May 16, 2008

El controversial Blackwater en la frontera

Activistas de la comunidad los quieren fuera de San Diego

Por Mariana Martínez

Activistas y miembros de la comunidad en San Diego buscan detener la posible entrada en operación de un centro de entrenamiento militar operado por el controversial contratista de servicios militares, Blackwater.

La compañía, conocida por el escándalo militar y su posible responsabilidad en el asesinato de 17 iraquíes desarmados en Irak en septiembre del 2007, está siendo investigada por el FBI bajo cargos de violaciones a las leyes de impuestos y laborales.

Blackwater enfrentó fuerte oposición cuando intentó instalarse en la zona de Potrero y retiró su propuesta en octubre del año pasado, pero ha logrado acelerar su entrada a un terreno cercano a la frontera con Tijuana.

En reciente carta pública, el congresista Bob Filner ha pedido al alcalde Jerry Sanders haga una investigación al permiso de operación otorgado a Blackwater, argumentando que este se obtuvo de manera extremadamente cautelosa, incluso por medio de una tercera empresa, que obtuvo el permiso de la ciudad bajo el supuesto de una “escuela vocacional”.

“Creo que este tipo de entrenamiento de mercenarios no entra dentro de la educación vocacional”, dice Filner en su carta, agregando que,”como compañía privada subcontratada por el gobierno federal, Blackwater no tiene la responsabilidad con la sociedad que se exige de agencias gubernamentales. Una vez iniciada su operación, habría poca vigilancia pública sobre las actividades de Blackwater en la zona fronteriza”.

Entre los grupos opositores a Blackwater está el Centro de Recursos para la Paz de San Diego, cuya directora, Carol Jankow habló ante el Consejo de la Ciudad.

“Esta empresa es un organismo controversial, que ha tenido que presentarse ante el Congreso para explicar sus acciones, que ponen en duda su responsabilidad y transparencia” dijo Jankow, “se han beneficiado de ser un contratista del gobierno, teniendo su protección, pero no su responsabilidad para con el público. No debería de tener los privilegios de ambos sectores”.

El presidente del Consejo de la Ciudad, Scott Peters dijo a los activistas que se tendrá que esperar al resultado de la auditoria de permisos ordenada por el alcalde Sanders.

Pero la asistente del abogado de la ciudad, Karen Heumann, aceptó que “se sospecha que no se han cumplido todos los requerimientos legales para la operación de Blackwater”.

Blackwater registró el proyecto bajo denominación de “policía fronteriza” para operar un campo de entrenamiento a unos 500 metros de la frontera con México, justo enfrente del Aeropuerto Internacional de Tijuana, Abelardo L. Rodríguez.

Esto ha generado mucha preocupación entre activistas, ya que citan transcripciones de programas de radio en los que un ejecutivo de Blackwater reconoce que aceptarían “cualquier contrato que le ofreciera el gobierno estadounidense para controlar la frontera”.

La posibilidad de que en efecto se utilicen contratistas para la vigilancia en la frontera no es tan lejana, sobre todo ahora que la Guardia Nacional enviada por el Presidente Bush, ha comenzado a replegarse de la zona fronteriza.

El director del Proyecto Fronterizo del Comité de Servicios Amigos Americanos, Pedro Ríos, dijo que es sospechoso el interés en la frontera, por parte de grupos como este, con nula transparencia para con el público estadounidense.

“La entrada de subcontratistas en la vigilancia de la frontera pone en riesgo la seguridad de nuestra comunidad y sobre todo pone en peligro nuestra relación con México y el respeto a la población vulnerable como lo son los migrantes indocumentados”, agregó Ríos.

Los activistas en San Diego aplauden la medida del alcalde Sanders al pedir una investigación sobre la licitación de Blackwater, pero consideran sospechosa la fecha de entrega de resultados, que es el 23 de mayo, ya que es muy conveniente con los tiempos de apertura que necesita la empresa.

“Esta fecha daría tiempo a Blackwater a instalarse para cumplir su contrato”, explicó Ríos, “si el alcalde tiene interés en frenar este grupo, que se inicie la investigación a fondo.

Jeremy Scahill, autor del libro: Blackwater: El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, ha dicho en sus presentaciones que Blackwater podría terminar en América Latina, ya que el Pentágono instó a la compañía a optar por un plan antidroga, para México y Colombia, con un presupuesto de 15 mil millones de dólares.

El periodista asevera que, de esta forma, el Gobierno de Washington busca garantizar su presencia en la región “sin dejar una huella militar”.

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