April 14, 2000


La cuenta regresiva de Pinochet

-Todo indica que el Miércoles 12 de Abril comenzó la batalla por el desafuero como senador vitalicio- del ex militar chileno. En los alegatos participaron ocho abogados: seis por los acusadores, uno por el Consejo de Defensa del Estado y otro por la defensa de Pinochet.

Desde Santiago de Chile
Cristián Sandoval Cabezas

Definitivamente, aun se siente el "calor" del verano, y no precisamente por la estación climática. Es otoño en Chile. Y a medida que se acerca el invierno este último rincón sudamericano arrecian vientos de dificultades para el ex general chileno -y actual senador vitalicio- Augusto Pinochet Ugarte.

Fuentes bien informadas en la Corte de Apelaciones de Santiago, aseguraron que el miércoles 12 de abril comenzaron la vista al proceso de desafuero de Pinochet como parlamentario, por el caso Caravana de la Muerte, operación militar donde resultaron más de un centenar de chilenos desaparecidos.

Las partes que participarían en esta causa —6 abogados querellantes, uno por la defensa de Pinochet y otro por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- pueden pedir la suspensión, ya que tienen derecho a hacerlo una vez cada uno.

Los jueces anticipan que la sala donde se reúnen, usualmente, no podrá acoger a las decenas de personas que intentarán presenciar los alegatos por el desafuero de Pinochet por el caso Caravana de la Muerte. Incluso, evalúan la manera en que resolverán el tema de la cobertura periodística. Y aunque el tema aún no está resuelto, incluso propuestas para instalar un par de cámaras fijas para las transmisiones, porque existe interés en televisar el proceso.

Presión Internacional

En tanto, una verdadera ofensiva judicial comenzó a intensificarse contra el ex general Pinochet apenas arribó a Chile, tras sus 16 meses de detención en Londres.

En sólo tres semanas sus acusaciones criminales aumentaron de 60 a 80; el ministro de fuero —responsable de entablar las querellas contra Pinochet— Juan Guzmán elevó la petición de desafuero a la Corte de Apelaciones; el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en el caso Caravana de la Muerte; el gobierno norteamericano decidió reimpulsar el caso Letelier y envió a dos fiscales a Chile, y un equipo jurídico buscaba esta semana reabrir el proceso en tribunales nacionales. Además algunos ex uniformados -vinculados a organismos policiales secreto- intentan inculpar a Pinochet en los dos casos más emblemáticos de derechos humanos: el atentado en Washington que provocó el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier (1976) y la Caravana de la Muerte.

Análisis

El analista chileno Víctor Hugo García explicó, que la decisión de reabrir el caso Letelier en Chile, se suma con la reactivación que ha tenido en Estados Unidos la investigación por el crimen de Orlando Letelier y Ronni Moffit. A través de un exhorto enviado por la justicia norteamericana se pidió interrogar a 42 ex colaboradores del gobierno militar con el objetivo de encontrar nuevas responsabilidades en los hechos, ya que aún quedan dudas.

"Es tal el rojo vivo en que se encuentra el caso Pinochet en Estados Unidos —asegura el analista chileno— que el gobierno chileno no descarta un pedido de extradición en contra del general (R) Augusto Pinochet a ese país, aunque se tiene claro que es poco probable que esa solicitud pueda materializarse debido a la precaria salud del senador vitalicio".

En la ronda de preguntas enviada por Estados Unidos se persigue encontrar otras responsabilidades, y en muchas de ellas, de hecho, se cita a Pinochet. Los testigos claves que declararán ante este exhorto son la ex ministra de Justicia durante el pasado gobierno militar, Mónica Madariaga, y el director de la policía secreta Dina, Manuel Contreras, quien además cumple la pena de 7 años de cárcel responsable de la muerte de Letelier.

En tanto, la hermana de Orlando Letelier, Fabiola Letelier aseguró que desde la condena en contra de Manuel Contreras y Pedro Espinoza (vicedirector de la Dina) han surgido una serie de evidencias que permiten hacer la presentación. Entre ellos está el recurso de revisión que el ex director de la Dina entregó en 1998 a la Corte Suprema, en el que aseguraba que ese organismo dependía de Pinochet; la declaración de Espinoza divulgada la semana pasada donde dijo haber sido presionado para inculpar a su jefe directo y no al Presidente de la República; la desclasificación de nuevos archivos de la CIA y el proceso en España que lleva el juez Baltasar Garzón, entre otros varios factores.

"Está claro que el principal responsable es Pinochet. Eso es lo más fundamental, pero vamos a estudiar también las conductas ilícitas de otras personas que han estado involucradas para determinar si constituyen otros delitos", explica la abogada.

"El peligro que han tomado las últimas acciones judiciales contra Pinochet se explica, según fuentes de tribunales, en la eventualidad de una inminente inhabilidad del general en retiro por razones mentales. Esa salida —que la Corte de Apelaciones pida los exámenes médicos contra el senador vitalicio antes de decidir su desafuero— es vista como la más conveniente por el Gobierno, la familia del general Pinochet y sus abogados, el Ejército y la oposición. La inhabilidad permitirá a Pinochet salvar no sólo el desafuero por el caso Caravana, sino por todos los demás casos, conseguirá "una salida digna" como quiere la oposición que lo respalda, y servirá al gobierno de Ricardo Lagos para dejar atrás la figura del ex comandante en Jefe y concentrarse en su trabajo político" explica el cientista político.

Señales

Durante las últimas semanas han aparecido pequeñas señales tanto del Ejército como del gobierno, la oposición y la familia de Pinochet acerca de la solución que más le acomodaría a todos los actores sería que la justicia opte por inhabilitarlo, argumentando razones de salud, en forma previa al posible desafuero. Así, Pinochet saldría de la escena política rápidamente y en forma definitiva.

"Hasta hace poco imperaba en el mundo político la tesis de que el más probable camino que tendría que recorrer Pinochet sería enfrentar, primero, el voto de la Corte de Apelaciones respecto del desafuero. Ello enviaría al exterior la señal de que en Chile podía actuar la justicia, y posteriormente, si los exámenes lo ameritaban, sería inhabilitado por razones de salud, evitándole enfrentar la justicia", señaló el analista.

Sin embargo, "la filtración de la semana pasada respecto a la realización de nuevos exámenes al senador vitalicio, y cuyos resultados ratificaron irreversibles daños a nivel cerebral, constituyó una potente señal de la posibilidad de que Augusto Pinochet no llegue a enfrentar el desafuero, es decir, si el tribunal exige con anterioridad los exámenes para establecer su capacidad mental de enfrentar un posible juicio", concluye García.

En tanto, el ex colaborador de Pinochet y actual presidente del partido derechista Unión Demócrata Independiente, diputado Pablo Longueira, solicitó al Gobierno que envíe una señal que garantice la independencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, explicitando claramente que si Pinochet, no es desaforado, "en Chile también debe haber justicia".

"Creo que muchos no están dispuestos a decir eso. Entonces, no es aceptable que sólo un sector del país esté dispuesto a respetar un resultado", explicó el diputado.

¿Comentario? Regrese a la Portada