September 5, 2003

El erosionante viaje a la justicia

Trabajadores reclaman a Industria Fronteriza

Por Mariana Martinez

Mi nombre es Margarita Avalos Salas, trabajaba en Industria Fronteriza, la cual producía medias, ropa interior y ropa deportiva; empecé a laborar en el año 2000. Para el año 2002 la empresa se robó nuestro reparto de utilidades; nosotros buscamos la forma de poder obtener lo que por ley nos correspondía y el 5 de Junio pedimos asesoría a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que nos pudieran informar qué podíamos hacer para hacer justicia. El enojo de nuestros patrones fue tanto que el día 6 de Junio nos despidieron a tres personas y al día siguiente a otra más. Nosotros nos encontrábamos en la calle; sin salario, sin nuestra semana laborada, sin el reparto de utilidades —por supuesto— sin vacaciones, sin nada.

Así empieza la historia de Margarita, que como miles de personas cada año llegó a esta ciudad de su natal Puebla y al día siguiente empezó a trabajar en una maquiladora, Industria Fronteriza con 37 años de existencia en la ciudad es una de las más viejas de la zona, propiedad de la familia Sagal Modelvsky, empresarios norteamericanos.

Defensores de los derechos del trabajador de la maquila, cuentan de las condiciones insalubres de trabajo, de la comida en mal estado y los malos tratos que se vivían en esta fábrica donde casi mil trabajadoras teñían, lavaban y planchaban entre mangueras de vapor caliente llenas de fugas, ruidos intensos y olores insalubres en los baños. Tristemente, esas condiciones no son exclusivas de esta fábrica y muchos trabajadores lo toman como “parte del trabajo”.

Cuando yo trabajaba en Industria Fronteriza, yo tomaba unos talleres de derechos humanos y derechos laborales en Casa de la Mujer grupo Factor X; ellos fueron quienes me enseñaron algunas cosas de las leyes laborales; fue por eso que yo, junto con otros compañeros nos animamos a luchar por nuestros derechos y como resultado fue nuestro despido.


Rocío y Margarita Avalos junto a Manuel Gill. Trabajadores defraudados.

Con ayuda de La Casa de la Mujer y del Centro de Información para trabajadores y trabajadoras (CITTAC), Margarita y sus compañeros entablaron una demanda el 24 de Junio de ese mismo año, pero después de que se cancelaron las dos primeras audiencias porque las autoridades “no pudieron notificar a la empresa”. Se les dio una nueva fecha para el primero de Septiembre: Día que el presidente da su informe anual y por lo tanto, los trabajadores federales tienen el día libre, incluyendo los de la junta de conciliación y arbitraje. Los trabajadores perdieron un día de trabajo en sus nuevos empleos mientras los dueños de la empresa —obviamente concientes de la jugada— ni siquiera comparecieron para la audiencia.

Nosotros le preguntamos a la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Lic. Celina Tostado que si iban a laborar hoy, ella dijo que sí. Nosotros la semana pasada volvimos a llamar para preguntarle si iban a laborar... y ahora que llegamos nos encontramos el letrero, la junta está cerrada, los trabajadores estamos muy enojados y vemos claramente la complicidad de la empresa, el gobierno y la junta y del procurador.

Después de entablada la demanda, se “perdieron” los papeles por un tiempo mientras los dueños de Industria Fronteriza tenían tiempo de huir a su casa en Chula Vista. Tras una cita con el gobernador del estado, los trabajadores fueron canalizados con Rafael Ayala López, Secretario de Trabajo del Estado y el 17 de enero del 2003, se le entregó copia de los documentos del caso de Industria Fronteriza al presidente Fox. Ninguno les ha respondido.

El Procurador Federal Estatal, Juan A. Romero, uno de los únicos trabajadores en el edificio de la junta, comentó, “Es hasta ahora que me entero que, pues obviamente, la junta había cerrado sus puertas por concepto del informe presidencial... Me queda claro que si es por calendario, la junta debió haber establecido y no señalado fechas de audiencia para el día de hoy, precisamente previendo la circunstancia del enojo de los trabajadores, que si ya de por sí su asunto es tardado, los plazos son largos pues obviamente esto lo hace más largo”.

¿Por qué son los plazos largos si la ley marca que el trabajador debe tener respuesta en quince días? “Los plazos son largos debido al cúmulo de trabajo, al volúmen de juicios, cuestiones admi-nistrativas de la junta, —explica Romero— La ley señala tiempos cortos pero nunca en ninguna junta del país se realiza en esos términos... Es ilógico que se cumpla en un término prudente”.

Según el abogado Jaime Cota, parte del CITTAC, el caso se complica por la existencia del llamado “sindicato fantasma” que no es formado por los trabajadores ni se sabe de su existencia, hasta que se presenta una disputa laboral, como este caso. Entonces el “sindicato” se va a huelga y permite a los dueños de las empresas tener más tiempo para defenderse, huir o evadir la justicia. Según Cota, la familia Sagal Modelvsky está encontrando la manera de huir de las leyes laborales mexicanas por el solo hecho de vivir en Chula Vista y no ser mexicanos, condición que les ayuda a no responder a la de por si ineficiente burocracia mexicana. Por si fuera poco, ya entablada la demanda, se enteraron de que existía un contratoley que fija el salario de un trabajador de la industria textil (según su puesto) entre 90 y 70 pesos diarios, mientras Margarita, su prima Rocío y Manuel Gil, junto con Miguel Ángel Rodríguez (los cuatro trabajadores despedidos en el 2002) estaban recibiendo salarios de 52 pesos diarios, cargo que se añadirá a la demanda en cuanto la junta se digne a darles fecha.

Es realmente injusto lo que nos están haciendo: llevamos quince meses y nosotros nos mantendremos en la lucha, no importa cuanto tiempo sea, estamos seguros que ganaremos porque lo que estamos pidiendo es algo justo y dentro de la ley.

La voz de Margarita se quiebra en el altavoz, mientras sus pestañas rizadas dejan ver unos ojos negros llenos de hartazgo y can-sancio. Detrás de ella, personas representantes de Coalición pro Justicia de los Trabajadores y Trabajadoras de Industria Fronteriza formada por diversas organizaciones no gubernamentales, le dan su apoyo, entre ellas personas de la Casa de la Mujer Factor X, CITAC, ejido Chilpancingo pro-justicia ambiental y Red de San Diego de Apoyo a Trabajadores y Trabajadoras de la Maquila quienes horas más tarde, irán al Consulado Mexicano en San Diego, en busca de justicia y respuestas.

Al día siguiente de que los trabajadores despedidos de Industria Fronteriza debieron tener su audiencia (misma que se suspendió porque los trabajadores federales tenían el día libre), la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana basada en la Ley Federal del Trabajo la que ordena al patrón que despide injustificadamente a un trabajador el pago de una indemnización cuyo monto está claramente estipulado en la propia ley. La misma Ley determina a la Junta de Conciliación y Arbitraje atender al trabajador despedido que demanda a la empresa y dar una solución en un plazo perentorio.

Los trabajadores despedidos han esperado a ser atendidos por un lapso de 15 meses, a pesar de que las leyes laborales del país estipulan un período de quince días para iniciar los trámites de la demanda.

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