November 21, 2008

Comentario:

Derecho de los damnificados

Por Humberto Caspa, Ph.D

Si de veras existe un infierno después de la muerte, es muy probable que tenga la misma fisonomía apocalíptica de los incendios que azotaron la periferia de la zona metropolitana de Los Ángeles. Durante los últimos días, esta ciudad se tornó en un valle de lágrimas y fue presa de los vientos encaprichados de Santa Ana.

Los bomberos y oficiales especializados en desastres naturales hicieron lo más que pudieron para poner fin al macabro desenlace que ocasionó la pérdida de más de 800 viviendas. El gran esfuerzo de este grupo de personas no pudo contra la fuerza implacable de la madre naturaleza.

Los vientos de Santa Ana agudizaron lo que aparentemente fue obra de la mente perpleja de unos cuantos depravados sociales que incurren en delitos contra la humanidad con tal de saciar sus instintos irracionales.

Ante esta situación de agobio casi genera-lizado, el gobierno de California tiene que actuar en forma prudente para hacer cumplir los acuerdos firmados entre las empresas ase-guradoras y las personas afectados por los incendios.

No vaya ser que, como sucedió en otras oportunidades similares, las empresas financieras multimillonarias, en vista de no querer afectar sus arcas económicas ni tomar una decisión sensata, decidan nuevamente poner sus responsabilidades a un lado y hacer caso omiso de los acuerdos suscritos con sus clientes.

Ha habido casos en que algunas empresas aseguradoras inescrupulosas han utilizado loopholes (espacios jurídicos no contemplados en un acuerdo) que les brinda el sistema legal para librarse de sus deberes. En otros casos más deplorables, algunos empresarios han llegado a manipular los acuerdos legales e incluso creado ilícitamente artificios “legales” que les ha permitido inclinar el peso del daño hacia los afectados.

Con tal de no pagar y no incurrir en gastos mayores, estas empresas gozan a costa de la desgracia de las familias. No les interesa ni les incumbe el dolor y el tormento psicológico que sufren los damnificados.

Esperemos que lo que le sucedió a Chris Johnson, residente de Diamond Bar, no se vuelva a repetir con la gente que recientemente ha visto desaparecer sus viviendas, sus objetos personales y sus recuerdos familiares. “Hace un año yo tenía mi casa asegurada, cuando fue el incendio en Running Springs, pero la compañía de seguro no pagó la hipoteca, así que no me pagaron el costo de la casa completo y luego me la pusieron en foreclosure, una casa que ni siguiera existía”, dijo a una reportera de La Opinión.

La experiencia del señor Johnson no es la única que sucedió recientemente. Muchas personas afectadas por los incendios no sólo tuvieron que confrontar el asedio de los fuegos infernales, sino también la ineptitud y la saña de algunos empresarios usureros.

El gobierno del estado inicialmente tiene que declarar las áreas afectadas como zonas de desastre. Así las autoridades pertinentes del estado y de los municipios locales puedan dar curso a la utilización de recursos económicos que están dispuestos a su ayuda.

Asimismo, el gobierno deberá nombrar una comisión especial de investigación, compuesta por líderes comunitarios y personal profesional del gobierno, que asegure un proceso transparente que responda a los intereses de los afectados.

A las personas que están al borde de la desesperación, no les interesa las promesas vacías que usualmente evocan los políticos para lograr el apoyo de sus políticas en momentos de condolencia.

Los damnificados necesitan de nuestra solidaridad, comprensión y sobretodo de un gobierno que haga cumplir los lineamientos de los contratos firmados con las empresas aseguradoras.

Es hora que los afectados obtengan el derecho a ser compensados por una desgracia que nunca buscaron.

Dr. Humberto Caspa es profesor universitario. E-mail: hcletters@yahoo.com

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