January 14, 2005

Comentario

El Presupuesto de Arnold

Por Humberto Caspa, Ph.D

La gracia del gobernador Arnold Schwarzenegger desaparece como por arte de magia cada vez que configura el presupuesto del estado. El año pasado su paquete económico se sustentó sobre la base de un “targetazo” de $ 15,600 millones, el cual equivalía a 11% del total del presupuesto. Dicha suma fue prácticamente devengada por los más ricos del país, quienes compraron los bonos que puso a la venta el Capitolio a órdenes del gobernador.

Como Arnold tiró la “tarjeta” del estado a la basura, el recurso más fácil y aparentemente menos riesgoso para generar dinero fue estrujar los bolsillos de las clases medias y los más necesitados del estado. El momento fue el menos indebido. Esperemos que los Asam-bleístas y los senadores del estado sean más sensatos. Ellos tendrán la difícil tarea de aprobar o no un paquete que tiene más olor a pobreza que a justicia social.

Cuando inició su súbita carrera política, el gobernador había anunciado que nunca “sucumbiría a los grupos de presión”. Sin embargo, con este nuevo paquete económico, se nota claramente que el gran empresariado californiano no descansa en su proyecto de dominar las políticas de gobierno en el Capitolio. El plan del gobernador está casi enteramente configurado por los más ricos de nuestro estado.

En consecuencia, los contribuyentes masivos a las arcas del estado no son precisamente el quintil más alto (rico), sino el grueso de la población. Es decir las clases media y, sorpresivamente, los grupos más reprimidos. 50.2% de los recursos estatales son recolectados a través de “personal income tax”, y 31.5% proviene de los impuestos al valor agregado. Un porcentaje altísimo de estos contribuyentes pertenece a las masas popu-lares. Las empresas contribuyen directamente con sólo 10.5% de los impuestos.

A pesar de que el presupuesto del gobierno no contempla ningún incremento a los impuestos, exige a los sectores populares hacer el máximo sacrificio. La fórmula del gobernador intenta, entre otras cosas, recortar los programas de bienestar social, y pretende hacerles contribuir con el pago ínfimo que el gobierno les provee.

Asimismo, las personas discapacitadas (i.e. con Síndrome de Dow, Schizophrenia, etc.) no podrán contar con los mecanismos adecuados para su desarrollo. Se planea recortar los haberes a los trabajadores estatales y privados que les ofrecen servicios. Es decir unas 74,200 personas de la tercera edad, invidentes, entre otros que reciben cuidados en centros y casas de convalecencia no contarían con servicios apropiados, debido a este corte tentativo. El gobernador planea desplazarlos del sector público al sector privado, concretamente a los HMOs.

Otro de los sectores más afectados, como en otras oportunidades, es la educación. El gobierno está contemplando más recortes en las escuelas y las universidades. A los universitarios nuevamente se les obligará a sufrir las consecuencias del “paquetazo”, con un incremento de hasta 8% en las colegiaturas.

Ahora bien, en un recorte presupuestal dado –que produzca frutos económicos a corto y mediano plazo—, el objetivo inicial es que los sectores afectados tengan capacidades de reacción a esas imposiciones. En el área educativa, por ejemplo, los ajustes a los salarios de los maestros, aunque crueles son paradójicamente eficaces. Muchos de ellos, especialmente los de tiempo parcial, que ya no son contratados buscan inmediatamente trabajos en otros rubros productivos, a menudo en condiciones desfavorables. A la larga, este proceso mantiene el ciclo económico del sistema.

Sin embargo, la propuesta del gobernador Schwarzenegger pretende recortar en sectores altamente dependientes del estado, como a los discapacitados, de tercera edad, etc., cuyos capitales humanos son ínfimos, y en muchos casos inexistentes. En consecuencia, estas personas no tienen recursos ni capacidad de respuesta a las políticas de recorte que el gobierno les impone. Un total de 626,000 californianos en “centros de desarrollo” necesitan el monitoreo cotidiano de profesionales y tecnología especializada.

Un recorte en estos rubros aumentaría el déficit fiscal a largo plazo. Si el gobierno decide recortar los cuidados antes mencionados, los problemas no se solucionarían, sino mas bien se postergarían a futuro. El costo que generaría una persona, de tercera edad o discapacitada sería mucho más oneroso para el estado, cuando ésta haga utilidades por casos de emergencia.

Así, el paquete económico del gobernador contempla problemas estructurales serios. Es tarea de los asambleístas y senadores en Sa-cramento corregir sus deficiencias. Esperemos que nuestros representantes obren con más entereza que el gobernador. Su presupuesto tiene que ser enmendado.

Humberto Caspa, Ph.D., Profesor de economía política en la Universidad Estatal de California San Marcos.

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