August 15, 2008

Protestan asesinatos de activistas

Exigen a empresa petrolera que aclare su participación en crímenes de sindicalistas ocurridos en Colombia.

Por Eduardo Stanley

LOS ÁNGELES — Miembros del sindicato United Steelworkers (USW), que agrupa a casi un millón de personas de varias ramas industriales de Estados Unidos, Canadá y el Caribe, activistas comunitarios y diferentes organizaciones, marcharon el 22 de julio frente a las oficinas centrales de Occidental Petroleum en esta ciudad por su posible participación en acciones ilegales y hasta asesinatos en Colombia.

“Las empresas que operan en las áreas de conflicto no deberían contribuir (...) al abuso contra los derechos humanos”, dijo Terry Bonds, director del Distrito 12 del USW. Sin embargo, esa es la acusación contra la empresa petrolera. “Occidental Petroleum violó los derechos humanos de la comunidad indígena U’wa ya que invadieron su territorio para construir un oleoducto”, explicó Gerardo Cajamarca, miembro de USW.

Según la organización Amnistía Internacional, muchos de los abusos contra los derechos humanos realizados por grupos paramilitares —de extrema derecha y cercanos al ajército— han ocurrido en áreas y comunidades que lindan con el gasoducto Caño Limón de Occidental Petroleum.

Los activistas mencionan también el supuesto apoyo económico y logístico prestado por la compañía a la 18 Brigada del Ejército colombiano, que ha cometido numerosos abusos contra los derechos humanos, entre ellos el asesinato de tres líderes sindicales en agosto de 2004.

Existen pruebas de que la Brigada, que ayuda a proteger el oleoducto Caño Limón de la empresa, sigue instigando y secundando a los grupos paramilitares, segun los sindicalistas.

“Al menos 40 por ciento de los congresistas actuales de Colombia tenían o tienen conexión con los paramilitares”, asegura Cajamarca. “La empresa Chiquita Brands reconoció haber ayudado a esa organización, como lo han hecho otras”.

Debido a que muchas de estas compañías son de origen estadounidense, su influencia en Washington afecta la política del país respecto a América Latina.

De acuerdo a Cajamarca, Occidental Petroleum abogó intensamente en Washington por la implementación del Plan Colombia, supuestamente destinado a combatir el narcotráfico en ese país pero que, dice, tiene un fuerte impacto en la guerra civil que vive Colombia desde hace décadas.

Por medio del Plan Colombia, Estados Unidos dedica decenas de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para fumigación de zonas de cultivo de coca, entrenamiento y equipo militar, y tareas de “inteligencia” —que para muchos es simple espionaje, incluyendo a paises extranjeros. Por ejemplo, Estados Unidos provee información de inteligencia al ejército colombiano en su lucha contra la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Durante la protesta realizada en Los Angeles, los activistas pidieron a los congresistas en Washington no aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, mismo que apoyan empresas como Occidental Petroleum, “empresa que además es antisindical”, afirma Cajamarca.

La directora de comunicaciones y relaciones públicas de Occidental Petroleum no respondió el pedido de una entrevista sobre estas acusaciones.

La fecha de la protesta en Los Angeles se seleccionó también para difundir las actividades del Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Colombia (TPP), entonces reunido en Bogotá.

Los más de 3.200 delegados y organizaciones realizaron cuestionamientos a gobiernos y corporaciones internacionales por abusos laborales y a los derechos humanos. Por ejemplo, se expuso a empresas como Occidental Petroleum, British Petroleum, Coca-Cola, Nestlé y Chiquita Brands International por su presunta participación con las fuerzas de seguridad colombianas y los grupos paramilitares en silenciar y algunas veces asesinar a sindicalistas y activistas comunitarios.

Al finalizar las sesiones el 30 de Julio, el TPP adoptó un dura posición respecto al accionar de numerosas empresas en Colombia, a las que acusan de ser responsables de actos violentos contra comunidades indígenas y contra organizaciones y activistas sociales y sindicales.

Si bien las resoluciones del TPP son simbólicas, influyen en el accionar de numerosas organizaciones de base y activistas independientes, además de proveer de un foro público para denuncias de abusos del poder.

”Siete de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos”, dice Cajamarca, quien explica que estos crímenes son cometidos principalmente por grupos paramilitares. Desde 1991, más de 2.300 sindicalistas han sido asesinados en Colombia.

”Confiamos en el apoyo de la opinión pública para cambiar la situación de guerra en Colombia”, afirma Cajamarca. “No somos ingenuos, somos optimistas de que lo lograremos”.

Contacto Eduardo Stanley at nuestroforo2001@yahoo.com

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