January 31, 2003

El 16 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza convocó a elecciones para integrar el Congreso Constituyente, el cual quedó instalado el primero de diciembre de ese año.

    El 31 de enero de 1917 asistió a la clausura del Congreso de Querétaro y el 5 de febrero fue promulgada una nueva Constitución. Al día siguiente convocó a comicios para elegir presidente, senadores y diputados federales.

    El Partido Liberal Constitucionalista sostuvo la candidatura de Carranza, quien resultó triunfador y el primero de mayo de 1917, tomó posesión como Presidente Constitucional de la República.

El 5 de febrero de 2003 se cumplen 86 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el día de hoy. El Diario de Yucatán le ofrece en este Reportaje Especial información sobre este histórico acontecimiento.

El debate sobre la Constitución ¿Por dónde comenzar?

Por: Enrique Semo

    En el siglo XIX México tuvo siete congresos constituyentes que produjeron sus respectivos documentos, además de otros que no cumplieron sus propósitos.

    La de vigencia más prolongada fue la Constitución de 1857, que duró, en la práctica, 60 años. El siglo XX sólo produjo un constituyente, que duró entre el 21 de noviembre de 1916 y el 31 de enero de 1917, día en que se firmó el documento. El 5 de febrero se promulgaba con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857. El objetivo inicial fue la reforma de una Constitución vigente y el resultado, una Constitución totalmente diferente.

    La Carta Magna ha estado vigente durante 85 años y son minoría quienes hoy proponen sustituirla de inmediato por una nueva, de manera que en el futuro inmediato seguirá rigiéndonos. En cambio, se ha generalizado la opinión de que necesita ser reformada para adaptar la legislación actual a los grandes cambios que ha conocido la nación en el último cuarto de siglo. Las exigencias de reformar la Constitución parten ya de muchos sectores, y en respuesta a ellos el gobierno de Vicente Fox ha promovido una serie de foros, ricos en ideas contradictorias y pobres en resultados prácticos.

    Entre ellos deben destacarse: La Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, que se reunió desde septiembre del año 2000, antes de que Vicente Fox tomara posesión de su cargo. El coordinador general de las labores, que duraron varios meses, fue Porfirio Muñoz Ledo y en las seis mesas de trabajo participaron 130 especialistas. En marzo de 2001 comenzaron a realizarse, en todo el país, una serie de reuniones promovidas por la Secretaría de Gobernación con el nombre de Foros para la Revisión Integral de la Constitución, cuyos trabajos se dividieron en cinco grandes temas: Autonomías Indígenas; Derechos Fundamentales; Organos Electorales e Instituciones Democráticas; División de Poderes y Federalismo. También en el Congreso se realizaron debates y consultas sobre la reforma de la Constitución.

    Esos esfuerzos, que no logran cuajar en hechos, nos llevan a dos conclusiones: que los diferentes intereses que existen dentro de la sociedad han comenzado ya a plantear opiniones concretas para la reforma de las leyes básicas y que no hay en el gobierno y los partidos la voluntad política para abordar la tarea de inmediato. Es evidente que debido a la inestable relación de fuerzas entre los partidos y la dificultad que encuentran los tres poderes para trabajar en forma conjunta, los resultados de un constituyente son impredecibles y nadie quiere correr la aventura. Lo más probable es que la reforma de las leyes básicas será un tema que cobrará segunda vida, sólo al conocerse los resultados de las elecciones de 2003 y eso si arrojan una clara mayoría para un solo partido. Las dos grandes constituciones de México fueron obra de revoluciones en las cuales los partidos triunfantes eran portadores de un proyecto de nación que se proponía cambiar profundamente la situación existente.

    Fueron documentos que apuntaban más al futuro que al presente y el pasado, expresiones de ideales más que esfuerzo para codificar lo existente. Fueron, también, leyes promulgadas por los vencedores haciendo a un lado las posiciones de los vencidos. La situación actual es radicalmente distinta: esta vez no hubo revolución sino un largo proceso de reforma; nadie posee hoy un proyecto del país coherente por el cual esté dispuesto a luchar hasta el final, como los partidarios del liberalismo o el nacionalismo revolucionario del pasado. Sólo hay ideas sueltas cuyas líneas definitorias son difíciles de percibir. No hay vencedores y vencidos claros, sino una situación pantanosa en la cual intereses del pasado y el presente se entretejen para frenar el cambio y conservar los privilegios vigentes. Nuestras constituciones pasadas no fueron el resultado de la labor de pequeños grupos de iluminados, sino de cambios profundos en la sociedad y el acuerdo entre fuerzas políticas que reconocen esos cambios. Y ésta no es la situación actual. Ni siquiera hay acuerdo mayoritario acerca de lo que ha sucedido realmente en el país y lo que debe pasar en el futuro próximo. La promulgación de una nueva Constitución no tiene por qué ser resultado de una cruenta revolución, pero sólo puede surgir de un claro y decisivo acuerdo en el seno de las fuerzas que representan la voluntad de la mayoría.

    Por eso no existen condiciones para la convocatoria de un nuevo constituyente.

    La Constitución de 1917 debe, por ahora, mantenerse. Actualmente sólo podemos pensar en reformas necesarias para mejorar la gobernabilidad, y la consolidación de los derechos ciudadanos y responder a problemas urgentes como es el de los derechos indígenas. Si eso es así, la pregunta realmente pertinente es: ¿Por dónde comenzar para evitar la dispersión de las iniciativas o el inmovilismo? Recordemos que la reforma de la Constitución exige mayorías contundentes y que éstas sólo pueden lograrse en acuerdos entre los principales partidos. Si la reforma se concibe como una jornada única, debe trabajarse para formular una agenda aceptable para todos los partidos y los acuerdos previos sobre las principales leyes. Si en cambio se piensa como una sucesión abierta de iniciativas, lo importante es ponerse de acuerdo sobre las prioridades y los tiempos. El destino de la Ley de Derechos Indígenas, el presupuesto y la reforma fiscal, sugiere que la reforma debe ser iniciada por el régimen político, vale decir, las formas de elección, los equilibrios entre poderes y los mecanismos necesarios para remover los obstáculos a una gobernación efectiva.

    Los beneficios serían para todos y sus efectos inmediatos. Nuestra joven democracia no debe desembocar en la inoperancia. Con un ojo en la ampliación de los derechos democráticos, deben adoptarse leyes que impidan el estancamiento. La impotencia desemboca en la añoranza por el autoritarismo y la desesperación.-

E.S.- México, D.F.,
enero de 2002 (Proceso).

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