March 10, 2006

Comentario:

El desfalco de Enron

Por Humberto Caspa, Ph.D

El proceso jurídico contra los jefes de Enron, la compañía de electricidad de Houston que selló una de las bancarrotas más grandes de la historia de este país, es como un novela de ultratumba. El surgimiento de estos personajes siniestros del medio empresarial se debe a la codicia personal de individuos sin escrúpulos y a un sistema de gobierno, leyes y procesos políticos que, durante las últimas décadas, les han permitido actuar sin control ni balances institucionales.

Recientemente Andrew S. Fastow, ex jefe financiero de Enron, fue puesto en la silla de los acusados. De entrada, este tipo se autodeclaró culpable por dos delitos de conspiración. Meses atrás prefirió que las autoridades federales enviaran a su esposa por una año a la cárcel antes de que a él lo impugnaran a una cadena perpetua; además durante su permanencia en Enron robó más de 20 millones de dólares. Este empresario ha hecho de todo menos ganarse la vida honradamente.

Sin embargo, ahora se ha convertido en la pieza principal para sancionar a sus ex jefes Jeffrey K. Skilling y Kenneth L. Lay, peces gordos de la delincuencia de cuello blanco que también se encuentran en el paredón de los acusados.

Recordemos que con la bancarrota de Enron miles de empleados perdieron sus trabajos. Algunas secretarias y mujeres profesionales exuberantes de esta empresa, desesperadas por su situación económica, posaron desnudas en la revista Playboy para ganarse algunos dolarcitos. Asimismo, los capitales de los corredores de las bolsas bursátiles y el dinero de personas que invirtieron en activos de esta empresa fueron sepultados con la bancarrota de diciembre 2001.

La aparición de estos delincuentes de cuello blanco ya no es un acontecimiento sorprendente. Algunos ya fueron puestos detrás de las rejas por diversos delitos criminales contra el Estado y entidades privadas. Frank Quanttrone de Credit Suisse First Boston fue sentenciado por 18 meses en prisión por obstrucción a la justicia; Martha Stewart de Living Omnimedia cumplió recientemente 5 meses en la cárcel por conspiración y obstrucción a la ley; John Rigas de Adelphia Comunicación también fue hallado culpable por adulterar datos, lo mismo que Bernad J. Ebbers de la ex compañía telefónica World-Com Inc.

Ahora el turno es de Skilling y Lay, aunque el destino de estos ex jefes de Enron dependen mucho del testimonio de Fastow, quien fungió como jefe de los acuerdos financieros de esa empresa. Tanto Fastow como sus jefes se encargaron de revertir los datos económicos de Enron, aumentando ganancias inexistentes y ocultando pérdidas financieras para colectar capitales de inversionistas privados y corredores bursátiles de la bolsa de valores en Nueva York.

Lo cierto es que estos delitos se han diseminado a lo largo del mundo debido, precisamente, al proceso global que vive el sistema económico. Es decir, a partir del debilitamiento del aparato estatal y fortalecimiento paralelo del sector privado.

En Estados Unidos la reacción inmediata del poder privado tuvo repercusiones en la adjudicación, muchas veces ilícitas, de empresas gigantes a otras pequeña para despojarlos del mercado (i.e. la compra de World-Com a MCI, Costco a Price Club); o para abrirse en otros como es el caso de Microsoft Computers.

En América Latina estos delitos se hicieron presentes a partir del arranque neoliberal a inicios de los 80s, especialmente con el proceso de privatizaciones. En México, por ejemplo, empezó con el gobierno de Miguel de la Madrid y siguió con el sexenio de Carlos Salinas.

Durante este periodo, muchos empresarios compraron bienes nacionales a precios regalados. Carlos Slim adquirió Telmex, Carlos Cabal Peniche se apoderó de Bancrecer, Gerardo de Provosin de Aeromexico, entre otros. Algunos se hicieron millonarios de la noche a la mañana. La revista Forbes registró a 21 mexicanos entre los billonarios del mundo durante el periodo de Salinas.

En 1994, muchos de supuestos billonarios empezaron a desfalcar sus cuentas bancarias. No pudieron pagar los intereses, entraron en crisis y se declararon en bancarrota, tal como hicieron los empresarios de Enron y otros grupos empresariales en Estados Unidos.

Así, los delitos de cuello blanco se suscitan a partir del debilitamiento del aparato estatal. La apertura de mercado es importante para la creación de trabajos y el desarrollo económico sustentable de un país, pero también es necesario controlarla para disuadir a empresarios inescrupulosos. El estado tiene que tomar parte en las medidas correctivas de la economía.

Dr. Humberto Caspa es Profesor adjunto en la Universidad Estatal de California Long Beach. E-mail: hcletters@yahoo.com

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