January 18, 2008

México del Norte
Por Jorge Mújica Murias

Hecha la ley…

A dos semanas de entrar en vigor la ley que penaliza fuertemente a los patrones que contraten trabajadores inmigrantes indocumentados en Arizona, los resultados son… cero a cero.

Según reporta el diario Arizona Republic, lo único que realmente aumentó por la ley fue la ansiedad, pero pocos fiscales del estado han recibido quejas por el empleo o supuesto empleo de indocumentados. La ley autoriza al estado de Arizona a quitarle las licencias de negocios a los patrones, lo cual es un agregado a al ley federal que de por si prohíbe la contratación de una persona a sabiendas de que es indocumentada.

Pero la mayoría de los fiscales no han recibido ni una sola queja, a pesar de las amenazas de los grupos anti inmigrantes de que iban a denunciar a todos los trabajadores indocumentados y los iban a obligar a abandonar Arizona. El fiscal general del estado reporta la fabulosa cifra de… una acusación.

Por el contrario, todos reportan que no hay reportes. En el condado de La Paz, el fiscal Martin Brennan dice que ni siquiera ha visto alguna nota al respecto en el periódico, y el fiscal del Condado de Navajo Melvin Bowers Jr., se dice incluso sorprendido: “Supuestamente era un gran problema”, dice, pero en este rincón del mundo no lo es”. Ni lo es para 10 de los 15 condados del estado, que reportan que no hay reportes de nadie empleando indocumentados.

Arizona tiene, supuestamente, cerca de medio millón de indocumentados, y descontando ancianos y niños, podríamos fácilmente suponer que la mitad trabaja. Aunque algunos ya hayan hecho las maletas para venirse a Chicago a alguna otra ciudad sin leyes tan bestias, podríamos suponer que a estas alturas ya debía haber algunas decenas de miles de reportes.

Pero a la mejor es simplemente que la razón se apoderó de los residentes de Arizona. Si reportan a la gente y los indocumentados se quedan sin trabajo, los gringos se quedarán sin meseros, cocineros, jardineros, nanas, lavaplatos, mensajeros, choferes y trabajadores agrícolas, o sea que cada comensal tendrá que lavarse los platos después de haberse servido su propia comida, que a la mejor estará medio quemada o media cocida, porque la habrán tenido que cocinar ellos mismos.

… hecha la injusticia

Pero hay excepciones, por supuesto. El Condado de Pima, donde está Tucson, la segunda ciudad más grande Arizona, ya recibió… una queja. Los condados de Mohave y Yavapai reportan… tres quejas.

Pero en el reino de Arpaio, Condado de Arpaio, antes conocido como Maricopa, sede de la oficina del racista Alguacil Joe Arpaio, supuestamente ha habido “cerca de 500 casos potenciales desde el verano pasado”.

Y deben ser, efectivamente, “supuestos casos potenciales”, bien o mal supuestos, y potencialmente bien potenciales, pero en el papel no ha habido tampoco un solo caso legal. Eso se deduce de las declaraciones del Cherife Arpaio, de que “no tiene idea de cuántas ha habido”. Si hubiera habido, del verbo “hubierar”, seguramente el sherife ya lo sabría.

Entre las denuncias reales en otros condados, fuera de Arpaiolandia, en Yupavi se denunció a dos compañías de construcción y a un hotel, y en hubo dos quejas de agencias temporales y una de un taller mecánico.

Pero como quiera que sea, los fiscales estatales acordaron no hace ninguna demanda legal hasta que llegue febrero, porque las investigaciones les llevarán semanas cada una. Además, la demanda federal contra la ley sigue pendiente en la corte.

Ante el fracaso de la ley, Arpaio sugiere que los mismos policías hagan los reportes cuando anden por las calles y se metan a los negocios. Ante la sugerencia, los patrones que ya de por si estaban con los pelos de punta, ahora están parados de pestañas, porque temen que cualquier inspector de higiene o de venta de licores o de tabaco se convierta en un agente de la migra.

Arpaio no inspira mucha confianza, digamos, ni siquiera en el fiscal de su propio condado. Andrew Thomas dice que ni siquiera le harán caso a las demandas anónimas, y los comerciantes están de acuerdo con él, porque podrían prestarse a denuncias por revancha o de clientes insatisfechos y, eventualmente, a una aplicación injusta de la ley.

De hecho, la gobernadora Janet Napolitano pidió al congreso estatal eliminar de la ley las quejas anónimas en su informe anual.

Para rematar, la razón se impuso también en contra del uso del famoso E-Verify, el programa que permite verificar en minutos el estado migratorio de un trabajador vía Internet, aunque su uso deja libre de culpa al patrón que haya contratado indocumentados: solo 14,707 de los 150 mil patrones de Arizona lo están usando.

Como quien dice, la peor ley del país contra los inmigrantes indocumentados vale para dos cosas, y ninguna vale la pena ponerla aquí con todas sus letras…

Contacto Jorge Mújica Murias at mexicodelnorte@yahoo.com.mx

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