May 25, 2007

Derechos humanos detrás de las rejas: Trabajando para humanizar el sistema penitenciario de Baja California

Por Luis Alonso Pérez

Por muchos años las cárceles de Baja California han dejado de cumplir con la función de readaptar delincuentes y reinsertarlos exitosamente a la sociedad. Al contrario, para muchos presos se han convertido en un simple lugar de reclusión al que regresarán en repetidas ocasiones durante su vida sin lograr convertirse en ciudadanos de bien.

Si la sociedad bajacaliforniana desea lograr una verdadera readaptación y reducir el índice de reincidencia, debe generar empleos y proveer educación para los internos de los centros penitenciarios afirmaron defensores de los derechos humanos durante el noveno congreso nacional extraordinario de la federación mexicana de organismos públicos de derechos humanos efectuado en la ciudad de Tijuana.

La reunión llevó el título “Prisión preventiva en cárceles, desde la perspectiva de los derechos humanos”. Su objetivo principal fue analizar profundamente y desde una perspectiva humanista el sistema penitenciario nacional, integrando a la discusión las causas de los altos índices de delincuencia, la reincidencia criminal y las propuestas para mejorar el sistema de readaptación social de las cárceles.

De acuerdo con el Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona, en las prisiones del estado existen alrededor de 17 mil internos, en su mayoría cumpliendo condenas por delitos pequeños de tipo patrimonial como robos o asaltos.

Cerca del 50 por ciento de los hechos delictivos son efectuados por jóvenes de 18 a 30 años y tienen que ver con la pobreza, la falta de oportunidades y en ocasiones la adicción a las drogas explicó Sánchez Corona.

El problema en Baja California, es que las políticas de combate a la delincuencia no ha reducido significativamente los índices delictivos, provocando un grave problema en los centros penitenciarios, como una sobrepoblación que rebasa el 100 por ciento de su capacidad y consecuentemente el hacinamiento y atención inadecuada.

Por si fuera poco, la ineficiencia de los modelos de reformación genera graves problemas en la sociedad, ya que no ofrecen trabajo remunerado, educación y capacitación, condiciones establecidas por la ley que no son cumplidas en su totalidad en los centros penitenciarios del estado afirmó el Procurador de los Derechos Humanos de Baja California.

“Eso viene a generar un problema hacia la sociedad, en virtud de que salen y no tienen oportunidades de trabajo por tener antecedentes y se reciclan. Los internos que son sentenciados vuelven a delinquir y se vuelven reincidentes por una, dos y hasta diez veces.

Como consecuencia se genera un problema mayor en la sociedad, que debe ser combatido con estrategias que comprendan programas de prevención del delito enfocados desde la infancia y el combate a los problemas estructurales que generan la delincuencia como la pobreza, la falta de oportunidades y la educación.

Lo anterior es una de las posturas adoptadas por los participantes de la reunión de humanistas, en la que se efectuaron ponencias de expertos en los derechos humanos de todo el país.

En su intervención titulada “Los derechos humanos en el ámbito carcelario” el Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona, explicó que las cárceles deben contemplar la implementación de programas educativos y de empleo para los internos, no solo para lograr una readaptación social efectiva, sino porque es un derecho establecido por el artículo 18 constitucional, la cual establece que como obligación del estado generar trabajo remunerado, educación y capacitación a los internos de centros penitenciarios.

Sánchez Corona expuso que el trabajo también ayuda a la integración familiar, ya que existen alrededor de 17 mil internos en Baja California y el 95 por ciento lo comprenden hombres jefes de familia.

Los defensores de los derechos humanos han realizado propuestas al gobernador para que se generen los estímulos y la seguridad necesaria para generar las fuentes de empleo, también han platicado con grupos de empresarios interesados en invertir en la producción dentro de los centros de readaptación social, quienes han manifestado su disposición para generar fuentes de empleo en las cárceles del estado con las condiciones que establece la ley.

Las propuestas también fueron realizadas al secretario de seguridad pública del estado, responsable de los centros penitenciarios de Baja California, pero hasta el momento no han acordado en el inicio de este tipo de proyectos.

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