October 14, 2005

México del Norte
Por Jorge Mújica Murias

Migrantes beneficiados

De las burradas que ha cometido el gobierno mexicano en los últimos años con sus migrantes, se me hace que destaca de manera especial el llamado Programa de Repatriación voluntaria.

Fue firmado por el gobierno de Vicente Fox bajo el razonamiento de que iba a “evitar las penosas muertes en la frontera”, el Programa que terminó el 30 de septiembre fue responsable de la repatriación de 20 mil mexicanos en 110 días desde la frontera de Sonora y Arizona.

El pretexto por demás absurdo, porque según el portavoz de la oficina de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, Mario Villareal, al menos 454 indocumentados murieron en 12 meses al tratar de cruzar “la línea”, número que supera en 43 por ciento al del año anterior, y que es el mayor desde que comenzaron a contar.

Más de la mitad de las muertes, dice Villarreal, ocurrieron en Arizona, y solamente 165 de ellas sucedieron entre junio y julio. Evidentemente, la forzosa repatriación voluntaria no evitó nada.

Pero como si lloviera sobre mojado, la Secretaria de Gobernación proclama que “Más de 20 mil mexicanos se beneficiaron con el Programa de Repatriación Voluntaria”. Los estados más “beneficiados”, según Gobernación, fueron Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, con unos 2,000 repatriados cada uno. Los migrantes fueron enviados al D.F. por avión, y de ahí a su estado de origen.

En realidad, el programa solamente sirve para que Estados Unidos se adorne el cuello “protegiendo su frontera de potenciales terroristas”. A México no le sirve de absolutamente nada.

Migrantes antisociales

Es interesante notar que uno de estos estados “beneficiados” es Oaxaca, donde los jóvenes tienen un nivel de ingreso promedio más bajo que un salario mínimo. En general, casi el 40 por ciento de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años son pobres según datos oficiales, con 4 millones que ni estudian ni trabajan. Un 78 por ciento son mujeres, y casi la mitad tienen estudios profesionales medio y superior pero no tienen chamba.

Y digo interesante, porque resulta que entre los repatriados a México en los últimos 9 meses había 33 mil 840 menores de edad, según el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos. De estos menores, dos terceras partes son mujeres.

Estos menores de edad cruzan sin sus padres, y enfrentan riesgos desde el enganche con redes de explotación sexual o laboral, hasta los consabidos accidentes y por supuesto la pérdida de la vida.

Pero la lluvia sigue, igual que en los huracanes. “Casi la mitad fueron canalizados a las diferentes instituciones públicas y privadas que integran la Red de Albergues de Tránsito”, reportan las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, “y otros fueron entregados directamente a sus padres”.

Pero sucede que en Hermosillo, Sonora, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la “institución pública” a la que entregan a los jóvenes es el Consejo Tutelar para Menores. La cárcel, pues.

No han violado la ley penal, pero el DIF y el Instituto Nacional de Migración decidieron enviarlos a “celdas de corta estancia”, por incurrir “en una conducta antisocial”, calificada por ellos como una “infracción grave”.

Aclaran, por cierto, que no los enjaulan a todos, sino solamente a los “reincidentes”, o sea, a los que agarró la Migra más de una vez al tratar de cruzar.

Curiosamente, la denuncia la hizo la propia directora del Consejo Tutelar, Amelia Iruretagoyena, quien insiste en que el encarcelamiento es “una clara violación a los derechos humanos de los menores”. Dice la funcionaria que “La conducta antisocial no está tipificada como delito y no representa una violación a la Ley”. Más aún, advierte que el gobierno posiblemente esté incurriendo “en el delito de privación ilegal de la libertad por mantener en prisión a los menores repatriados”.

Para tratar de aliviar la controversia, el Subprocurador de Defensa del Menor y la Familia de Agua Prieta, José Antonio Bustillos, dice que se trata solamente de “una sanción administrativa de hasta 72 horas de cárcel”.

En resumen, para el migrante el enemigo es doble: la Migra de un lado, y sus propias autoridades del otro.

Contacto Murias at mexicodelnorte@yahoo.com.mx

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