May 30, 2003

ChoicePoint Compra y Vende Información Confidencial de 65 millones de Mexicanos

Por Lourdes Davis

ChoicePoint, una empresa privada norteamericana, ha permitido que el gobierno de los Estados Unidos tenga acceso a información clave de más de 65 millones de personas residentes en México.

ChoicePoint tiene en su base de datos el domicilio, la ocupación, el registro federal de contribuyentes, el teléfono, los faxes y otros datos personales de millones de mexicanos y vende esta información al gobierno de los Estados Unidos, principalmente a corporaciones policiales como el FBI, DEA y CIA.

Asímismo, un sinnúmero de dependencias privadas también tienen acceso a esta información por medio de una contraseña que les permite entrar a una base de datos de Internet. Las cuotas por esta información van desde 15 dólares por un número de teléfono, hasta 50 dólares por búsquedas más completas o más específicas.

Por una cuota de sólo un millón de dólares al año, las agencias gubernamentales estadunidenses pueden conseguir no sólo los datos personales de votantes mexicanos, sino también información más detallada como la que aparece en sus licencias de conducir.

Aun más, ChoicePoint también proporciona información sobre las principales compañías e industrias que operan en territorio mexicano.

ChoicePoint compró en México, 10 discos compactos con la base de datos del registro de electores a la empresa Vanguardia en Electrónica. Sin embargo, en una conferencia de prensa, la Fiscal Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, Angeles Fromow Rangel, afirmó que son varias las empresas que se están investigando en torno a lo anterior.

Mientras que el gobierno estodunidense considera que el tener acceso a esa información es indispensable para la seguridad nacional, muchos juristas mexicanos afirman que esos datos son confidenciales, por lo que la compra/venta de esta información se debe de ver como un problema de seguridad nacional y cualquier acuerdo a que hayan llegado las partes involucradas debe de ser considerado ilegal.

Sin embargo, en la Ciudad de México, ni la Secretaria de Gobernación, ni el Instituto Federal Electoral quieren asumir la responsabilidad por el convenio firmado entre la empresa norteamericana y la compañía mexicana.

Se especula que la base de datos fue sustraída por Juan López Bedolla, un empleado de la empresa mexicana Vanguardia en Electrónica y que éste recibió sólo 40 mil dólares por los discos compactos.

También durante la conferencia de prensa, Fromow Rangel declaró que con respecto al tema de la penalidad, todo lo anterior “es un delito no grave. Ninguno de los delitos que están establecidos en material electoral son delitos graves, tienen beneficio a la libertad provisional y podría ser sancionada de seis meses a tres años”.

Esta declaración ha causado desconcierto entre la población mexicana residente en los Estados Unidos, pues ven todo lo anterior como una falta de seriedad por parte de las autoridades mexicanas debido a la falta de seguridad que se le da a información que voluntariamente es proporcionada por sus ciudadanos, pero que se debe de considerar confidencial.

Por otro lado, un portavoz de ChoicePoint afirma que todos los trámites de compraventa se realizaron “dentro de las leyes mexicanas y que el derecho a utilizar la información de los mexicanos fue obtenida legalmente”.

Además, agregó que la empresa que les vendió el padrón se comprometió a mantener actualizada la base de datos hasta el año 2006.

Por otro lado, varios representantes del Instituto Federal Electoral han enfatizado que no hay nada legal en el hecho de que el padrón electoral haya estado en poder de una empresa privada, ni mucho menos que ahora se encuentre en manos de una compañía extranjera.

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