March 14, 2008

México del Norte
Por Jorge Mújica Murias

Sin Centavos…

Que la inmigración está pegada a la economía es cosa que siempre se ha sabido. También se ha sabido que la inmigración beneficia económicamente a los países con inmigrantes. Pero ahora resulta que la inmigración le está saliendo muy cara a algunos lugares, no por lo que los inmigrantes hacen, sino por lo que hacen los anti inmigrantes.

En Arizona, ese estado que decidió lanzarse contra los inmigrantes, la persecución policíaca y los procesos legales contra los indocumentados está saliendo como las el renombrado caldo de las albóndigas.

El dinero destinado a “combatir la inmigración ilegal” está desviando dinero destinado a parques, bibliotecas y a crímenes no vinculados a los indocumentados. En los cuatro condados fronterizos de Arizona, el costo llegó en el 2006 a 26.6 millones de dólares, dice la Coalición de Condados Fronterizos de Estados Unidos y México, grupo de funcionarios electos del área.

Y en los 24 condados que hacen frontera con México en Arizona, California, Nuevo México y Texas, el gasto de “combatir ilegales” en 2006 fue de 192 millones de dólares. En ocho años, calculan los investigadores, el costo total para “impedir el ingreso de indocumentados, detenerlos y procesarlos” ha sido de mil 200 millones de dólares.

El gobierno federal cooperó con solamente 4.7 millones de dólares a este gasto, a través del llamado Programa de Asistencia contra Delincuentes Extranjeros.

El gasto va más allá de la frontera. El ahora famoso Condado de Prince William, en Virginia, se va a reventar 800 mil dólares en “verificar la ciudadanía” de todos sus sospechosos de violar la ley, “sin importar la importancia de su crimen”. Eso le deja exactamente 3 mil dólares al Condado para otros gastos en lo que resta del año.

Por cierto, el Condado tiene un déficit de 51 millones de dólares, así que lo más probable es que aumente los impuestos. Y será aún más caro, porque el programa incluye cámaras en todas las patrullas de la policía para evitar acusaciones injustificadas de racismo, dice el presidente del Condado, Craig Gerhart.


Y sin “ilegales”…

Pero la cosa está aún peor en el estado de Nueva York. Steve Levy, jefazo del Condado de Suffolk y Demócrata para mayor insulto, se aventó otra de esas leyes idióticas (la Ley Local 52), que dice que las 6 mil compañías que tienen contratos con el Condado tienen que probar que sus trabajadores no son indocumentados.

Para agregarle, Levy también quiere que los policías chequen el estado migratorio de todo sospechoso, y un suyo, Brian Beedenbender, propuso ampliar la Ley 52 para cubrir no solamente a quienes tengan contratos con el Condado sino a todos los contratistas en su territorio, unas 15 mil. Si les cachan trabajadores sin papeles, perderían su licencia comercial y podrían ir hasta 4 años a la cárcel.

Para Robert LaReddola, abogado de un contratista, “le están pidiendo a los constructores que hagan el papel de abogados. Además de calcular pies cuadrados de construcción, tienen que saber de visas H1-B para trabajadores calificados, de H-2B para trabajadores de la agricultura, y la diferencia con la visa L-1 para trabajadores corporativos, por no decir nada acerca de los varios tipos de residente legal, temporal, permanente, autorizado para trabajar y demás yerbas.

Desde que aprobaron la Ley 52, las autoridades andan haciendo inspecciones en parejitas, un inspector del Departamento del Trabajo y uno de Obras Públicas, y ya se han sentido los resultados de su trabajo: en total, en 33 empresas inspeccionadas, han encontrado un cuate indocumentado. Uno.

Originalmente habían dicho que encontraron dos, y multaron a la empresa North Star Concrete con 9 mil 500 dólares, pero la segunda acusación se desechó en la corte porque el “sospechoso” mostró su identificación y papeles migratorios y la multa fue retirada.

Para Ricardo Montano, legislador del Condado que se opuso desde el principio a la Ley 52, la disposición es totalmente ridícula, es como hacer una ley para un solo indocumentado. Pero para Mark Smith, vocero de Levy, es la ley más efectiva del mundo: “El hecho de que se haya encontrado solamente un ‘ilegal’ es prueba de su poder”, dice. “Es para mantener la honradez de los contratistas, como la ley del I.R.S, que no hace auditorias a todo el mundo pero consigue que todos declaren sus impuestos”.

Si ese fuera el caso, y por si Smith no lo sabe, también hay una ley federal que, de hecho, prohíbe contratar trabajadores indocumentados a sabiendas de su condición. Es la Sección 1324a, Título 8 del Código de los Estados Unidos, que simplemente no se ejerce. La ley lleva 12 años de existencia, y hay un millón de indocumentados por cada año que ha estado en vigor.

La inmigración requiere una solución real, y no leyes que solamente desperdician dinero.

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