January 20, 2006

Comentario:

Violación a los derechos civiles

Por Humberto Caspa, Ph.D

Existe una amplia contradicción entre lo que el presidente George W. Bush dice de la democracia en nuestro país y lo realmente ocurre en él. Mientras Bush se jacta de que tenemos un sistema político ecuánime, él es el primero en quebrantar nuestras libertades ciudadanas y derechos civiles.

El presidente autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que escuche en forma secreta las conversaciones telefónicas de la gente y también lea los mensajes de Internet de los ciudadanos norteamericanos. Esta violación es como si un policía irrumpiera en la propiedad privada –la casa, comúnmente dicho— de cualquier residente local sin una previa autorización de cateo por parte de un juez.

Gracias a la aquiescencia del Presidente, agentes federales de la NSA tranquilamente, por derechos propios aunque inconstitucionales e injustificados, pudieron haber escuchado informaciones estratégicas de negociantes, tratados económicos, charlas políticas del partido opositor, o conversiones entre mandatarios extranjeros y sus allegados en este país. Todo es posible, empero poco puede ser comprobado.

Sin embargo, que se pruebe o no es lo que menos nos debe importar. La enmienda Primera de la Constitución dice claramente que “el Congreso no debe crear leyes que establezcan una religión, o leyes que vulneren la libertad de expresión, prensa y de organización, tampoco deben impedir el derecho a solicitar libertades.” Esta enmienda fue establecida para defender al individuo del poder arbitrario del Estado.

En este sentido, el Presidente Bush, al apoyar el espionaje, arremetió contra las libertades civiles y privadas de todos nosotros. “Di permiso a NSA...” Bush dijo.

Después del atroz ataque terrorista de Septiembre 11 del año 2001, con el apoyo de una mayoría en el Congreso y la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente sacó a flote la Ley Patriota. A pesar de que algunos párrafos de esta ley permiten a agencias del ejecutivo, como la Agencia de Investigación Federal (FBI) y la Agencia Central de inteligencia (CIA), actuar con cierta discreción en algunos recintos privados y públicos, no les dan “luz verde” para tomar parte en tareas de espionaje.

Thomas Jefferson y otros defensores históricos de las libertades individuales estarían “jalando las orejas” a Bush por sus medidas impertinentes e inconstitucionales. Sin ir demasiado lejos, recientemente el ex vice-presidente Albert Gore sentenció que los actos arbitrarios del presidente Bush están afectando “los preceptos de la ley”. Asimismo, solicitó que un comité especial de investigación en el Congreso indague a fondo el problema de espionaje.

Lamentablemente, la preocupación del Congreso en temas de violación a los derechos civiles y libertades individuales deja mucho que desear. Durante la presente administración, los cheques y balances del Estado fueron quebrantados día a día. Las dos cámaras del Congreso, mismas que son denominados por una mayoría republicana, poco o nada han podido hacer para controlar los actos cuasi autoritarios del presidente Bush. Por el contrario, le han dado un margen amplio de discreción, lo cual está afectando gravemente la confianza de la ciudadanía en el gobierno.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, también dominada por jueces conservadores, tampoco ha querido entrometerse en cuestiones, dícese, netamente políticas y que están aparentemente fuera de su jurisdicción. Alguien tendrá que explicar a estos jueces conservadores que la violación a los derechos civiles está suscrita en la Constitución y que el Presidente las ha violentado varias veces.

De manera que el problema con relación a los espías, como recientemente sostuvo la senadora Hillary Rodham Clinton, no sólo es el Presidente Bush, sino también el Congreso, que lo ha estado apoyando, y los jueces de la corte que no han querido controlar los abusos del Ejecutivo sobre el Legislativo a través de una revisión de las leyes constitucionales.

Aquí no se cuestiona el embate contra el terrorismo internacional. Está claro que la soberanía del país fue mancillada conspicuamente por el ataque de Al-qaeda a las Torres Gemelas en Nueva York años atrás. El presidente Bush, en consecuencia, tiene toda la autoridad que le delega el Estado para revertir otros atentados terroristas. Sin embargo, la constitución no cede ni al Presidente ni al Congreso ni a nadie, a violentar nuestros derechos individuales. Bush debe ser investigado, y si es posible sancionado, por los constante abusos que cometió en contra de los derechos civiles.

Dr. Humberto Caspa es Profesor adjunto en la Universidad Estatal de California Long Beach. E-mail: hcletters@yahoo.com

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