April 10, 2009

Reciente caso de violación de una niña es el centro de álgido debate entre los activistas anti-aborto y aquellos que optan para el derecho a decidir

Por Mariana Martínez

El 3 de abril pasado, la policía detuvo en Tijuana a un hombre acusado de haber violado a su hija de apenas 12 años de edad, quien está embarazada de su propio padre.

Según los documentos en el caso, Israel Estrada Olivo de 32 años de edad, abusaba sexualmente de su hija desde hace al menos tres años, cuando la menor contaba con tan sólo 9 años.

En el 2006, cuando la niña que llamaremos Lucia, tenia apenas 9 años de edad, su madre notó que sangraba de la vagina por lo que la llevó a una clínica cercana creyendo que la niña estaba menstruando, pero los médicos le explicaron que había sido violada y que la niña señalaba a su propio padre como el responsable.

Leticia se dirigió a su casa para reclamarle a su esposo pero se negó a denunciarlo a la policía. En cambio, huyó de la casa llevandose a sus tres hijos a vivir con su hermana en Rosarito, pero dos años después, tras de que Israel la buscara constantemente, decidió regresar.

Pero el padre siguió abusando de Lucia cuando la madre se iba en las mañanas a trabajar, amenazándola para que no lo volviera a delatar. Hasta que Lucia empezó a sentir malestares por lo que su madre la llevó al médico.

Ahí, le diagnosticaron bronquitis asmática, pero además tiene dos meses de embarazo.

El papá aceptó una vez más haberla violado, por lo que fue detenido acusado de violación equiparada agravada por razón de parentesco, y de ser encontrado culpable podría purgar una condena de hasta quince años de prisión.

La madre también fue detenida acusada de los delitos de encubrimiento y omisión de cuidado.

Este reciente caso en Baja California es, además de ser una tragedia, el caso podría convertirse en el centro de un álgido debate, ya que llega en un momento crítico de la lucha entre los activistas anti-aborto y aquellos que optan para el derecho a decidir.

Desde mediados del 2008, diversos Congresos estatales han promovido reformas constitucionales mediante los cuales se establece el llamado “derecho a la vida desde la concepción”, en el cual se eliminan de hecho todas las cláusulas de excepción para obtener un aborto, en las legislaciones estatales, como lo es la violación.

Estos cambios a la constitución estatal se han dado ya en siete estados de la república: Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Colima Durango y Puebla.

Esta medida, —impulsada por diputados locales, gene-ralmente del PAN—, surge como una respuesta luego de que la Suprema Corte de Justicia permitiera al gobierno de la Ciudad de México despenalizar por completo el aborto.

Esta tendencia del gobierno local y de organizaciones “pro-vida” para negar la interrupción legal del embarazo, se extiende aún en casos de menores de edad violadas, malformaciones congénitas o riesgo para la gestante.

En el año 2000, el gobierno panista de Baja California negó a Paulina, una niña de 13 años violada sexualmente y como consecuencia embarazada, su derecho a interrumpir la gestación, pese a que el Código Penal lo permitía.

Mientras se enfrascaba en danzas legales, la menor tuvo a su hijo y el caso fue llevado hasta la corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitió una recomendación en marzo de 2006 al Estado mexicano crear una norma oficial para que nunca más ocurrieran casos de violencia institucional como el cometido contra la niña.

Surgió así la Norma Oficial Mexicana 046, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, aprobada por una-nimidad en la Secretaría de Salud pero que nunca fue publicada.

Entre todos los estados, solo en Baja California ha interpuesto la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la reforma constitucional de su estado que confiere derechos al embrión y mientras tanto, mujeres como Paulina y ahora Lucia, siguen a la deriva legal victimizadas, una y otra vez.

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