June 27, 2008

Agentes federales y el ejercito irrumpieron lugar donde se celebraba un bautizo en Tijuana

Por Mariana Martínez

Sesenta y dos personas fueron detenidas en Tijuana, en un operativo en el que se decomisaron además, armas municiones y droga. Se sospecha que al menos dos de los detenidos puedan ser cabecillas del cartel de los Arellano Félix, rumor que no se ha desmentido.

En la detención se encontraron uniformes de autoridades Federales y Municipales, más de cinco mil cartuchos, 19 armas de alto calibre y otros objetos vinculados con el trafico de drogas y los secuestros.

La detención fue realizada por agentes federales, estatales y el ejercito, mientras se celebraba un bautizo, a las 22 horas del sábado 21 de junio, en el salón de fiestas “Mi Pequeño Travieso” ubicado en la colonia Herrera, en el centro de la ciudad.

Atribuyendo el acto a una denuncia ciudadana, los agentes federales y el ejercito irrumpieron en el lugar, donde se celebraba un bautizo, deteniendo a 62 personas, incluyendo el padre del festejado.

Las autoridades decidieron detener a todos los hombres presentes en la fiesta, incluyendo un grupo de músicos que se encontraba amenizando la reunión y ha identificado públicamente a 59 de ellos.

Según un comunicado de la Policía Estatal Preventiva, al menos dos de los detenidos Antonio Rodríguez y Adolfo de la Paz Ortega, son ciudadanos estadounidenses originarios de San Diego.

El general Sergio Aponte Polito, dijo en conferencia de prensa que a pesar de no haberse confirmado las identidades de los detenidos, se sospecha que al menos uno es el jefe de una célula del cartel de los Arellano Félix, conocido como Filiberto Parra Ramos, apodado “La Perra”, jefe de una de las células del CAF, conocida por cometer secuestros.

Según información proporcionada por el ejercito, en el operativo se decomisaron 19 armas de fuego, 13 de ellas armas largas y seis armas cortas; 76 cartuchos y cargadores de diferentes calibres y 5 mil 50 cartuchos, 450 gramos de meta-anfetamina conocida como “ice”, 4 celulares, 3 radios, dos básculas “grameras”, chalecos antibalas con la leyenda “AFI”, 23 forros para casco (17 azules y 5 negros) y cuatro uniformes con la leyenda “Policía Federal”.

Se decomisó además una camioneta Chevrolet Silverado blindada y una camioneta Ford Explorer azul, ambas con placas del estado de California; 2XAT175 y 4MGH771 respectivamente.

Entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales de Tijuana en activo, varios de los cuales habían ya aprobado las llamadas “pruebas de confianza” realizadas por autoridades como parte de la depuración de las corporaciones policiacas en Baja California.

De acuerdo a la información que proporcionaron los detenidos, se montó esa misma noche un segundo operativo en la calle Ámsterdam número 3260 de la colonia Montes Olímpicos, lugar donde se encuentra la empresa Seguridad Gámez.

Ahí se aseguraron otras dos armas de fuego, parches para ropa con el emblema de la Policía Municipal, equipo de radiocomunicación, además de que se detuvo a otras dos personas.

Los detenidos son José Rodríguez Gámez, de 60 años de edad, ex policía ministerial y Jorge Venegas Osuna, de 28 años de edad. Se decomisó además una Camioneta Tahoe color negro y un Subaru color gris, dos pistolas, un cargador y 3 parches con logotipo de la Policía Municipal de Tijuana.

El general pidió a las autoridades civiles, realizar con extremo cuidado la investigación de antecedentes e identidades de los detenidos, así como determinar si las armas decomisadas fueron usadas en otros actos delictivos.

El lunes, después de las detenciones, decenas de familiares de los detenidos se manifiestan en las instalaciones de la PGR, asegurando que sus familiares no están relacionados con el crimen organizado y que las autoridades no han proporcionado datos sobre su paradero.

Las cinco personas que fueron presentadas en el cuartel militar, agregan, no son delincuentes, incluso uno de ellos pertenece a la banda musical que tocaba en la fiesta, que a decir de sus familiares “sólo estaba trabajando”.

Algunos de los familiares fueron atendidos en la Procuraduría de Derechos Humanos, para pedir información sobre el estatus legal de sus familiares, ya que según se ha informado fueron trasladados a la ciudad de México para seguir la investigación de su identidad.

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