October 3, 2003

Politica a la Mexicana

Corrupción Heredada

Por Luz Aída Salomón

Corromper o sobornar, en su más clara definición, significa dar dinero o dádivas a alguien para que realice una acción ilícita o injusta. En México ésta acción nace del poder representado históricamente en el tlatoani –Dios con poderes ilimitados— y ha trascendido hasta hoy por los feudos burocráticos que durante siete decenios de gobiernos autoritarios hicieron de la corrupción una forma de ejercer el poder político. La corrupción es una herencia política no una condición sine qua non del mexicano.

Vicente Fox, primer Presidente surgido al margen de la “familia revolucionaria”, no le ha bastado la titularidad del poder Ejecutivo Federal para fomentar una cultura de rendición de cuentas y así ganar credibilidad en la lucha contra la corrupción. En enero de 2001, al mes de iniciar su gobierno, Fox puso el ejemplo difundiendo su declaración patrimonial. Un año después, llamó al Gabinete legal —hombres más cercanos al Presidente— a dar a conocer públicamente su patrimonio personal y familiar. Ahora, a casi cuatro meses de entrar en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, promovida por Fox, sólo dos secretarios de Estado han respondido a ese llamado presidencial. En cuanto a las dependencias públicas federales, obligadas por esta Ley a dar cuenta sobre su administración, es el Instituto Mexicano del Seguro Social la que encabeza la lista de negativas a las solicitudes de información de los ciudadanos y medios de comunicación.

Pero es a nivel estatal donde los feudos burocráticos están tan arraigados que impiden acabar con las distintas formas de corromper o sobornar en México. El estado de Sinaloa es sólo un ejemplo. Ahí, surgió la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información, misma que entró en vigor en abril pasado. Hasta esta fecha el periódico independiente Noroeste no ha tenido la información que permita dar a conocer claramente los criterios con que se ejerce el presupuesto para las inserción de publicidad del gobierno estatal en los distintos diarios sinaloenses, pero queda la percepción de que los espacios publicitarios se compran en función del sometimiento a la línea oficial de comunicación gubernamental. En otras palabras, se paga por el silencio. Tan es así que las denuncias sobre la corrupción llevan a la cárcel o a vivir intimidado por los cuerpos policiacos. Apenas la semana pasada, en el también estado norteño de Coahuila, el reportero Daniel Valdés Romo fue citado a las oficinas de la Procuraduría General de la República para intentar obligarlo a dar los nombres de los comerciantes que denunciaron a los agentes de esa dependencia como vendedores de mercancia pirata, previamente decomisada por agentes de esa misma Procuraduría (La Jornada, 09/25/03).

Aquí hemos hablado que actualmente el crecimiento económico es el principal problema de México pero la inseguridad pública y la corrupción lo rebasa por la incapacidad y la falta de decisión de las autoridades para asumirlo en su verdadera magnitud. En cualquier rincón del país es posible encontrar al policía que pide una “mordida” a cambio de no levantar una infracción de tránsito, pero esto es insignificante frente al hecho de la complicidad y contubernio de los cuerpos policiacos con el crimen organizado. Y es tan obvia esta relación porque a los policias se les entrena hasta en el extranjero; sin embargo, no hay un seguimiento estricto de su desempeño, tampoco hay control de los vehículos y las armas que se les entrega, mucho menos se logra una coordinación entre los diferentes cuerpos policiacos. Asi, cada seis años, en el caso de los gobiernos federal y estatales, y cada tres en el caso de los municipales, se anuncia con alaraca sobre la profesionalización de los policias y la entrega de armamento nuevo, pero qué pasa con los policias dados de baja y con las armas en su poder. Las dependencias encargadas de la seguridad pública no saben pero los mexicanos se saben victimas de la extorsión de las autoridades.

Hoy en México, el secuestro resulta la expresión viva de los policias convertidos en delincuentes. Esta breve historia es sólo la última información pública al respecto: Nicanor Guzmán González, expolicía municipal de Chalco, Estado de México, fue detenido al momento de comandar una banda de secuestradores. Este grupo llegó a alcanzar un botín de 70 millones de pesos y estaba integrado por el padre, hijos y tíos de Nicanor, pero al frente de la banda se presume que también estaban dirigidos y protegidos por cuatro miembros activos de la Policía Municipal de Chalco, así como un elemento activo de élite de las Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública dependiente del Gobierno del Distrito Federal –Ciudad de México- (Hechos, TV Azteca, 09/25/03). Precisamente, en la capital del país es donde todos los días se descubre a policias o “madrinas” –jóvenes delincuentes bajo el mando de las policias- asaltando casas habitación, a transuéntes, a conductores y desbalijando automóviles; al mismo tiempo, quedan al descubierto elementos de élite vinculados también con el crimen organizado que se dedica a la distribución de drogas.

Este breve análisis sobre la corrupción en México estaría incompleto si por lo menos no se hace referencia a las dádivas o distribución de dinero que, aunque son menos que el pasado, todavía son un recurso al que acuden los empresarios para tener respuestas ágiles en las dependencias responsables de los trámites para la instalación de negocios.

Que quede bien claro, pues, los mexicanos no son corruptos por naturaleza. La corrupción nace del poder, no de la impotencia. Su origen es político, no social. La lucha está en acabar con los feudos regionales, estatales y nacionales, para derruir la estructura burocrática heredada. El cambio es urgente y los mexicanos así lo expresaron desde el 2 julio del 2000.

Correo electrónico: luzaidasalomon@hotmail.com

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