April 25, 2008

El General Polito da golpe contra la corrupción

Por Mariana Martínez

Al menos 41 elementos de agencias de seguridad pública de Baja California han sido señalados por nombre y apellido, como colaboradores del crimen organizado y responsables de docenas de crímenes que van desde asesinatos a mandos policíacos, secuestros, protección de delincuentes hasta manipulación de pruebas y liberación de narcotraficantes.

El señalamiento lo hace el general Sergio Aponte Polito, a cargo de los militares en Baja California, a través de una carta dirigida a los medios de la región, en un hecho inusitado, que ha causado una gran indignación entre la ciudadanía.

La carta es la respuesta del General Polito a la declaración del Procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreño Manjarrez, que apenas el lunes 14 de abril pasado pidió “sí, que el general Polito señale, pero que también de pruebas contundentes”.

Las llamadas “pruebas contundentes” llegaron en la forma de una carta a los medios, en la que el General Polito relata al menos 16 hechos delictivos de alto impacto, incluyendo el intento de asesinato del jefe de la policía de Rosarito y la obtención del cuerpo de uno de los hombres de los Arellano Félix, que murió en un accidente de helicóptero durante la carrera Baja 1000.

“…Una persona que se identificó como Miguel Cortez Nuno y ser subinspector de la PFP División Caminos, pidió a las autoridades del fuero común, que le liberaran el cuerpo de Pablo González G., quien meses después las autoridades federales confirmarían que se trataba de Merardo León Ginojosa (a) “El Abulón” [conocido operador del cártel de los Arellano Félix]”, dice Polito.

En la carta se habla de al menos 16 incidentes en los que están directamente involucrados policías ministeriales, agentes de policías municipales de Mexicali, Rosarito y Tijuana, además de agentes de la Agencia Federal de Invstigaciones (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Además de los asesinatos y rencillas, Polito cita casos de secuestros a manos de los propios agentes, alteración de evidencias contra detenidos, modificaciones de escenas de crímenes, cobro de cuotas por protección a “tienditas” de droga, “polleros” y ladrones de bancos.

Incluso menciona la práctica de obtener autos con reporte de robo en Estados Unidos presentarlos en la Unidad de Robo de Vehículos de Tijuana, donde de manera ilegal se extiende una constancia de no robo, aún cuando estos cuenten con el reporte respectivo en el extranjero, “legalizándolos” en el país.

Aponte Polito aclaró que mucha de la información plasmada en la misma es producto de revelaciones hechas por miembros del crimen organizado detenidos el flagrancia por el propio Ejército además de al menos 2 mil denuncias ciudadanas.

Miembros del sector empresarial del estado están pidiendo la renuncia de Rommel Moreño, mientras el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, ha respondido que éste continuará en su puesto.

Respecto a los nombres ofrecidos por el General, Osuna dijo simplemente que se ha turnado la investigación al departamento de investigaciones internas y que por el momento no hay arrestos ni suspensión alguna.

Mientras que en los foros del periódico local Frontera, los lectores, como muchos ciudadanos, se preguntan por qué si se tenía esta información, ésta no se ha derivado en ningún arresto o separación del cargo.

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