October 5, 2007

Un nuevo recurso legal de las madres latinas en su lucha por la educación

Por Carolyn Ji Jong Goossen
New America Media

HAYWARD — “¿Conocen la antigua leyenda sobre pueblos que lanzan los bebés a una hoguera, y el que sobrevive llega a ser un gran guerrero?” pregunta Maribel Heredia. “Eso es lo que pasa cuando enviamos a nuestros hijos al Distrito Escolar Unificado de Hayward. Nuestros hijos están destinados a fallar”.

A Heredia no se la reconocería fácilmente como una apasionada activista. Tiene 42 años, apenas mide cinco pies, y conduce una miniván familiar de color negro. Pero tiene facilidad de palabra y una sonrisa traviesa que revela sus dotes como activista social.

Heredia pertenece a un grupo adhoc de madres en la ciudad de Hayward que se ha dado a la tarea de abogar por los estudiantes latinos, muchos de los cuales son inmigrantes recientes.

Durante años, muchas de estas madres han estado solicitando a sus respectivas escuelas más recursos y apoyo, pero siempre se las había ignorado. Ahora ellas cuentan con una nueva arma legal para la movilización pública que les da la capacidad de influir en el sistema escolar.

El arreglo judicial conocido como “Williams Settlement”, que adquirió carácter de ley cuando se firmó en septiembre del 2004, se derivó de una demanda judicial presentada en nombre de miles de estudiantes de las escuelas públicas de California, a los cuales se les había negado los medios básicos necesarios para hacer efectivas las oportunidades educativas.

Un reporte reciente de la Fundación ACLU del Sur de California y de la organización Public Advocates revela que el arreglo judicial ha mejorado el acceso de los estudiantes de California a libros de textos suficientes, escuelas limpias y seguras, y maestros calificados. Sin embargo, otro de los beneficios del arreglo es que ha posibilitado que las cabezas de familia, sobre todo las madres latinas, tengan una influencia más directa en las escuelas de sus hijos.

“Williams es un paso importante —es como plantar un rótulo que dice que no podemos ignorar a estos muchachos”, dice John Affeld, abogado de la organización Public Advocates, uno de los co-demandantes en el referido juicio.

El arreglo “Williams” establece que las escuelas son responsables de proporcionar esos medios educativos fundamentales, y asigna casi mil millones de dólares para implementar los cambios. El arreglo también incluye un procedimiento muy completo que las cabezas de familia pueden usar cuando las condiciones de las escuelas impiden el acceso de sus hijos a un ambiente positivo de aprendizaje.

De todos los grupos en California (incluyendo categorías como “de bajos ingresos”, “latinos”, y “afro-americanos”), los estudiantes de inglés como segunda lengua son los más afectados drásticamente por las malas condiciones de las escuelas. El ochenta y cinco por ciento de estos estudiantes son hablantes nativos de español, y residen en comunidades de bajos ingresos. Sin embargo, poco a poco las cabezas de familia –especialmente las madres– han empezado a usar el “Williams Settlement” como un instrumento efectivo en sus esfuerzos por conseguir una educación de alta calidad para sus hijos.

El grupo de madres de Hayward se organizó inicialmente para protestar el cierre de las escuelas que se estaba implementando en el distrito el año pasado. Entonces, al leer unos anuncios en sus escuelas, se enteraron de la existencia del ‘Williams Settlement”.

“Antes, (el distrito) solo tenía una demanda a la cual responder”, dice Aracelli Orozco, una de las madres de Hayward. “Entonces presentamos 45 demandas adicionales”, agrega, las cuales denunciaban desde maestros no calificados hasta aulas sin calefacción o servicios en pésimas condiciones higiénicas. Orozco, Heredia y otras dos madres mexicano-americanas juntaron toda una serie de quejas presentadas por familias de todo el distrito. Armadas con teléfonos celulares y cuadernos para tomar notas, ellas se encargaron de observar las condiciones de las escuelas locales y les enseñaron a otros jefes de familia como hacer lo mismo”.

El “Williams Settlement” les permite a los padres y madres de familia presentar solicitudes y demandas escritas en español , y requiere que el distrito les responda en el mismo idioma. También les da la posibilidad a los jefes de familia que son indocumentados de tomar parte en los procesos cuando son repre-sentados por otras madres.

