February 16, 2001


Estableciendo Una Nueva Relación de Cooperación Entre Estados Unidos y México

Por: Raul Yzaguirre
y George R. Vickers

Desde su campaña presidencial, George W. Bush ha manifestado su compromiso fundamental a América Latina. Señalando la importancia de la región en los temas que más afectan la vida de los ciudadanos estadounidenses, esta semana Bush hará su primer viaje al exterior a México donde se va a reunir con el presidente Vicente Fox. Esta reunión puede ser el cumplimiento de lo prometido durante la campaña de establecer una relación "especial" entre México y los Estados Unidos. Si es así, se espera que uno de los temas principales será el proceso anual estadounidense de certificación antidroga, una política que ha causado fricción entre Estados Unidos y sus aliados del sur. La persistencia de este proceso podrá perjudicar la meta de Bush de mejorar relaciones con Latinoamérica ya que la certificación ha impedido la colaboración entre los EE.UU. y América Latina.

El presidente Mexicano Vicente Fox ha manifestado su inconformidad con el proceso actual, marcándolo "contraproducente, unilateral, e irritante". Además, se espera que durante la reunión Fox le pida a Bush un compromiso de eliminar este proceso.

Esta reunión llega en un momento clave en la relación entre Estados Unidos y el resto del hemisferio donde el gobierno de Bush podrá efectuar un cambio. A finales del mes pasado, un grupo bipartidísta de senadores estadounidenses, lidereados por los Senadores Dodd y McCain, presentaron un proyecto de ley que, de ser adoptado, significaría un avance en la cooperación entre los países del hemisferio en sus esfuerzos para combatir el consumo, tráfico, y producción de estupefacientes ilegales. El proyecto de ley de Dodd y McCain representa una oportunidad para que el gobierno de Bush busque mecanismos multilaterales más efectivos para combatir el vicio, la violencia y la corrupción en el tráfico de drogas en el hemisferio.

La iniciativa Dodd-McCain tiene como fin suspender por dos años el proceso norteamericano conocido como "certificación". Conforme a la política actual de certificación, el Presidente de EE.UU. evalúa anualmente los esfuerzos realizados por los países productores y/o traficantes de drogas ilegales para controlar su producción y exportación. Los países que no logren cumplir con lo esperado por el Presidente norteamericano no reciben la certificación por parte de los EE.UU., consecuentemente los países enfrentan sanciones definidas por la ley incluyendo la suspensión de toda clase de ayuda económica, (a excepción de la ayuda para combatir al narcotráfico y ayuda humanitaria), y la oposición de los Estados Unidos a los préstamos de los bancos multilaterales.

Esta política se basa en la idea de que la producción de drogas en el extranjero es la causa de muchos problemas sociales en EEUU. Supone que el peligro que afronta la comunidad estadounidense sería disminuido si sus vecinos del Sur pudieran prevenir la producción y el tráfico de drogas. La política no reconoce que los EE.UU. tienen el mercado de consumo de drogas ilegales más grande del mundo, que el tráfico se deriva de esto y que los vecinos de América Latina legítimamente insisten en que es el consumo estadounidense el que causa el problema.

El proceso de certificación actual no ha sido efectivo en la lucha antidrogas. Esencialmente el proceso de certificación es parte de un intento general y equivocado por parte de Estados Unidos de prevenir el ingreso de drogas al país. A pesar de una inversión de casi $30 mil millones en esfuerzos internacionales para el control de las drogas no ha logrado rebajar la oferta de drogas disponibles en los EE.UU. Según la Oficina Nacional de Combate a la Droga (ONCD), que depende de la Presidencia, "La cocaína sigue estando fácilmente a disposición en todos los centros principales metropolitanos".

Además, durante su visita a México en Agosto del año pasado, el general Barry McCaffrey, titular de la ONCD durante el gobierno de Clinton, indicó que la certificación antidroga debería desaparecer durante la próxima administración, añadiendo que "Fox pide asociación sin enfrentamiento. El pide balance, respeto, y deferencia a la soberanía. Yo pienso que encontrará socios dispuestos a esto."

Los gobiernos de América Latina les gustaría ver el desarrollo de una estrategía multilateral entre las principales naciones productoras, exportadoras y consumidoras, que mejore la colaboración con respeto a la investigación y el procesamiento de los crimenes relacionados a las drogas. Organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas pueden jugar un papel importante en el desarollo de estas estrategias cooperativas. Adicionalmente, el nuevo mecanismo multilateral de evaluación, iniciado por la OEA, permite a los realizadores de políticas considerar otras alternativas al proceso unilateral estadounidense de la certificación.

Esta política unilateral de certificación, ha sido un obstáculo para la colaboración entre Estados Unidos y los países de América Latina dificultando los avances en otros temas. El resentimiento y hostilidad causado por el proceso de certificación perjudica el avance de los intereses comunes con nuestros vecinos del hemisferio en temas como el apoyo a la democracia, los derechos humanos y la prosperidad. Si se suspendiera este proceso unilateral, el Congreso Estadounidense y el gobierno de Bush podrían anunciar que los países de América Latina realmente son socios esenciales, en vez de adversarios, en la lucha contra el tráfico internaciónal de drogas que destruye vidas y amenaza comunidades en todas las Américas.

Raul Yzaguirre es Presidente del Consejo Nacional de la Raza (NCLR) una organización privada, sin fines de lucro y sin afiliación política establecida con el fin de reducir la pobreza y la discriminación y mejorar las oportunidades a las que tienen acceso los hispanoa-mericanos.

George R. Vickers es director ejecutivo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) una organización non-gubernamental sin ánimos de lucro, cuya finalidad es promover el pleno respeto a los derechos humanos, la democracia y la paz en América Latina.

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