June 5, 2009

México del Norte
Por Jorge Mújica Murias

Contar o no contar…

Todavía no comienzan a contar, eso sucederá dentro un año, pero el proceso del Censo Nacional de Población 2010 ya comenzó a correr. Se trata de este ejercicio anual de contar cuánta gente vive en el país y averiguar a qué se dedican, aunque en estos tiempos de crisis económica el obvio resultado es que muchos no se dedican a nada, si acaso a sobrevivir y tratar de dejar de estar desempleados.

Además de saber quién vive dónde y dónde vive quién, el Censo sirve para otras cosas, por ejemplo para planificar los servicios que requieren esos millones de personas, vivan donde vivan. Con los números del Censo se determinan cuántas escuelas y hospitales se necesitan en dónde, aunque eso nunca resuelva el problema de que la educación es pésima y una tercera parte de la población no tenga seguro de salud. Como quiera que sea, a partir del Censo se calcula el dinero que el gobierno federal le entregará a cada estado y condado o municipio.

Y con los números del Censo se determina también cuántos Distritos Congresionales hay en cada estado, es decir, cuántos políticos reciben salario de Washington por no hacer nada por los residentes del país.

El Censo está aún a un año de distancia, pero ya comenzaron a surgir las broncas por las preguntas de los detalles que a la mejor en algún lado están escritos pero con letras chiquitas que nadie ha leído. Uno de esos detalles es si los inmigrantes que no tienen papeles deben ser contados o no y para qué. Desde el punto de vista de los servicios es necesario contarlos, porque la educación es un derecho con o sin papeles, pero desde el punto de vista político quien sabe, porque hay algunas decisiones legales de que solamente los ciudadanos mayores de 18 años deben contar para efectos de representación electoral.

Esto da pie a diferencias entre quienes se desempeñan en el tema migratorio. Por ejemplo, la llamada Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Latinos Cristianos, que dice representar 20 mil iglesias Latinas en 34 estados, anunció que por lo menos un millón de sus cuatro millones de miembros están preparándose para boicotear el Censo como una medida de presión a favor de la legalización y “para protegerse del escrutinio del gobierno”.

Boicotear o no Boicotear

“Antes de que nos cuenten”, dice el reverendo Miguel Rivera, jefazo y fundador de la tal Coalición, “nos tienen que legalizar”.

Rivera tiene algunos antecedentes y argumentos cuestionables para su boicot. Por un lado insiste en que su único fin es presionar por una reforma migratoria, pero curiosamente, en el 2004 apoyó a George Bush y el año pasado sus miembros votaron por un 52 por ciento a favor de John McCain y un 48 por ciento a favor de Barack Obama. Sin embargo, alega que su miedo fundamental es que la cuenta de indocumentados se use para darle más recursos a la Migra en algunos estados.

Por otro lado, no contar a los inmigrantes sin papeles es precisamente lo que los anti inmigrantes han estado pidiendo desde hace años. El nefasto Centro de Estudios Migratorios, notable por sus posiciones anti inmigrantes, ha publicado varios estudios donde “demuestra” que “la inmigración ilegal distorsiona el principio de un hombre-un voto”. Según el Centro, California tiene distritos congresionales “extra” gracias a los indocumentados, porque solamente el 35 por ciento de sus residentes son ciudadanos.

Alegan que cada distrito debía tener 100 mil ciudadanos, nos 100 habitantes. Si así fuera, California tendría tres distritos menos, y Michigan, Mississippi e Indiana debían tener uno más cada uno. Sobra decir que estos distritos serían en su mayoría Republicanos.

Argumentos de este tipo llevaron en 1988 a que 40 congresistas (Republicanos todos), el estado de Pennsylvania y la Federación Americana por la Reforma Migratoria (también anti inmigrante), demandaran al Censo para que no contara a los indocumentados en 1990. Según Dan Stein, el entonces presidente de la Federación, “la gente que no tiene derecho a estar en el país no debe ser contada”. “Los ciudadanos de Estados Unidos” alegaba Stein, “no deben perder su representación política ante estados como California por culpa de gente que violó las leyes de inmigración”.

La demanda fue desechada por la Suprema Corte, y posiblemente el boicot no prospere.

Después de todo, como dice Arturo Vargas, Director Ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos, “sería un paso atrás en la larga lucha para asegurarnos de que todos somos iguales”.

Lo que si es cierto, es que por cada persona que no se cuente en el Censo, los estados perderían mil dólares en fondos federales. Doce millones de no-contados equivalen a muchos miles de millones de dólares.

Como quien dice, con papeles o sin ellos, de todas formas contamos…

Contacto Jorge Mújica Murias at mexicodelnorte@yahoo.com.mx

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