August 10, 2007

Luchando contra la violencia intrafamiliar y la delincuencia juvenil en Baja California

Por Luis Alonso Pérez

A principios de esta década Baja California se perfilaba como uno de los estados con mayor índice de violencia intrafamiliar del país.

El cuarenta y siete por ciento de los hogares en el estado había sufrido algún episodio de violencia intrafamiliar y la autoridad responsable de recibir las denuncias y procurar justicia no contaba con personal capacitado y sensibilizado adecuadamente para atender dichos casos.

Encima de todo el marco legal no estaba diseñado para combatir esta problemática con la sensibilidad y la efectividad necesaria para disuadir las conductas delictivas en estos grupos vulnerables.

Fue hasta que la comunidad en su conjunto se dio a la tarea de analizar la problemática y exigir y proponer soluciones a los actores políticos, al mismo tiempo que tomaba conciencia de la gravedad de esta problemática y sus consecuencias sociales.

Ahora Baja California dejó de ocupar los primeros lugares en casos de violencia intrafa-miliar y descendió hasta el penúltimo lugar.

Como parte de los esfuerzos por aminorar este mal social, la Procuraduría de Justicia de Baja California inauguró el Centro Integral de Atención a Mujeres, Adolescentes, Niños y Niñas, mediante el cual busca brindar una atención especializada y sensible a estos grupos vulnerables.

El nuevo centro alberga a la agencia especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar; la agencia de ministerio público para adolescentes y la dirección de atención a víctimas del delito.

Se busca que los 70 servidores públicos que ahí laboran brinden a la comunidad servicios médicos, psicológicos, legales y de trabajo social, además de que generen investigaciones a cargo de agentes dedicados a la atención especializada de mujeres y menores.

El procurador de justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna informó que por desgracia los casos que involucran a mujeres y menores van a la alza, por lo que las autoridades deben estar listas en materia de prevención, asi como en la reacción y procuración de justicia.

“Sin duda el trabajo de este centro de atención es la respuesta a las exigencias de una gran cantidad de grupos organizados y ciudadanos, es la respuesta de esta fuerte y cada vez más noble institución para continuar enriqueciendo nuestro trabajo con un ob-jetivo muy claro de atención a las mujeres, los adolescentes, niños y niñas que son victimizados”.

Gabriela Navarro, directora del Instituto Estatal de la Mujer (INMUJER), aseguró que este centro es una de las mejores acciones de procuracion de justicia realizadas en tiempos recientes, ya que brinda confianza a mujeres y menores de que los servidores públicos conocen la problemática y brindan servicios adecuados.

Navarro sostuvo que en recientes años se han logrado grandes avances en materia de atención a víctimas y aplaudió la creación de fiscalías especiales y el Centro de Justicia Especial Para Adolescentes.

De la misma forma sostuvo que la violencia hacia las mujeres y la violencia intrafamiliar son problemas sociales mucho más sensibles que la violencia que se vive en las calles, por lo que aun falta mucho trabajo educativo por hacer, ya que con familias libres de violencia lograremos tener una sociedad más sana.

Una de sus propuestas es que programas de concientización como “Educar para la Paz” tuvieran una cabida permanente en los planes de estudios de las escuelas de nivel educativo básico de Baja California.

“Esto lograría reducir la incidencia delictiva en los menores, para que con el paso de los años no hubiera necesidad de estar creando más instancias gubernamentales para atender la problemática ni elaborar reformas a las leyes porque la sociedad ya habría cambiado” sostuvo Navarro.

“Puede sonar como un sueño, pero algún día puede ser posible”, agregó.

La directora de INMUJER sostuvo que el siguiente reto es crear una subprocuraduría de la mujer, asi como la creación de juzgados especializados, como una forma de complementar los esfuerzos de procuración de justicia en el estado.

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