March 17, 2006

Comentario:

El Movimiento Latino

Por Humberto Caspa, Ph.D.

“Los controles y balances políticos empiezan en la sociedad civil (comunidad) y se extienden al gobierno después de un proceso político”, decía el politólogo norteamericano Robert Dahl. Esta premisa teórica ha enriquecido los principios del conocido filósofo francés Charles Montesquieu, quien subrayó que el gobierno deberá ser dividido en tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para evitar abusos autoritarios.

La premisa teórica de Dahl tiene mucha validez si la utilizamos en el contexto de las poblaciones latino-norteamericanas en Estados Unidos. A falta de la politización en las comunidades y en la sociedad civil, los latinos no tenemos el número de representantes adecuados en el gobierno para hacer prevalecer nuestros intereses. Y como resultado, tanto en el gobierno federal como en el local, se han empezado a crear políticas, como la ley Sensenbrenner en el Congreso y la propuesta racista del alcalde de Costa Mesa Allan Mansoor, que no sólo atentan contra los derechos de los inmigrantes sino también afectan a las comunidades latino-norteamericanas en su conjunto.

Sin embargo, todo eso empieza a cambiar. El llamado “gigante” latinoamericano recién da visos de romper con su letargo político. En días pasados, grupos civiles, organizaciones religiosas, partidos políticos y entidades económicas, pertenecientes a agrupaciones latino-norteamericanas, empezaron a politizar al Estado y a los gobiernos municipales desde las calles y los barrios, reafirmando sus derechos y exigiendo respeto al ciudadano.

En Chicago, por ejemplo, más de 300 mil personas se congregaron para exigir al Senado y al Presidente George W. Bush revocar la propuesta del republicano James Sensenbrenner, la cual ya fue aprobada en la cámara de representantes. De continuar esta tendencia, esta propuesta cambiaría el estado penal de los inmigrantes indocumentados, convirtiéndolos automáticamente en delincuentes civiles.

Asimismo, en Costa Mesa y en toda la región del condado de Orange, las poblaciones latino-norteamericanas y otras agrupaciones civiles minoritarias, empezaron a movilizarse en contra de una propuesta municipal del Alcalde Mansoor y del Sheriff Mike Carona, quienes pretenden convertir a la policía y a la guardia del condado, respectivamente, en auténticos oficiales de inmigración.

Esta nueva configuración de actores políticos en las poblaciones latino-norteamericanos me recuerda mucho al movimiento Chicano que se gestó durante la década de los 1970. Como se sabe, antes de esta década, la mayoría de las organizaciones hispanas, incluyendo el liderazgo que proveyó el legendario Cesar Chávez, se oponían a los derechos de los indocumentados por cuestiones de estrategia política y económica.

A pesar de su radicalismo, el movimiento Chicano, cuya base estuvo sentada en las universidades del país, coadyuvó a las poblaciones latinas a ver sus problemas sociales con más nitidez. El problema, como sostenían sus dirigentes, no era tan solo de índole legal o económico, sino que se gestaba en la identidad, eran producidas por falta de la autoestima y las oportunidades profesionales. Por eso los Chicanos se opusieron a la asimilación y aculturación del sistema social estadounidense.

Auque sus pretensiones ideológicas –muchas de ellas altamente radicales— nunca lograron convencer a la mayoría de nuestra gente, su contribución fue en el terreno estratégico de la política. Desde la aparición de los Chicanos hasta hoy, las organizaciones latino-norteamericanas se han convertido en baluartes importantes de derechos de los inmigrantes (documentados o indocumentados). La gran mayoría de las organizaciones civiles, como la Hermandad Mexicana Latinoamericana, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), La Defensa Legal y de Educación México-Americana (MALDEF) y muchas otras más, han empezado a coordinar sus fuerzas para contrarrestar la creciente tendencia anti-inmigrante de grupos retrógradas de nuestra sociedad.

Prueba clara de este fenómeno son las recientes movilizaciones en diversos centros urbanos del país. Y se prevé que dichas movilizaciones van a tener repercusiones importantes en las instituciones del gobierno federal, del estado y especialmente en los municipios locales, donde la falta de representatividad de latinos es conspicua.

Hoy parece que la realidad latinoamericana, especialmente los derechos de los inmigrantes, se encuentran entre la espada y la cruz. Sin embargo, en los años subsiguientes y tal vez en los meses que vienen, los latino-norteamericanos en California y otros estados que aglutinan a la mayoría de nuestra gente, tendremos líderes que entienden nuestra problemática social. Sólo con una conciencia política madura se consiguen esos propósitos. No necesitamos nada más.

Dr. Humberto Caspa es Profesor adjunto en la Universidad Estatal de California Long Beach. E-mail: hcletters@yahoo.com

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