January 29, 1999
Hispanic Radio Network/La Red Hispana
LA COLUMNA VERTEBRAL
El Soporte Informativo Para Millones de Hispanos
Por Javier Sierra
Al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento del Rev. Martin Luther King, Jr., vuelven las imágenes de la lucha por derechos civiles que este héroe lideró en las décadas de los 50 y los 60. Esta lucha adquirió intensidad en 1954, cuando la Corte Suprema trató de incorporar al Sur del país a la comunidad de naciones civilizadas declarando ilegal la segregación racial en las escuelas. King se alzó, y en gran medida triunfó, contra un sistema racista, injusto y represivo que negaba los derechos más fundamentales a la comunidad afroamericana por considerarla simplemente "inferior". Más de 30 años después de la muerte de King, otro sistema legal, en este caso inmigratorio, le está negando derechos básicos a miles de residentes documentados e indocumentados.
Se trata de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante, un título pomposo y burocrático que esconde abusos legalizados contra los derechos humanos de miles de personas. La iniciativa, aprobada en 1996, permite al Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) deportar a cualquier residente, documentado o indocumentado, que haya cometido un crimen por el cual haya pasado más de un año en prisión. Además pone en la misma categoría de deportables automáticos a residentes que no hayan actualizado debidamente su estado inmigratorio. Y la ley tiene un enorme poder porque es retroactiva, es decir, no importa la antigüedad del crimen. Esta legislación, aprobada por uno de los congresos más antiinmigrantes de la historia, está causando enormes penalidades a miles de familias. Les doy un ejemplo.
Una mala noche, los golpes en la puerta por los agentes de inmigración despertaron a Luis Gabriel Currea y su esposa, Mireya, a las 4:30 de la madrugada. Cuarentaiocho horas más tarde, Luis Gabriel era deportado a su país de origen, Argentina, dejando a Mireya y su hija de seis meses totalmente a su suerte. Un error de cálculo en el procesamiento de sus papeles para lograr la residencia permanente lo convirtieron en ilegal alien, en un indeseable. Los recursos para que regrese basándose en que la separación está causando dificultades extremas han caído en saco roto. De nada ha servido que Mireya se encuentre recuperándose de una brutal violación, que Luis Gabriel trabajara duro y jamás cometiera un crimen en sus 10 años de permanencia en EEUU, que esta familia haya quedado desgarrada física y emocionalmente. El SIN, de hecho, ha aceptado sólo un puñado de apelaciones en las 300,000 deportaciones realizadas desde que se aprobó la ley hace dos años. Hay miles de casos como el de Luis Gabriel y Mireya.
Es innegable que hay inmigrantes que merecen ser deportados debido a la gravedad de los crímenes que han cometido. Pero esta ley cruel está haciendo que justos paguen por pecadores. Su fallo fundamental es que al no dar prácticamente opción alguna de apelación, los legisladores que la aprobaron arrebataron a los jueces de inmigración su poder de decisión. Estos magistrados ya no pueden evaluar si es justo deportar a una persona que lleva casi toda su vida en EEUU por haber manejado ebria y cumpliera sentencia de cárcel hace 20 años. De hecho convierte al SIN en una especie de Gestapo migratoria con amplios poderes para perseguir, arrestar y deportar a mansalva. Imagínense que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU celebró una sesión especial para condenar esta ley, como si se tratara del producto de una dictadura.
Es tan injusta que el mismo ejecutor considera que al Congreso se le fué la mano al aprobarla. La Comisionada del SIN, Doris Meissner, ha confesado que se trata de "seres humanos; hay una enorme variedad de circunstancias con las que nos encontramos. Y creo que nosotros y los jueces necesitamos un poco más de flexibilidad para aplicar estas leyes".
Varias cortes superiores del país ya han expresado su oposición a la ley. Por ejemplo, un juez de distrito federal dictaminó el mes pasado en Denver, CO., que es anticonstitucional mantener encarcelados a inmigrantes documentados que hayan cometido crímenes durante la vista de sus casos. El juez citó la Quinta Enmienda a la Constitución que dice: "A ninguna persona se le privará de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal".
¿Rectificará el Congreso este terrible error este año, o hará falta que la comunidad de inmigrantes encuentre a su propio Martin Luther King, Jr. para combatir este abuso de poder?
Denos su opinión o cuéntenos su caso particular si usted es víctima de esta ley. Llame a la Red Hispana gratis al 1-888-787-2346.
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