November 21, 2008

México del Norte
Por Jorge Mújica Murias

Saber o no saber…

Una de las muchas lecciones que aprendimos todos, activistas de inmigración, inmigrantes y sobre todo abogados, en la ahora ya famosa redada de Postville, Iowa, ocurrida el 12 de mayo de este año, es que los trabajadores inmigrantes indocumentados si son, después de todo, criminales.

No porque sea un crimen trabajar sin papeles, ni porque sea un crimen ser indocumentado en este país, algo que como también todos sabemos, gracias a las marchas del 2006 que derrotaron la HR4437 de Jim Sensenbrenner, sino porque la oficina del Procurador General de Estados Unidos puede acusar a los indocumentados de un montón de cosas en vez de acusarlas de ser indocumentados.

Entre los casi 400 casos de detenidos en Postville, según consta en los archivos del caso, solamente se encontró a dos personas que “calificaban” como criminales, es decir, que tenían expedientes abiertos por haber cometido algún crimen mayor. En porcentajes, es la misérrima cifra de 1.2 por ciento de todos los detenidos.

Sin embargo, la Secretaría de Justicia acusó a la mayoría de los detenidos de un crimen, el de tener una identificación falsa. Prácticamente ningún indocumentado se salva de este tipo de acusación, por el simple y sencillo hecho de que para conseguir una chamba hay que presentar algún tipo de identificación, y por si alguien todavía no se entera, el significado de “indocumentado” es, ni más ni menos, “no tener documentos”.

Es, como dice el profesor Camayd Freixas, intérprete de la corte que sacó a la luz las horribles y absurdas condiciones en las que los trabajadores de la planta de productos alimenticios Kosher fueron procesados, una verdadera criminalización del trabajo sin papeles. De hecho, ninguno de los acusados en Postville fue acusado de nada que tuviera que ver con la Ley de Inmigración, sino de acuerdo a leyes de delitos criminales, como las identificaciones falsas.

Más aún, posiblemente la mitad o más de los detenidos se hubieran salvado de la deportación si hubieran tenido la oportunidad de abrir un proceso migratorio, por ser trabajadores honestos que pagan impuestos, son padres o madres de ciudadanos estadounidenses y no representan ningún peligro para la comunidad.

… he ahí el dilema.

Pero el gobierno no acusó a los trabajadores de no tener papeles de inmigración, sino de usar papeles falsos. Y ahí se abrió un abismo para los indocumentados que sean arrestados en el futuro.

Sucede que, legalmente, según el Manual del Procurador de Justicia de Estados Unidos, el gobierno siempre debe buscar la acusación más fuerte que tenga contra un “criminal” y que crea que puede ganar en la corte. Las de inmigración son solamente violaciones civiles, y es mucho más fuerte la acusación de los papeles falsos, y eso es lo que hicieron en Postville.

Según la ley, “transferir, tener o usar las identificaciones de otra persona” es un delito que se castiga con un mínimo de 6 meses de cárcel. Y peor aún si se acusa al detenido de haberlo hecho lo anterior con dolo y alevosía. En ese caso, como se dice en inglés “aggravated” la sentencia mandataria es de dos años de cárcel.

A los detenidos de Postville les “ofrecieron” (¡tan amables los fiscales!), que se declararan culpables de la primera ofensa a cambio de no acusarlas de la segunda, y la mayoría aceptaron. Después de sus mandatarios seis meses de cárcel, como criminales convictos, se procedería a su deportación inmediata sin siquiera una audiencia con un juez de inmigración.

Pero el tipo de acusación se ha convertido en un caso legal que ya llegó hasta la Suprema Corte. La cuestión es si un indocumentado que compra una identificación falsa “sabe” que le pertenece a otra persona, o si nomás tener una identificación falsa constituye dolo y alevosía.

Está canijo, porque obviamente todo indocumentado que compra una tarjeta del Seguro Social “sabe” que es falsa, pero no necesariamente sabe si le pertenece a alguien más o no. En otras palabras, no es lo mismo ir al Parque MacArthur en Los Ángeles o a la calle 26 en Chicago y comprar cualquier tarjeta del Seguro con cualquier número, posiblemente inventado, que ir a comprar a sabiendas la tarjeta con el nombre y el número de una persona vivita y coleando. Lo segundo si podría ser doloso por las consecuencias para el dueño real del nombre y número.

La Suprema Corte va a revisar el caso, pero independientemente de lo que resuelva, el presidente electo tendría derecho, si quiere, de ordenar que a los indocumentados se les acuse de ser indocumentados bajo la Ley de Inmigración y punto. Y lo podría hacer dentro de sus famosos “primeros 100 días”.

Con una simple firma, Barack Obama podría echar para atrás eso que nosotros derrotamos con las marchas pero que desde Postville ya se dio en la práctica: la criminalización del trabajador indocumentado. A ver si le dan ganas…

Contacto Jorge Mújica Murias at mexicodelnorte@yahoo.com.mx

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