July 1, 2005

Comentario:

Desaciertos en la Suprema Corte de Justicia

Por Humberto Caspa, Ph.D

Con los recientes fallos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia dio un paso hacia adelante y dos para atrás. Por una parte, censuró la exhibición de los diez mandamientos dentro de dos cortes judiciales del estado de Kentucky. Y por la otra, rectificó la legalidad jurídica de un monumento alusivo también a los diez mandamientos, aunque éste, a diferencia del primero, se encuentra ubicado en la parte externa del capitolio en Austin, Texas.

El resultado contradictorio del dictamen de una mayoría de los magistrados federales ayuda poco en resolver la dicotomía perenne entre el Estado y la religión. Por el contrario, lo enturbia y lo hace más complicado.

La belleza del sistema jurídico norte-americano es la combinación del derecho común anglosajón y la de los códigos romanos. La flexibilidad que le otorga el primero (derecho común) ha permitido que, en parte, la Constitución política del Estado mantuviera vigencia a pesar de sus doscientos años de existencia. En pocos días más, el país estará cumpliendo otro año más de vida. De manera que el sesgo comunitario de las leyes, intrincadas en la constitución, le ha dado a éste un parámetro jurídico universal, aplicable en muchos casos contemporáneos.

Lo anterior se debe principalmente al hecho de que nuestro sistema jurídico, más allá de supeditarse totalmente a la Constitución, depende de los precedentes que marcan los casos resueltos en las cortes locales y, principalmente, en la Suprema Corte de Justicia.

En este sentido, el dictamen reciente de los magistrados federales, en torno a los diez mandamientos, servirá como base de otros casos que tengan la misma naturaleza jurídica.

Sin embargo, este fallo no fue muy claro, está más bien plagado de contradicciones legales, y no resuelve claramente la dicotomía entre estado y religión. La resolución en el caso de Kentucky, por ejemplo, condena la intromisión de la religión en recintos considerados públicos; mientras tanto en el caso de Texas, el veredicto rescata a esos mismos símbolos religiosos como constitucionales.

Por mucho que el magistrado Stephen G. Breyer, quien prácticamente sembró la confusión al votar sí en un caso (Texas) y no en el otro (Kentucky), quiso racionalizar su voto, pero nunca pudo ser convincente en su cometido. Breyer llamó al monumento de los diez mandamientos en Austin, Texas, como un caso “al filo de la navaja.” Subrayó que a pesar de que tiene raíces religiosas, dicho monumento simboliza el patriotismo de los pioneros y héroes de ese estado.

Asimismo, Breyer sostuvo que el monumento en disputa hace alusión al combate de la delincuencia juvenil, y no profana ningún tipo de religión. Su argumento se sustenta sobre la base de que fue una fraternidad comunitaria de educación quienes ayudaron a erigir ese monumento.

Tanto Breyer como los otros cuatro ma-gistrados que ampararon como constitucional al monumento en Texas deben recordar que el Estado norteamericano es laico. Esto, por supuesto, no quiere decir que nuestra entidad política es atea o no cree en ninguna religión. Por el contrario, simplemente significa que nuestras leyes jurídicas colectivas, a diferencia de aquellos desarrollados en el medioevo y como hoy se practican en muchos gobiernos musulmanes, no se amparan en la religión.

A Dios, Jehová, Alá, o a cualquier deidad religiosa, la Constitución los deja en el ámbito privado y prohíbe su práctica en los recintos públicos. Por eso, los ciudadanos y no ciudadanos norteamericanos tienen la potestad de practicar cualquier religión –incluyendo el satanismo— dentro de sus propiedades privadas.

En tal forma, en vez de esclarecer el problema constante de la diferencia entre el Estado y la religión, el fallo de la Suprema Corte de Justicia la ensombrece, no sienta un precedente claro para casos legales subsiguientes.

Es más, el dictamen reciente de la corte federal convalida el fenómeno neoconservador que ha venido azotando a las instituciones políticas, incluso a la sociedad norteamericana en su conjunto, y ahora parece ir escabulléndose dentro del orden jurídico.

Dr. Humberto Caspa, Profesor de economía política en la Universidad Estatal de California San Marcos. E-mail: hcletters@yahoo.com

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