November 5, 2004

Comentario:

El Juicio de la Historia

Por Alejandro Alvarado Bremer

La historia, finalmente, parece que va poniendo las piezas en su sitio. Por décadas, en México los presidentes vivieron en la más absoluta impunidad, protegidos por un escudo legal y de lealtades institucionales, sin paralelo en América Latina. Esa historia podría tener un desenlace trágico para algunos de sus protagonistas: la cárcel.

Por primera vez en la historia mexicana se abre de posibilidad de juicio penal contra un ex presidente y sus más cercanos colaboradores, por el presunto genocidio cometido contra los estudiantes que demandaban la apertura del monolítico sistema político mexicano en la década de los 60 y 70.

La Fiscalía Especial para Crímenes del Pasado, creada por el gobierno del presidente Vicente Fox, acusó a Echeverría y nueve de sus ex-colaboradores de la matanza de estudiantes en octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, catalogándola de genocidio. La revisión no incluye a más ex-presidentes porque ya murieron, como es el caso de Gustavo Díaz Ordaz, que gobernó con mano dura de 1964 a 1970, y quien se responsabilizó de la matanza de estudiantes en 1968; y de José López Portillo, cuya corrupción llegó al punto de lo inverosímil y quien vivió los últimos momentos de la guerra sucia contra la izquierda radical mexicana, pero que también promovió una amnistía que le salvó la vida a más de uno de los estudiantes presos.

Ahora, los magistrados tienen en sus manos el expediente de lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968, cuando, según periodistas nacionales y extranjeros que testificaron los hechos, murieron cientos de estudiantes mexicanos a manos del ejército y de grupos paramilitares. En los expedientes constan unas 30 muertes y cientos de heridos. También revisarán los hechos y las responsabilidades del 10 de junio, el fatídico jueves de Corpus, donde según algunos testigos murieron decenas de jóvenes pero en los expedientes se registran once muertes y decenas de heridos. Sin embargo ¿qué conocedor de la política mexicana se fía en lo que dicen los archivos criminales? Por eso una cosa es el derecho penal y otra la historia.

Los testimonios recabados por las agencias del ministerio público son escasos, fundamentalmente por el pavor que tenía y todavía llega a tener la sociedad mexicana a sus autoridades judiciales. Cuando uno pisaba un ministerio público en México, si su caso lesionaba intereses políticos, podía darse, al menos, por detenido. Solo los familiares muy valientes levantaron demandas, que fueron muy pocas, contra el gobierno buscando aclarar un asesinato político. La política represiva del estado cumplía su principal cometido: amedrentar a la sociedad, para alinearla dentro del régimen. Además Echeverría nunca cumplió su ofrecimiento de investigar los hechos del 10 de junio. Hasta hoy, prima la impunidad.

A los estudiantes se les mató, como en toda América Latina, con el justificante de aniquilar de una vez por todas cualquier movimiento de los jóvenes que simpatizaran con la revolución socialista o comunista, aunque las demandas centrales tanto del 68 como del 10 de junio de 1971 era la apertura democrática, en el país y en los centros de estudio.

En esas dos oportunidades, no fueron llamados a la rebelión lo que hicieron los activistas y, en todo caso, los manifestantes detenidos, arrestados, y algunos desaparecidos, debieron ser juzgados en su momento según lo disponían y disponen las leyes, cosa que no ocurrió. El Código Penal mexicano tiene un capítulo, vigente en aquel entonces, que sanciona los delitos contra la seguridad nacional, en casos de rebelión, sedición, amotinamiento, terrorismo y sabotaje.

La política del gobierno mexicano era sencilla, según me lo explicó Fernando Gutiérrez Barrios durante una entrevista para mi tesis doctoral meses antes de que muriera: las fuerzas de seguridad, decía, eliminaban el problema antes de que se convirtiera en una amenaza a la seguridad nacional. Eran implacables. La guerra preventiva en su mínima expresión. Gutiérrez Barrios fue uno de los fundadores de la inteligencia y de la policía política mexicana. Fue director de la temible Federal de Seguridad, luego Subsecretario de Gobernación con el propio Echeverría y con López Portillo. La discusión ahora será si el caso de la muerte sistemática de estudiantes descontentos con el sistema político de entonces fue un genocidio. Hasta ahora se reconoce que fueron asesinatos, en cuyo caso habrían caducado o prescrito. Pero en el caso de genocidio el debate es si sigue vigente, y por lo tanto, si los presuntos responsables deberán ser juzgados.

México había firmado acuerdos interna-cionales sobre crímenes de la humanidad pero, mañosamente, nunca los había ratificado. No fue hasta el 2002, cuando el Senado ratifica un tratado de no-prescripción. Los defensores de Echeverría y de los otros acusados de la matanza del 10 de junio de 1971, argumentan que la ley no puede aplicarse para el pasado, esto es, que no es retroactiva, como lo establece la Constitución mexicana, pero además dicen que el caso prescribió.

Se basan en la media aritmética de los años que se purgan en los casos de genocidio, que son entre 20 y 40. La media seria 30, por lo que el delito habría prescrito en el 2001.  Pero según las leyes internacionales, el genocidio no prescribe en ningún caso.

Lo que está en tela de juicio ahora es si las dos matanzas, las torturas, ejecuciones o desapariciones de estudiantes caen dentro de esa categoría, un término que se aplica primordialmente al aniquilamiento de grupos étnicos, religiosos y, en este caso, nacionales. El hecho que los magistrados decidan por mayoría que el caso no ha prescrito no supone la culpabilidad de los acusados, que tendrían la oportunidad de defenderse y posiblemente ganar, pues poco consta en “los expedientes”.

De cualquier forma, ya es hora que en México empiece a funcionar la división de poderes y sus beneficios de equilibrio, sobre todo para los que cohabitan o cohabitaron en la cima del poder.

Bremer es un Doctor en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami.

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