February 7, 2003

Le Dicen “Rancho Los Diablos”

Por Emmanuelle Le Texier

Al pasar la salida Cannon Road de la Autopista I-5, entre Del Mar y Carlsbad, uno siempre contempla la Laguna y los campos de fresas. Jamás pensaría que a orillas de la laguna, duermen cada noche más de 150 trabajadores en lugares que nadie se atrevería a nombrar vivienda. Según el San Diego Task Force on the Homeless, en el norte del Condado de San Diego, se estima que de entre unos 20.000 a 25.000 campesinos, 7.000 están sin techo.


Un jacal en Rancho Los Diablos.

En Oceanside, en una junta organizada por CRLA (Asistencia Rural Legal de California), se reunieron más de 60 personas para debatir del tema de la vivienda: derechos de los inquilinos, acceso a vivienda de bajos recursos, y derechos a tener un lugar de vida digno y saludable. También se discutió el caso específico de los que trabajan en la pizca de la fresa en Carlsbad. Desde hace más de veinte años, los trabajadores agrícolas empleados por la compañía Leslie Farms han sobrevivido en chozas hechas de madera, cartón y baches de plástico. Ahora, como en noviembre del 2001, las autoridades de la ciudad de Carlsbad han destruído 74 chozas, al alegar que los campesinos contaminan el agua de la Laguna Agua Hedionda. Sin embargo, ni la ciudad ni la compañía propusieron alojamientos de emergencia ni soluciones de largo plazo para unos trabajadores, quienes por algunos llevan más de 10 años contratados en temporadas por Leslie Farms.

En la junta, se habló de emergencia de la situación para los que se quedaron sin techo. Keith Blackburn, el Sargento de policía de Carlsbad aseguró que la ciudad busca una solución adecuada. “El problema es muy político” subrayó varias veces. “Se propone traer unos 7 o 8 trailers para acomodar temporalmente a los trabajadores, pero acuérdense que ninguna ley de California obliga a la ciudad o a la compañía a proporcionarles viviendas”. Los trailers no estarían listos hasta fines del año 2003… La posición de la abogada Dorothy Johnson, de CRLA, es diferente : “No hay requisitos legales de proveer vivienda a los trabajadores, pero si una compañía autoriza a los campesinos a que vivan en su propiedad, y hasta dice que pueden usar esa madera y esos baches de plástico para construir chozas, entonces bien podría ser que la situación que se ha creado está sujeta a leyes estatales y federales, que obligan a proveer baños y agua potable, entre otras cosas”.

Los trabajadores comentaron que por mucho tiempo no se han respetado sus derechos en estos campos: “Le llamamos Rancho Los Diablos: nos persiguen a la salida del trabajo para saber en donde dormimos. Todos los días es así. Nosotros no alcanzamos a pagar las rentas en Carlsbad y tampoco traemos transportes para movernos”.

La contaminación de la laguna y las quejas de los residentes fueron pretextos para desalojar a los trabajadores. El estatuto legal del terreno donde vivían es muy complicado: pertenece a San Diego Gas and Electric que lo renta a Leslie Farms y a la ciudad de Carlsbad. Leslie Farms ha contratado sus propios guardias de seguridad para impedir a los trabajadores que se instalen a orillas de la Laguna. El resultado es sólo alejarlos más atrás, sin proporcionar ninguna infraestructura. Segun los campesinos, la compañía amenazó con denunciarlos a los Servicios de Inmigración en caso de que no se movieran, aunque la mayoría de ellos son residentes permanentes en los EEUU.

Cuando invitaron a Dorothy Johnson para platicar sobre sus derechos laborales en octubre, ella fue arrestada por los guardias de Leslie Farms, por encontrarse en propiedad privada. “Fue un método usado para impresionar a los trabajadores y prohibir darles información básica sobre sus derechos”. CRLA está en proceso con Leslie Farms en cuanto al acceso a los campamentos. Las leyes estatales y federales son muy claras: si una compañía tiene campamentos, el acceso es autorizado, y aún más para el representante legal de las personas que viven allá. “El Juez de la Corte Superior de San Diego decidió una orden provisional que permite a los abogados acceder a los campamentos los domingos, hasta que se finalize el proceso. Pero un día antes del primer domingo, la compañía ya había destruído las chozas y nadie estaba alli”, subrayó Carlos Maldonado de CRLA.

Marchas de protesta organizadas en particular por American Friends Service Committe, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional y el Ecumenical Migrant Outreach Project se dieron cita en Carlsbad. Permitieron enfatizar el problema estructural de la vivienda, y presionar a las autoridades para alojamientos de emergencia y vivienda de bajos recursos. Pero la ciudad sólo dispone de 50 camas disponibles y nada se ha hecho para resolver la emergencia de la situación.

“Este caso es desafortunadamente común en California”, dice Travis DuBry, investigador de la Universidad de California – Riverside: “Es difícil dar cifras exactas del número de trabajadores campesinos, debido a la naturaleza del trabajo por temporadas y a la tendencia a no reportar los empleados. Sin embargo, se podrían evaluar entre 400.000 y 500.000, o hasta mucho más. Con un saldo mínimo de $6.75 por hora, los trabajadores no alcanzan a rentar viviendas y el sistema no favorece el acceso a viviendas de bajos recursos”. La propuesta 46, el Housing and Emergency Shelter Trust Fund Act, que fue aprobada en noviembre 2002 por 57% del electorado no será suficiente. Su presupuesto de 2,1 millones de dólares sólo incluye 200 millones para construcción y rehablitación de viviendas para trabajadores campesinos. Y California es el estado más rico de los Estados Unidos. En los últimos 50 años ha quedado en el número uno en producción de alimentos y economía agrícola en el país, con 27,6 billones de dólares en 2001. Desde siempre no sólo se ha negado la contribución de los trabajadores agrícolas sino también que el costo que pagan ellos para el éxito de la economía de California.

Le Texier es un candidato PhD, U.S.-Mexican Studies Center, UCSD.

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