February 27, 2009

México del Norte
Por Jorge Mújica Murias

2 triunfos legales 2

Entre las brumas del destino de la reforma inmigratoria (eso que nosotros entendemos como legalización para todos los indocumentados y la derecha entiende como reforzar la frontera y deportarnos a todos), salieron dos solecitos esta semana.

Ambos dos se deben a resoluciones legales, y el calorcito se recibe agradablemente. Hay que aclarar, como en todos los casos legales y especialmente en los casos que se refieren a la inmigración, que las resoluciones no son tanto por gusto o simpatía de los jueces hacia quienes chambean harto en estas tierras de México del Norte sin permiso para hacerlo, sino a la realidad imposible de negar de que la ley de inmigración no sirve para nada.

Y más que la ley, que la aplicación de la misma por parte de las autoridades cae en una barrabasada tras otra.

El primer caso es el de varios chambeadotes detenidos por la Migra hace un poquito más de dos años, el 7 de febrero de 2007, en una redada en la compañía Micro Solutions Enterprises en la ciudad de Van Nuys, allá en Califas.

Un juez de inmigración decidió que la Migra violó sus propias reglas de operación (lo que se conoce como un “tecnicismo legal”), y esas violaciones significaron la liberación de un paisano poblano, Gregorio Pérez Cruz, uno de los 130 arrestados en aquella ocasión.

La Juez Ashley Tabaddor determinó que la Migra actuó “con prejuicio”, es decir, “juzgando algo con anticipación”, lo que en buen español quiere decir que se aceleraron y determinaron “algo” antes de reunir los materiales necesarios para confirmar su juicio. Entre paréntesis, nomás para agravar su caso, la Migra no dejó que los detenidos hicieran llamadas por teléfono ni que sus abogados estuvieran presentes durante los interrogatorios.

Pa’l caso, el chiste es que su “prejuicio” convierte el arresto en “ilegal”, y hace que las declaraciones que obtuvieron del detenido no sean válidas legalmente.

Como quien dice, la Migra actuó ilegalmente y violó la ley al tratar de aplicar la Ley y efectuar una operación para detener “ilegales”.

“Me cai que no sabía”

El otro caso viene derechito desde la más alta autoridad jurídica de este lado del Bravo, la Suprema Corte de Justicia, y tiene que ver con la ahora popular acusación de que quien usa un número de Seguro Social que le pertenece a una persona de verdad en vez de inventarse uno o poner su número de teléfono celular para pagar impuestos está cometiendo el delito de “robo de identidad”.

Al admitir el caso para consideración (la resolución final se dará hasta la primavera), la Suprema dice que el gobierno está disparando por la culata. La acusación se estrenó hace casi un año, en la famosa redada de la Migra en Postville, Iowa, donde los detenidos no fueron acusados de no tener papeles, sino de haber robado identidades. El robo agravado de identidad, desde 2004, es un delito federal que implica una sentencia mandataria de dos años de cárcel, y desde Postville a todos los chambeadores sin papeles no se les acusa de no tener papeles sino de haberse robado los papeles de alguien más.

Mas pior, el gobierno argumenta que ni siquiera tiene que demostrar que la persona sabía que los papeles que usa, que se compró en el Parque MacArthur o en la Calle 26 en Chicago, no eran inventados sino que eran de un gringo de carne y hueso.

La Suprema dice que no hay tal.

Y no hay tal, porque el “robo de identidad” en realidad es un delito que se comete para vaciarle a alguien la cuenta del banco y comprarse un yate a su nombre. Y los indocumentados no hacen eso. Si lo hacen, que me presenten a uno con yate…

La realidad real es que los indocumentados usan los números que los “miqueros” les venden sin tener idea de qué tan verdaderos son, y los usan para ponerle lana a las cuentas del Seguro Social. Si el número no es legal, la lana va a engordar el famoso “Fondo de Ganancias en Suspensión”, que a la fecha lleva poco más de 660 mil millones de dólares acumulados que “nadie sabe de dónde vienen”.

Y si el número es legal, de una persona de carne y hueso, pues para lo que sirve es para aumentar la cantidad de dinero que esa persona de verdad va a recibir el día que se jubile.

La otra realidad real es que la acusación de “robo de identidad” solamente sirve para espantar chambeadores cuando los agarra la Migra, y hacerlos que firmen la salida o deportación “voluntaria” ante la amenaza de que de perdida se van a echar dos años de cárcel antes de que los deporten.

Pero a final de cuentas, lo que cuenta es que las dos decisiones legales reafirman lo que nosotros llevamos tanto tiempo diciendo: las redadas y deportaciones son absurdas porque la Ley es absurda, y poner en práctica una ley absurda es un doble absurdo.

De remate, ahora está resultando que aplicarla… ¡es también ilegal!

Contacto Jorge Mújica Murias at mexicodelnorte@yahoo.com.mx

Return to the Frontpage