetó 300 leyes que habían sido aprobadas por la legislatura de California en 2010. Bajo la legislación de California, ciertas “leyes de emergencia” toman efecto inmediatamente en lugar de que sea el primer día de Enero del siguiente año. En tanto es útil familiarizarse con todas las nuevas leyes, también es útil entender las políticas generales que promueven las nuevas leyes.

            Por ejemplo, en muchos estados, como Arizona, podemos ver que se están usando las leyes para identificar y sacar del estado a los inmigrantes indocumentados. Leyes que castigan a los patrones y caseros por emplear o rentar a inmigrantes indocumentados han sido promulgadas en muchos estados. Otras leyes han sido aprobadas prohibiendo que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de manejo o que hablen Español en el trabajo. Muchas de estas leyes han sido invalidadas por las cortes y muchas de las leyes todavía están en las cortes de apelación así que todavía no sabemos si finalmente serán aprobadas. Las leyes de este país y de los estados individuales reflejan los valores y la filosofía de sus habitantes. El proceso político es el que transforma los valores de nuestra sociedad en leyes que requieren conducirse de acuerdo con esos valores.

            A Continuación Están Algunas de las Nuevas Leyes Más Importantes Para 2011:

            SB 782: Los caseros no pueden desalojar a inquilinos que son víctimas de violencia doméstica, ataque sexual, o de persecución si la razón principal es la preocupación o temor de futuros ataques violentos.

            SB 1449: Ya no es crimen la sola posesión de una onza o menos de marihuana sino únicamente infracción por la cual se impone una multa de $100. 

            SB 1317: Los padres de niños en kindergarten hasta el 8avo grado pueden ser castigados con hasta un año de cárcel o hasta $2,000 de multa si sus hijos tienen excesivas ausencias injustificadas. Esta ley requiere que los padres razonablemente supervisen y animen a sus hijos a asistir a la escuela.

            AB 354: Todos los estudiantes en los grados 7 al 12 deben ser vacunados contra “Tosferina” también conocida como “Pertussis” antes del comienzo de la escuela en el otoño de 2011.

            AB 2244: Las compañías de seguro ya no pueden rechazar la venta de seguros para niños con enfermedades pre-existentes.

            AB 1601: A los conductores culpables de una tercera ofensa por conducir ebrios les pueden revocar las licencias de manejo por 10 años.

            AB 1999: Los menores que llamen al 911 para ayuda de emergencia en situaciones que amenacen la vida en que se involucre el alcohol no serán arrestados o acusados de un crimen. Esto no aplica a violaciones por manejar ebrios.

            AB 1280: Los padres y otros adultos que brindan cuidados que causen serias lesiones permanentes a niños de 8 años de edad o menos pueden ser enviados a prisión de por vida pero son elegibles para obtener libertad anticipada vigilada (en inglés Parole).

            AB 2486: Los adultos que a sabiendas sirvan alcohol a menores serán responsables de pagar indemnizaciones que resulten por daños materiales, lesiones o muerte, en adición a los cargos criminales que actualmente se imponen. ¡NO SE DEJE!

El Lic. Araujo es experto comentarista sobre asuntos legales. Puede comunicarse con el Lic. Araujo al 1-800-248-4100 Web Site: http://www.jessaraujo.com.