April 01, 2005

Voto Inmigrante 

LA PAPA CALIENTE

Por Alejandro Alvarado Bremer

 

Cuando el presidente mexicano Vicente Fox se comprometió a otorgar el voto a los mexicanos que viven en el extranjero en el 2006, quizás no calculó las implicaciones de su propuesta y lo hizo para ganar simpatías. Pues ahora ese proyecto hecho iniciativa de reforma de ley se ha convertido en una verdadera papa caliente que nadie resiste tener en sus manos.

Hace apenas unas semanas la Cámara de Diputados mexicana la aprobó y se la quitó de encima pronto, para no quedar mal tampoco con los ahora poderosos emigrantes, y la envió al Senado, donde pasa de un senador a otro. Y no es para menos.

No es lo mismo que los colombianos que viven en Estados Unidos o en otros países voten en sus consula-dos, o que lo hagan los dominicanos o los hondureños e inclusive los brasileños a que lo hagamos los aztecas. Estamos hablando, en aquellos casos, de decenas de miles de votos. Algo controlable y de costo razonable. Piense usted lo que significa organizar una elección presidencial en Estados Unidos para millones de mexicanos en menos de dos años, pero todo tiene que estar listo antes de que concluya el 2005. No es una población insignificante. Es prácticamente un país dentro de otro, casi del tamaño de Guatemala. Suficientes votantes para definir una elección.

Según las cifras que proporcionó una comisión de especialistas convocada por la Secretaría de Gobernación hace un par de años, unos 10 millones 700 mil mexicanos podrían votar, entre ellos, los trabajadores migratorios, los turistas, los indocumentados, los residentes legales, los naturalizados estadounidenses, y los hijos de padres mexicanos.

Para empezar, a esos 10 millones o menos –suponiendo que no todos tengan interés en votar— habría que darles su credencial de elector, con toda la burocracia que eso supone. Esa identificación tiene el peso del pasaporte para fines legales y es gratuita. Su valor de identidad no se compara con la matrícula consular. Quien la porta es ciudadano mexicano, abriendo paso, de facto, a la doble ciudadanía.

Aunque no piensen votar, la mayoría de los mexicanos en el extranjero la querrán tener. Ahí empiezan los problemas.

¿Cuánto cuesta todo esto y quién lo paga? ¿Los mexicanos que viven en México? ¿Por qué?, si no todos reciben remesas. Con los derechos vienen las obligaciones. El presupuesto del Instituto Federal Electoral para 2005, es de poco más de 6 mil millones de pesos, unos 540 millones de dólares: 2 mil millones de pesos van para los partidos y 4 mil para la operación del instituto. De esos cuatro mil, el 35 por ciento está destinado a emitir credenciales de elector, esto es, 1,429 millones de pesos, poco más de 125 millones de dólares para distribuir, en México, 10.6 millones de credenciales de elector en el 2005.

Pero no sólo es el costo de las credenciales de elector sino toda la estructura burocrática que permite usarlas. Si tenemos unos 60 millones de potenciales electores en México y le agregamos los 10 millones de acá, habría que darle 15 por ciento más de presupuesto al IFE y a los partidos, esto es unos 900 millones de pesos más. No suena mucho (quizás ya me acostumbre a pensar en los trillones que se manejan en ésta economía).

¿Querrán los mexicanos que les tasen sus remesas? ¿Querrán pagar para votar? Lo más seguro es que no, aunque con dinero no se resuelven los otros problemas.

¿Quién será la autoridad mexicana responsable? ¿Los cónsules? Se está proponiendo que el voto se realice en los consulados. ¿Tendrán esos diplomáticos algún papel en el proceso, sobre todo si surgen conflictos entre mexicanos? ¿Será difícil mantenerlos al margen? ¿Se gestionarán las credenciales a través de los consulados? Se habla de Juntas Locales Ejecutivas. ¿Su presidente será otro diplomático? ¿Con qué rango? ¿Cuántos de esos diplomáticos se van a requerir? ¿Con qué personal de apoyo? ¿En cuánto tiempo los aprobaría Estados Unidos?

Además, deberán establecerse centros de votación. La comisión de especialistas calculó poco más de 9 mil casillas, en 750 centros electorales, distribuídos en 38 estados de la unión americana. Si no es en los consulados ¿será en las escuelas o en domicilios particulares o en oficinas de organizaciones de inmigrantes? Tiene que ser un recinto seguro. ¿Quién las va a proteger y luego transportar las boletas? ¿Los Marines? (Pero que sean mexicanos, que ya los hay, y muchos). ¿Y si cae la migra durante la votación? ¿Querrán arriesgarse los mexicanos indocumentados en Texas y Arizona? ¿Se ha evaluado la reacción de los grupos anti inmigrantes?

¿Quiénes serán los funcionarios de casilla? ¿Quién los va a capacitar? ¿Y los representantes de partido en cada casilla? ¿Y si se enfrentan a golpes o se roban las urnas? ¿Quién los sanciona? ¿Las autoridades mexicanas desde México? ¿Dónde queda el principio jurídico de la no extraterritorialidad de la ley?

La iniciativa dice que no se podrán realizar campañas electorales y difundir propaganda a través de los medios de comunicación masiva fuera de México ¿Y la Internet que es? ¿Cómo van a conocer los electores a los candidatos y sus planes? ¿Será voto a ciegas, por el que me caiga mejor, el más guapetón, el de izquierda, el güerito, el morenito, el de centro o el de derecha? ¿Cómo saber si no podrán hacer campaña del otro lado de la frontera?

Para como está planteada la reforma, el problema es monumental, y establece un programa progresivo: para el 2006, se votaría sólo para presidente; para el 2009, los emigrantes podrían ser votados, y en el 2012, el ejercicio pleno de votar y ser votados.

Una opción sería plantear la reforma de distinta manera, por grupos migratorios: primero los visitantes y trabajadores migratorios, en el 2006 (las credenciales electorales se emitirían en México); luego, en el 2009, los residentes nacidos en México; y finalmente, en el 2012, el resto, con pleno ejercicio de derechos. De esta manera el problema se racionaliza, la solución se pone a prueba y no se cae en el vértigo desquiciante que propone la iniciativa de hoy en día. Una papa caliente.

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