April 7, 2000


INS: servicio medieval para el siglo XXI

Por Carlos Ball

Miami — En su reciente reportaje publicado en el New York Times, la periodista Sara Robinson muestra cómo el Servicio de Inmigración (INS) le dificulta a la industria de la información, a los creadores de la Segunda Revolución Industrial y responsables del auge económico de Estados Unidos, la contratación del personal requerido para seguir avanzando. Y a los técnicos nacidos en el extranjero, quienes en parte motorizan esa industria, el INS les impone reglas absurdas que chocan de frente con los requerimientos del mercado y con sus intereses personales.

Aún cuando el número de visas temporales para trabajar en Estados Unidos (llamadas H-B1) se ha incrementado de 65.000 anuales en 1990 a 115.000 y se espera la aprobación del Congreso de un proyecto de ley que aumentaría el número a 195.000, los requerimientos de la industria tecnológica son aún mayores.

Las visas son emitidas con una duración de seis años, pero la ley no permite que más del 7% de ellas sean concedidas a ciudadanos de cada nación, lo cual crea graves problemas a aquellos oriundos de países con mano de obra capacitada para aspirar a cargos en empresas de alta tecnología.

El empleado con una visa H-B1 no puede ser promovido ni sus condiciones de trabajo modificadas sin la previa aprobación del INS. Tampoco puede renunciar y aceptar una mejor oferta, sin tener que comenzar de nuevo la tramitación de la visa y, además, se le recorta automáticamente el tiempo en que puede permanecer en el país. En otras palabras, el INS supervisa un sistema medieval de vasallos virtuales y vemos cómo el potencial y la velocidad de desarrollo de la industria más importante del siglo XXI depende en gran parte de la lentitud e ineficiencia de una burocracia estatal.

Se trata de una combinación de incompetencia y miopía oficial. Obligarán a las industrias de tecnología de punta a mudar parte de sus operaciones al exterior, ya que cada día la localización y la distancia son menos importantes para esas industrias; hasta que llegue el momento en que chinos y chilenos, desde sus hogares a miles de kilómetros puedan trabajar para Intel, Sun Microsystems, LSI Logic, AST, Wang o Cypress Semiconductors. Por cierto, todas esas empresas mencionadas fueron fundadas por inmigrantes.

Según los abogados especializados en asuntos de inmigración, el INS toma más de cinco años para aprobar una residencia permanente. ¡Cinco años! Eso era poco más o menos el tiempo que las empresas telefónicas estatales se tomaban para instalar un nuevo servicio de teléfono en América Latina. Prácticamente todas han sido privatizadas y a pesar de que en muchos países se cambió un monopolio estatal por otro privado, el servicio mejoró drásticamente y las nuevas instalaciones toman días en lugar de años. ¿Habrá llegado el momento de privatizar el INS?

Existe una ley natural que los políticos y los funcionarios se empeñan en ignorar. En la medida que se aleja la dependencia del proveedor del servicio de la persona que recibe tal servicio, se deteriora la calidad de este. El servicio del INS es infame porque sus burócratas para nada dependen de sus clientes (o víctimas), ya que estos ni siquiera son ciudadanos y, por lo tanto, no pueden castigar con el voto a los políticos que permiten lo que está sucediendo.

Es fundamental entender que la calidad del servicio depende directamente de la proximidad o distancia entre quien da el servicio y quien lo paga. Las escuelas del gobierno son malas y caras porque quienes pagan por ellas en Estados Unidos son los dueños de propiedades —a través de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria—, no los padres del niño que recibe la educación. El programa de "vouchers" o bonos le daría el poder a la familia de escoger la mejor escuela para sus hijos, pero eso atenta contra los privilegios del sindicato de maestros y de la burocracia educacional que se oponen al inmensamente mayor esfuerzo de su parte que significaría competir por la clientela.

¿Por qué cuando usted entra a Wal-Mart, un empleado le da los buenos días y las gracias por comprar en esa tienda? Porque usted es quien decide si compra o no y usted pagará por las mercancías. ¿Cree, acaso, que si fuera el gobierno quien le pagara a Wal-Mart por lo que usted necesita encontraría allí el inmenso surtido actual y el interés de los empleados en servirle? Claro que no, la actitud sería parecida a la del INS, típico monopolio estatal, donde si usted tiene la mala suerte de necesitar sus servicios debe hacer cola antes del amanecer y, luego, estar dispuesto a aguantar malas caras y peor servicio.

El sector privado estadounidense avanza al ritmo del siglo XXI, mientras el sector oficial permanece en la Edad Media. Los crecientes problemas con las pensiones del Seguro Social, las medicinas, la asistencia médica, las escuelas, etc. son dificultades donde la politización del servicio impide que el mercado funcione. Los políticos se quejan del alto costo de las medicinas que se venden bajo prescripción, pero han sido ellos quienes con sus malas leyes impiden que los consumidores tomen sus propias decisiones, además de una burocracia que tarda 15 años en aprobar cada nuevo producto farmacéutico. Y ni hablar de las toneladas de trámites impuestos a los proveedores de servicios de salud (HMO), lo cual dispara sus costos de operación e impide la creatividad y dina-mismo del mercado.

En el nuevo siglo, el problema seguirá siendo el gobierno.

(Carlos Ball es Director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute. http://www.aipenet.com)

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