March 29, 2002

Programa Piloto Para Proveer Teléfono a Trabajadores del Campo

DAVIS - (UC) - Cientos de miles de trabajadores agrícolas inmigrantes compran tarjetas prepagadas de servicio telefónico para comunicarse con sus familias. Pero la gran mayoría pagan demasiado y piensan que son estafados por las compañías que venden este tipo de servicio, según un estudio de la Universidad de California en Davis.

La brecha digital ha atraído el interés de compañías de teléfono, entre ellas Pacific Bell. La Universidad de California colaboró con Pacific Bell en un programa piloto para proveer servicio telefónico, a un precio módico, para estos trabajadores.

Casi 100% de los entrevistados en comunidades rurales del Valle Central y el Valle de Sacramento se quejaron de sobrecargos que no se explican claramente, compañías que desaparecen y de ser víctimas de anuncios fraudulentos en la venta de tarjetas telefónicas prepagadas, de venta en muchas tiendas, mercados y estaciones de gasolina.

“La queja más común es que no reciben los minutos que prometen las tarjetas; por ejemplo, una tarjeta dice que van a recibir 20 minutos ó 50 minutos”, explica el director del estudio Jim Grieshop, profesor de desarrollo comunitario. “En realidad reciben 80 ó 70 por ciento de esos minutos”.

El uso de las tarjetas, usualmente sujeto a una serie de restricciones, resulta especialmente complejo para los trabajadores agrícolas porque muchos tienen dificultades para leer, tanto en inglés como en español, apunta Grieshop.

La población de trabajadores migratorios, en su mayoría mexicanos, oscila entre 340,000 y 1,500,000 en los campos de California. Sus bajos ingresos y constante mobilidad no les permite obtener servicio telefónico regular para lo cual se requiere tener un domicilio permanente e historial de crédito. Por las mismas razones, no pueden obtener servicio de teléfonos celulares.

Además, recurren al uso de tarjetas prepagadas porque estas prometen tarifas de larga distancia internacional supuestamente a precios más bajos que el servicio telefónico convencional. Pero, según Grieshop, muchos pagan de 30 a 120 dólares por mes al usar las tarjetas que se venden con nombres atractivos para los consumidores latinos, como El Matador, Amigo Express, Buenas Nuevas, El Mexicano y Don Francisco.

El estudio fue conducido en Orland, Hamilton, Porterville y Madera. En esta última ciudad, un comercio reportó ventas mensuales de hasta $10,000 en tarjetas prepagadas.

En junio pasado, con el apoyo de las compañías Protheus y Pacific Bell y la red de radio pública Radio Bilingüe, se distribuyeron 60 teléfonos celulares, con uso prepagado, en Kerman y Sanger y tarjetas prepagadas a 40 trabajadores en Porterville y Dinuba para evaluar su uso y tratar de encontrar soluciones a la falta de servicio telefónico para trabajadores migratorios.

De acuerdo con Grieshop, los trabajadores participantes prefieren este tipo de servicio. “Tienen más confianza, no solamente en el servicio sino en ellos mismos, en el uso de estos teléfonos”, explicó. “Es una ventaja porque uno puede comprar un teléfono así, sin tarjeta de crédito, sin firmar un contrato”.

“Los trabajadores migratorios encaran problemas relacionados con costos, tiempo, conexiones y confiabilidad. Gastan una buena parte de sus ingresos en un servicio que no cumple lo que promete”, recalco el investigador.

El programa piloto es el resultado de un estudio previo realizado por Pacific Bell y el Grupo de Trabajo de Servicio Universal, formado en 1997, en colaboración con la Universidad de California en Davis. La meta es proveer servicio telefónico a 98% de la población rural de California dentro de un lapso de 7 años. Esta medida, a su vez, es en respuesta al Acta Federal de Telecomunicaciones de 1997 que estipula que “los consumidores en todas las regiones del país, inclusive aquellos de bajos ingresos y en comunidades rurales, insulares y de áreas de alto costo, deben tener acceso a servicios de telecomunicaciones y de información”.

Tres estudiantes de UC Davis, Viviana Delgadillo, Nicolás Florez y Debora Ramírez, miembros ellos mismos de familias migratorias, llevaron a cabo las investigaciones de campo.

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