February 2, 2007

Regresan armamento a policía municipal

Por Luis Alonso Pérez

El sábado 27 de enero la Procuraduría General de la República (PGR) devolvió la totalidad de las armas que había incautado a la Policía Municipal, como parte de las investigaciones iniciadas a partir del arranque del  operativo Tijuana.

Las armas fueron retiradas el 4 de enero para ser sometidas a pruebas de balística, con el fin de determinar si alguna de las armas de fuego se ha visto involucrada en actividades ilícitas, ya que las autoridades federales han detectado que existe corrupción, así como una penetración del crimen organizado en las corporaciones policíacas en la región.


Las 2,130  armas de fuego fueron entregadas el pasado 27 de Enero.

Después de 22 días de incertidumbre para la comunidad, en los que las amenazas a agentes policíacos eran frecuentes, así como linchamientos a delincuentes por parte de habitantes de las colonias marginadas, que ante la incapacidad de la policía municipal de atender las llamadas de emergencia, no encontraban otra solución que tomar la ley en sus propias manos.

Entregan Armamento

Las 2,130  armas de fuego fueron entregadas la mañana del sábado, a pesar de que se tiene conocimiento de que la revisión del armamento concluyó hace dos semanas, afirmó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Javier Algorri Franco.

“Nosotros queremos pensar que si se devolvieron el 100 por ciento de las armas es porque no hubo problema alguno, sin embargo será la PGR quien determine si hubo un uso inadecuado del armamento.”

Algorri Franco anunció que enviarán un escrito a la PGR, en el que se solicitará que les informen sobre los resultados de la investigación, para determinar finalmente si alguna de las armas tuvo un uso inadecuado, y de no ser así, lo den a conocerlo a la comunidad, ya que las investigaciones generaron incertidumbre en la población.

De la misma forma exhortó a las autoridades federales a que realicen esa misma investigación a las corporaciones policíacas del estado y la federación, ya que de lo contrario “me haría pensar que la justicia no es pareja y no se está actuando de forma adecuada”.

El Secretario de Seguridad Pública opinó que no fue adecuado el mecanismo de la revisión de las armas y que fue desafortunado que por 22 días se haya dejado desarmada la corporación, ya que esto afectó severamente la seguridad de la población.

“Del 4 al 24 enero detuvieron a 11 mil individuos, pero según el promedio de detenciones del año pasado se hubiera podido detener a más de 30 mil” expuso Algorri.

A la merced de la delincuencia

Por 22 días los policías patrullaron la ciudad desarmados, lo cual limitaba su capacidad de respuesta. Como consecuencia, 5 policías fueron lesionados por delincuentes al no poder responder apropiadamente a las agresiones.

Como una forma de protesta silenciosa por parte de algunos elementos que temían por su seguridad, alrededor de 100 agentes habían portado resorteras en las fundas de sus pistolas. 

Durante su desarme los policías recibieron numerosas amenazas de muerte a través de la frecuencia de radio por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, así como una amenaza de bomba a una de las subestaciones de policía.

Algunas de las amenazas fueron cumplidas, ya que la casa de un policía fue baleada y a principios de esta semana el automóvil en el que viajaba el jefe de escoltas del alcalde, Jorge Hank Rhon, fue disparado 37 ocasiones. 

El año pasado los policías de Tijuana fueron víctimas de numerosos ataques que pusieron fin a la vida de 14 agentes municipales. 

La incapacidad de los policías de poder atender violencia en las colonias desató una ola de linchamientos en las colonias marginadas de la ciudad, de parte de vecinos que al no recibir auxilio en casos de robos o asaltos decidían tomar la ley en sus propias manos y en grupos  numerosos realizar las detenciones violentamente.

Violación a los derechos

El Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona, denominó como lamentables los hechos violentos que surgieron como consecuencia del desarme, así como la privación del derecho constitucional de la seguridad pública que sufrieron los ciudadanos de Tijuana.

El defensor de los derechos humanos consideró como desafortunada la intervención del ejército en acciones de las autoridades policíacas civiles, ya que es una labor que no le compete a las fuerzas armadas.

“Los servicios de seguridad pública municipal, estatal y federal son para prevenir los delitos. El ejército tiene sus funciones debidamente delimitadas en la constitución y por lo tanto no debería estar interviniendo en este tipo de acciones” expresó Sánchez Corona, quien exhortó a los ciudadanos de ambos lados de la frontera que sientan que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos a realizar una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.

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