August 6, 2004

BUSCANDO LA LEGALIZACIÓN DE CAMPESINOS

Por Eduardo Stanley
PACIFIC NEWS SERVICE

FRESNO, CA-- Unas 300 personas marcharon tres millas (aproximadamente 4.5 kilómetros) bajo el duro calor del Valle Central el domingo 1ro. de agosto. ¿El objetivo? Presionar a congresistas federales de Estados Unidos para que aprueben dos propuestas de ley que favorecerían la obtención de residencia legal a miles de campesinos en el país, en su mayoría de origen mexicano.

“Ya sabemos que estos son empleos mal pagados, duros y que los norteamericanos no quieren realizar”, dijo Arturo Rodríguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW, sus siglas en inglés), uno de los principales organizadores del evento. Las propuestas en cuestión son la llamada AgJobs y que cuenta con el apoyo bipartidista de 63 senadores y más de 110 diputados. Esta propuesta permitiría la legalización temporal y luego permanente de miles de campesinos quienes también podrían inmigrar a sus familias. Asimismo, esta propuesta haría más dinámicos los trámites del programa de trabajadores huéspedes conocido como H-2A, y las negociaciones salariales y derechos de los trabajadores.

Actualmente, bajo el programa H-2A ingresan a Estados Unidos entre 40 y 50 mil trabajadores anuales, tres por ciento de la fuerza laboral agrícola, estimada en 1.6 millones de campesinos más del 50 por ciento sin residencia legal, según datos del Ministerio del Trabajo de Estados Unidos.

A pesar del apoyo bipartidista, la AgJobs está estancada en el Congreso. Rumores indican que la Casa Blanca es responsable de esta situación debido a las presiones de sectores más reaccionarios del partido Republicano. El periódico Wall Street Journal confirmó los rumores en un artículo fechado el lunes 12 de julio.

“Los inmigrantes, como lo fueron mis padres, trabajan duramente, pagan impuestos, no tienen licencias de conductor, no tienen derechos”, dijo Mariana Durazo, organizadora principal del Sindicato Trabajadores de Servicios (SEIU ­ local 250, sus siglas en inglés). Nuestra economía necesita esta gente, no un nuevo plan de braceros o trabajadores huéspedes”.

Para Leonel Flores, coordinador de la Coalisión para los Derechos de los Inmigrantes del Valle Central, la propuesta no es ideal pero tiene posibilidades de ser aprobada. “Con el apoyo de los dos partidos, es posible que pase, aunque pienso que no ocurrirá este año”. Flores tiene en cuenta las presiones propias de un año electoral como éste, donde se eligirá presidente en Noviembre.

“Estoy aquí en memoria de mi abuelito que era bracero”, dijo Anna Pérez, de 20 años y residente de Fresno. Como ella, muchos jóvenes participaron de la marcha que al finalizar dió lugar a breves presentaciones de activistas locales que pedían apoyo a estas propuestas. Entre la concurrencia, otros activistas buscaban registrar votantes y promocionaban movilizaciones y eventos similares en un año electoral que promete estar bien agitado.

La otra propuesta de ley y que también cuenta con apoyo bipartidista, es la llamada “Dream Act” (Acta de Ensueño), que permitiría a jóvenes entre 12 y 21 años, con cinco años de residencia en el país, solicitar la residencia legal al completar estudios secundarios o de preparatoria y al momento de registrarse para cursar estudios superiores. Algunos estados del país, como California, han dado pasos decisivos al permitir que estudiantes indocumentados paguen como residentes legales. Pero los cambios en el estatus legal de la residencia depende de leyes federales, no estatales.

En el año 2003, el ex gobernador de California, Gray Davis, aprobó una controversial ley que otorgaría licencias de conducir a residentes indocumentados‹derecho que fue derogado en 1994 con el apoyo bipartidista. Pero después de elecciones de destitución, el nuevo gobernador, Arnold Schwarzenegger, anuló dicha ley. De esta manera, las organizaciones de base han incluído el tema del derecho de las licencias de conducir a sus demandas en favor del sector social más empobrecido de la sociedad norteamericana, los trabajadores agrícolas, quienes además carecen de estatus de residentes legales, reduciendo así el ejercicio de sus derechos civiles y humanos.

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