August 19, 2005

Compañía Cardinal Health arruina la vida de sus trabajadoras en Tijuana

Para mejorar la salud de los pacientes en Estados Unidos, se superexplota a cientos de trabajadoras y trabajadores en México

Por Enrique Davalos

Sorrento Valley, San Diego, 12 agosto de 2005. Un grupo de más de veinte personas protestan en las oficinas de la empresa médica Cardinal Health frente a sus oficinas en Sorrento Valley, San Diego. El grupo protesta porque la empresa no cumple sus responsabilidades con sus tra-bajadoras en Tijuana. De hecho, 11 trabajadoras demandaron a la compañía (antes llamada Alaris) en agosto de 2004.

Alaris Medical Systems, hoy Cardinal Health produce sistemas de infusión y transfusión, inyecciones desechables, equipos para aplicar medicamentos por vía intravenosa y para monitoreo médico y control por computación. Los productos de la compañía son vendidos a más de 5,000 hospitales y centros de salud en Estados Unidos y otros 120 países. Según su reporte anual, Alaris tuvo ventas superiores a los 530 millones de dólares y una ganancia bruta de 285 millones de dólares en 2003. La empresa emplea alrededor de mil trabajadoras/es en una planta maquiladora de Tijuana.

Alaris Medical Systems afirma que “se preocupa por la salud y seguridad de sus empleados” pero en Tijuana está arruinando la vida de sus trabajadoras. María es una de las operarias que está demandando a la empresa. Su nombre ha sido cambiado para cuidarla de la lista negra que cierra las puertas para encontrar trabajo en otra maquiladora de Tijuana. María tenía más de 10 años trabajando para Alaris cuando la gerencia de Alaris informó que la fábrica en el parque industrial El Limón iba a cerrar. A partir del 13 de agosto de 2004 iba tener que trabajar en la planta ubicada en el parque industrial El Florido.

El cambio era un atentado contra María y la mayoría de las trabajadoras. La fábrica de El Florido está localizada en las afueras de la ciudad de Tijuana y el transporte público es escaso y caro. El autobús de la empresa sirve para llegar y salir de la planta, pero hay que salir de casa más temprano, a las 5:30 am, y regresar del trabajo más tarde, a las 7 pm. Más de trece horas fuera de casa. Menos tiempo para ver y atender a los hijos, ya de por sí escaso. Muchas veces se requiere salir de la planta un rato, para llevar a los niños al doctor o asistir a las juntas de la escuela. Imposible hacerlo desde la planta de Alaris en el Florido, lejana y mal comunicada; imposible hacerlo sin perder un día de trabajo.

Pero perder un día significa perder media semana de salario. En Alaris se trabajan 50 horas por un salario de $90 dólares semanales. Esto incluye sueldo base más los bonos de asistencia y puntualidad “perfecta” y de “certificación”. Para obtener tal “certificado”, hay que alcanzar los estándares de producción. (En agosto de 2004, un equipo de cinco personas tenía que ensamblar y empacar 400 equipos de transfusión sanguínea por hora, en febrero de 2005 el estándar era ya de 500 equipos.) Si una trabajadora falta un día de trabajo pierde 10.5 horas de salario y los bonos, esto es, media semana de salario.

En estas condiciones, a la mayoría de las trabajadoras no les convenía seguir trabajando en Alaris. Muchas pidieron terminar el contrato y ser indemnizadas; según las leyes laborales mexicanas la indemnización debe sumar 90 días de salario más una prima de antigüedad de doce días adicionales por cada año trabajado. María y muchas otras trabajadoras tienen más de 10 años trabajando en la empresa.

Alaris afirma que ofrece a sus empleados un buen plan de prestaciones, uno que “se ajuste a tu vida y te dé la protección que buscas”. En Tijuana, Alaris decidió ignorar su responsabilidad legal a indemnizar a sus empleados. La empresa forzó a sus trabajadoras a firmar un nuevo contrato o a firmar su renuncia. En ambos casos, esta firma significaba perder el derecho a la indemnización. Obvio, las trabajadoras protestaron. “Es injusto que después de trabajar tantos años en Alaris, ahora nos echen a la calle sin nada”. Pero la empresa hizo sus cálculos. A las trabajadoras que protestaron las acusaron de revoltosas y las despidieron: “si no te gusta, hazle como quieras pero ya vete”.

Las trabajadoras están en lucha por sus derechos. Exigen su indemnización y ahora sus demandas se han ampliado. Exigen el pago de salarios caídos desde el día en que salieron de la empresa hasta el día en que la empresa les pague su indemnización. Exigen también que la empresa pague o demuestre que ha pagado las prestaciones relativas al seguro médico (IMSS) y al fondo de jubilación (afores). Pero además demandan que Alaris les pague más de 450 horas de trabajo extra que la empresa les ha robado tan sólo en el último año.

Según Alaris, su política es de “luchar para respetar las leyes de los países donde tiene negocios”. Según la constitución mexicana, la jornada de trabajo máxima es de 8 horas por día y 48 horas a la semana. El trabajo extra es voluntario y debe pagarse doble, o triple después de nueve horas extras a la semana. En Alaris las jornadas son de 10.5 horas de lunes a jueves y de 50 horas a la semana. Así, la empresa roba 12 horas a la semana a cada trabajadora. Después de diez años, esto significa miles de horas. ¿Dónde está el respeto de Alaris para las leyes mexicanas?

La empresa invoca a Dios en su favor. “Y todavía cínicamente nos dicen que demos gracias a Dios que tenemos trabajo; a Dios si le damos gracias pero por darnos dignidad,” dice María.

El dios de Alaris quizás sea la avaricia. Con ganancias anuales de 285 millones de dólares, la compañía se quiere deshacer de trabajadoras que han dejado más de diez años de vida en sus plantas ofreciéndoles pagos de $800 dólares.

Las trabajadoras tienen a su favor la dignidad.

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