February 1, 2008

Ciudadano inocente detenido y torturado por error

Por Luis Alonso Pérez

El pasado 17 de enero Tijuana vivió uno de los más cruentos episodios en la guerra contra el crimen organizado, cuando tan solo 4 sicarios del cártel Arellano Félix se enfrentaron a tiros con cientos soldados y agentes federales por más de 3 horas.

Además de hacer evidente el clima de violencia que aqueja a la ciudadanía, este incidente dejó ver un aspecto negativo de la militarización de la seguridad pública, cuando un hombre inocente fue detenido sin orden de aprehensión y torturado por agentes federales que sospechaban que se trataba de un delincuente.

La detención

La mañana del lunes 17 Antonio Martínez Zarzoza se encontraba tranquilo en su casa cuando escuchó un intercambio de balazos a corta distancia. Aterrado, Martínez se escondió en su baño hasta que horas después dejó de escuchar las detonaciones.

Al salir de su escondite notó que balas habían atravesado ventanas y paredes de su hogar, mientras salía a la calle para averiguar que es lo que había pasado, sólo para encontrar su cuadra atestada de agentes de seguridad pública.

Fue entonces cuando un grupo de agentes federales comenzaron a cuestionarlo sobre el incidente del cual no había sido testigo. El vecino se identificó y explicó que su única relación con el incidente era la cercanía de su domicilio.

Los agentes desconfiaron de Martínez y decidieron entrar a inspeccionar su domicilio. En su interior encontraron un rifle de municiones que tenía desde la adolescencia, así como un viejo rifle de caza calibre 22, arma permitida por las autoridades mexicanas.

Este hallazgo provocó su detención y rápido trasladado a la ciudad de México.

Durante su detención Martínez Zarzoza fue interrogado y golpeado en repetidas ocasiones por agentes policiacos.

“Estaban todos alterados, me tomaron como si fuera uno de los agresores y siempre me trataron como tal”, expresó la víctima durante una reunión con los medios tijuanenses posterior a su liberación.

“Estaba en una situación que no lo podía creer… es un sentimiento de impotencia total el que en ese momento no hubiera nadie que abogara por mi”.

A los cinco días de su detención, se comprobó la inocencia de Martínez Zarzoza y fue puesto en libertad.

A pesar de su detención injustificada y el evidente abuso de autoridad del que fue víctima, el vecino inocente no recibió ningún tipo de reparación por el daño que le generaron e incluso tuvo que pagar su propio boleto de avión a casa.

Por el momento Martínez Zarzoza no tiene claro si va a interponer una demanda contra las autoridades. Hasta ahora ha concentrado sus esfuerzos en recuperarse y reintegrarse a su vida normal.

La denuncia

A su regreso a Tijuana la familia de Antonio Martínez organizó una rueda de prensa, donde acompañado por defensores de los derechos humanos, dio a conocer su lamentable incidente.

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, fue uno de los activistas que acompañó a la víctima.

“En medio de una lucha contra las drogas el Estado ha dicho que van a haber víctimas y muertes” sostuvo el humanista “pero ahora estamos viendo que las víctimas también somos los ciudadanos inocentes, al estarnos poniendo en un estado de riesgo, ya que esta guerra parece no distinguir quienes están involucrados y quienes no tienen absolutamente nada que ver”.

Clark explicó que la guerra contra las drogas entró en un proceso de militarización en 1996, pero ahora con la entrada del presidente Calderón los militares comenzaron a tomar un papel protagónico, mientras que los policías federales, estatales y municipales un papel periférico.

“Como defensor de los derechos humanos no estoy de acuerdo en su participación en el combate al crimen organizado” opinó Clark Alfaro, quien recuerda los lamentables incidentes en los que se ha visto envuelto el ejército en otras partes de país.

“Los bajacalifornianos no tenemos todavía experiencias de violaciones graves a los derechos humanos como en Sinaloa, donde una familia fue acribillada en un retén militar, o en Coahuila con la violación de 14 trabajadoras sexuales”.

El defensor de los derechos humanos consideró como riesgoso una permanencia a largo plazo de los militares, ya que esto puede crear un estado de excepción, en el que el Estado suspenda el libre ejercicio de algunos derechos fundamentales de los ciudadanos con el objetivo de reestablecer el orden social.

“Nos queda muy claro que la sociedad harta de la violencia apoya esta participación y tampoco vamos a ir en contra de una opinión generalizada” sostuvo, “pero cuando ellos (soldados) cometen violaciones a los derechos humanos son muy difíciles de castigar y generalmente quedan con total impunidad”.

Para evitar irregularidades de este tipo es necesaria una fiscalización estricta de la sociedad civil de la participación del ejército, el problema es que el ejército tiene estructuras que no permiten su supervisión ciudadana.

Ante esta difícil realidad, Antonio Martínez expresó “es hora de que reflexionemos que podemos hacer e intentar rescatarnos como sociedad. No debemos permitir que se cree una psicosis, no es un estado natural en el que uno se debe desenvolver cada vez que sale a la calle”.

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