June 6, 2008

Se Espera Fin a la Sobrepoblación en Centro de Detención Migratoria de Otay

Por Mariana Martínez

18 meses después de haber entablado una demanda en contra del Departamento de Seguridad Interna y el subcontratista Corporación de Corrección de América (CCA), la Unión de Libertades Civiles del Condado de San Diego (ACLU) ha entablado un acuerdo que podría ser el fin de la sobrepoblación en el centro de detención migratoria del condado de San Diego.

En enero del año pasado, la ACLU se unió a una demanda entablada en la Corte Federal de San Diego por Isaac Kigondu Kiniti, un hombre originario de Kenya, quien fuera arrestado por violar las leyes migratorias del país en mayo del 2004.

Kiniti ha estado prisionero en el centro de detención de Otay (a cargo de la compañía CCA, contratada por autoridades de emigración), desde noviembre de ese año y está en espera de la decisión de un juez de emigración que lo podría mandar de regreso a Kenya, donde él argumenta que sería perseguido y torturado.

La demanda entablada por Kiniti argumenta que los detenidos en el centro sufren de condiciones infrahumanas que ponen en peligro su salud y bienestar.

El grupo de defensa de los derechos civiles entabló una demanda colectiva, argumentando a favor de los casi mil detenidos en Otay, quienes están encerrados como sardinas, en lo que ha sido una sobrepoblación sistemática y a largo plazo, en la que se han dado casos de detenidos a quienes se les ha negado atención médica y medicamento para sus enfermedades crónicas”.

ACLU ha documentado al menos un caso en el que un detenido no fue atendido luego de una cortada en el pie, la cual terminó en una infección en los huesos por lo cual se le amputó el pie.

En otro caso, un detenido tenía una lesión en sus genitales que nunca fue atendida y se desarrolló en cáncer.

Cuando fue entablada la demanda, más de 650 detenidos por violar las leyes de emigración, estaban en el centro de detención de la Mesa de Otay, viviendo de 3 en 3, en celdas para dos personas, por lo que muchos tenían que dormir en pedazos de plástico, en el suelo, cerca del inodoro.

Otros detenidos que ni siquiera podían entrar a una celda, dormían en literas ubicadas en la zona que debía de ser de recreación, por lo que el lugar estaba a más del 50% de su capacidad máxima.

En la demanda, los abogados de ACLU aseguran que la política de “”tres-por-celda” dio como resultado retraso en evaluación de salud mental y tratamiento médico, además de causar sufrimiento psicológico y la propagación de enfermedades infecciosas, falta de ejercicio y condiciones insa-lubres”.

La sobrepoblación en el Centro de Detención ha sido vinculada también con un incidente ocurrido en septiembre del 2006, cuando los detenidos pidieron hablar con autoridades migratorias respecto a la política de “tres-por-celda” pero los elementos de CCA respondieron con gas lacrimógeno y gas pimienta.

“Algunos detenidos sólo permanecen ahí por periodos relativamente cortos, pero cientos de ellos viven en estas condiciones de sobrepoblación intolerable por varios meses o incluso años antes de que su caso de emigración llegue a ser procesado por el sistema”, explicó Anthony M. Stiegler, abogado de la firma Cooley Godward Kronish LLP, a cargo de la demanda.

“Estas condiciones son particularmente injustas si consideramos que más de la mitad de los detenidos bajo custodia de ICE (Autoridad de Emigración y Aduanas), nunca han sido hallados culpables de un crimen todos los detenidos sólo están esperando procesos civiles relacionados con su estatus migratorio”, agregó Stiegler.

Luego de que la ACLU se integró a la demanda contra DHS, las autoridades transfirieron a 100 detenidos a otro centro de detención, lo que solucionó el problema de sobrepoblación.

“La garantía constitucional de proceso justo es aplicable a cualquier persona que esté dentro de este país, no sólo a ciudadanos norteamericanos”, dijo Gouri Bhat, abogado líder del proyecto nacional de Prisiones de ACLU.

Según Bhat, este acuerdo con DHS y CCA hará que ambas instancias se rijan por sus obligaciones constitucionales de dar condiciones seguras y humanas a los detenidos.

Esta demanda es una de las primeras de este tipo en el país, y podrían resultar en una serie de cambios importantes en las condiciones de detención de miles de personas detenidas en cientos de centros de detención en todo Estados Unidos.

De ser aprobado en la corte, el acuerdo con ACLU garantiza que CCA será obligado a demostrar –al menos tres veces antes de enero del 2009, que ha mantenido el centro de Otay sin sobrepoblación en sus celdas.

“Este acuerdo es un paso hacia la justicia para un grupo de personas que son particularmente vulnerables, que no tienen derecho a un abogado de oficio”, dijo David Blair-Loy, director legal de la fundación de ACLU en San Diego y el Valle Imperial.

“Detener a estas personas en lugares sobrepoblados e inseguros por meses y años es perverso, inhumano y por ningún motivo debe ser aceptable”, agregó.

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