“No conozco ningún otro recurso que sea como el proceso ‘Williams’, que obliga (al distrito) a dar una respuesta escrita en 30 días”, dice Heredia. “Es un excelente punto de partida, porque cuando los padres y madres ven, ‘¡Me respondieron en 30 días!’ , eso tiene un efecto de dominó. Les da a los padres y madres de familia un sentimiento de poder, y empiezan a investigar otros aspectos del sistema educacional, y lo que descubren no es correcto.”

Las madres en comunidades aisladas como la del Valle Central también usan Williams como una herramienta legal para ayudar a resolver un problema con el que han estado lidiando por años: el agua contaminada en las fuentes o bebederos de las escuelas.

Elvira Godínez, de 38 años, tiene 3 hijos en las escuelas públicas de Huron, una comunidad al suroeste de Fresno. Frustrada por la falta de atención de parte del maestro de uno de sus hijos, ella se juntó con otros padres y madres hispanos y se reunieron con el director. “Él me dijo que (nuestros hijos) tenían un nivel bajo porque nosotros (los padres y madres) no teníamos educación. Entonces qué podíamos esperar?” “Yo le dije que estaba consciente de que no tenía mucha educación, pero que yo quería algo mejor para mi hijo, y que yo quería que él tuviera mejores condiciones para aprender”.

Este tipo de tratamiento de parte del director motivó a la señora Godínez a organizarse. Entonces fue que se dio cuenta que existía el “Williams Settlement” , y la importancia de esta herramienta legal para resolver los problemas de salud en la escuela de su hijo – especialmente el agua amarilla que salía de las fuentes o bebederos, a menudo con trocitos sólidos flotando.

La comunidad expresó su preocupación ante el director y los maestros de la escuela. Muchos de los maestros les decían a los estudiantes que no bebieran esa agua. Pero los administradores se negaban a admitir el problema.

Los padres y madres de familia creían que no contaban con ningún recurso legal, hasta que averiguaron que existía el “Williams Settlement’”. Así que empezaron a hacer inspecciones en la escuela y a colectar muestras de agua. La organización Public Advocates (la firma legal de interés público que fue co-demandante en el juicio Williams) consiguió evidencia científica que demostraba que el agua estaba contaminada con altos niveles de plomo y un carcinógeno llamado TTHM.

El distrito presentó una solicitud a través del Programa de Reparaciones de Emergencia –uno de los resultados del William Settlement– para reparar las tuberías de agua de la escuela.

Para Godínez y los otros jefes de familia, ésta fue una importante victoria. El procedimiento Williams no solo reafirma la responsabilidad de la escuela ante los padres y madres de familia, sino que también les ayuda a estos últimos a construir el poder político que necesitan para hacer que la escuela responda a sus preocupaciones.

La relación de la señora con el director de la escuela ha cambiado desde aquella primera conversación. “Ahora él sabe quién soy, y me trata con respeto. Y por mi parte, ya no le temo”.

Pero Williams no es una solución para todos los problemas. “Williams establece una marca, y establece que no se puede descender a ‘condiciones que golpean la conciencia’, pero no trata con muchas de las condiciones subyacentes de estas comunidades”, dice la profesora Patricia Gándara, co-directora del Proyecto para los Derechos Civiles, de UCLA.

Al fin y al cabo, Williams no va a crear igualdad de oportunidades educativas, pero es un primer paso.

En Hayward, durante una reciente reunión de padres y madres de familia, Laura Arteaga, que tiene cuatro hijos, saca un documento de su bolso. Son los resultados del test STAR: él recibió una calificación menor de Básico en inglés, y solamente Básico, en matemáticas. A ella eso le preocupa mucho, y se siente frustrada: ha pasado una semana desde que empezó la escuela, y su hijo todavía todavía está con una maestra sustituta. Aparentemente, el maestro de planta no ha regresado de sus vacaciones de verano.

La señora Heredia le recomienda que haga una solicitud a través de “Williams”. “No hable con el subdirector”, dice ella con firmeza, “haga una demanda ‘Williams’”.

Para más información sobre el arreglo judicial Williams (Williams Settlement) y sobre el procedimiento a seguir para presentar una demanda o queja, favor llamar a la organización Public Advocates al teléfono 415-431-7430.

También puede bajar el folleto sobre el proceso Williams aquí mismo, en inglés y español.

Para obtener este artículo en español, por favor contacte a Amanda Martinez a: amartinez@newamericamedia.org o www.newamericamedia.org.

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