March 18, 2005

Comentario

Delincuentes de Cuello Blanco

Por Humberto Caspa, Ph.D

Tanto en nuestro país como en América Latina, los enjuiciamientos de los presidentes de empresas o chief executive officers (CEO) son noticias de último momento. El advenimiento de este tipo de delincuentes se debe, ante todo, al periodo de desajuste económico, a la ortodoxia del libre mercado y al debilitamiento del aparato estatal. Así de simple.

Los cargos contra estos individuos, en general, son los mismos: manipulación o adulteración de datos, obstrucción a la ley, fraude, conspiración y malversación de fondos.

En los Estado Unidos, muchos de estos peces gordos ya fueron juzgados y están cumpliendo sentencia en algún centro de rehabilitación federal. Por ejemplo, Frank Quanttrone de Credit Suisse First Boston fue sentenciado a 18 meses en prisión por obstrucción a la justicia; Martha Stewart de Living Omnimedia sentenciada a 5 meses en la cárcel por conspiración y obstrucción a la ley; John Rigas de Adelphia Comunicación fue hallado culpable por adulterar datos. Ayer fue sentenciado Bernad J. Ebbers de la ex compañía telefónica World-Com Inc. Otros como Kenneth Kay de Henron, Richard Scrushy de Health South, y Dennis Koslowski de Tyco International aguardan un dictamen judicial.

Por otra parte, en América Latina, las sentencias y los procesos judiciales contra estas personas también están a la luz del día. El hermano de Carlos Salinas se pudre en la cárcel de Almoloya del estado de México; el caso de Carlos Cabal Peniche, que robó millonarias sumas de dinero durante el Salinato, todavía está pendiente.

Lo cierto es que estos delitos se han diseminado a lo largo del mundo debido, precisamente, al proceso global que vive el sistema económico. Es decir, a partir del debilitamiento del aparato estatal y fortalecimiento paralelo del sector privado, particularmente de las empresas transnacionales.

En los Estados Unidos la reacción inmediata del poder privado tuvo repercusiones en la adjudicación, muchas veces ilícitas, de empresas gigantes a otras pequeñas para despojarlos del mercado (i.e. la compra de World-Com a MCI, Costco a Price Club); o para abrirse en otros como es el caso de Microsoft Computers.

En América Latina estos delitos se hicieron presentes a partir del arranque neoliberal a inicios de los 80s, especialmente con el proceso de privatizaciones. En México, por ejemplo, empezó con el gobierno de Miguel de la Madrid y siguió con el sexenio de Carlos Salinas. Muchos empresarios compraron bienes nacionales prácticamente a precios regalados. Carlos Slim adquirió Telmex; Carlos Cabal Peniche se apoderó de Bancrecer; Gerardo de Provosin de Aeromexico, entre otros. Algunos se hicieron millonarios de la noche a la mañana. La revista Forbes registró a 21 mexicanos entre los billonarios del mundo durante el periodo de Salinas.

Los pecados del Salinato los pagaron sus sucesores, Ernesto Cedillo, principalmente, y luego Vicente Fox. En 1994, muchos de supuestos billonarios y otros pequeños empresarios que el Salinato se jactó tener, empezaron a desfalcar sus cuentas bancarias. Ni siquiera pudieron pagar los intereses, entraron en crisis y se declararon en bancarrota.

El resultado, un rescate bancario histórico conocido como FOBAPROA. El gobierno de Ernesto Cedillo propicio la medida, el ex presidente Bill Clinton recolectó alrededor de 21,000 millones de dólares para ayudarlo. Como se sabe, muchos de esos adeudos tenían intereses en los Estados Unidos.

Ese dinero fue a México, volvió inmediatamente a los Estados Unidos para pagar a empresas financieras que habían invertido en esos malhechores de cuello blanco.

Este mismo fenómeno se suscitó en Bolivia, Perú, Brazil y Argentina. Con los argentinos, el gobierno de George W. Bush se hizo de la vista gorda, no los escuchó, ya que los adeudos estaban conectados a pocos empresarios norteamericanos. La economía Argentina se deshizo en consecuencia.

Así, los delitos de cuello blanco se suscitan a partir del debilitamiento del aparato estatal. La apertura de mercado es importante para la creación de trabajos y el desarrollo económico sustentable de un país, pero también es necesario controlarla para disuadir a empresarios inescrupulosos. El estado tiene que tomar parte en las medidas correctivas de la economía.

Dr. Humberto Caspa, Profesor de economía política en la Universidad Estatal de California San Marcos. E-mail: hcletters@yahoo.com

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