April 27, 2007

Todos coludos…

México del Norte
Por Jorge Mújica Murias

Hace una semana, en una de tantas redadas que está llevando a cabo la migra, nueve inmigrantes sin papeles cayeron en sus manos en una base militar de San Diego. Según un vocero de la Migra, los compas fueron deportados inmediatamente, no solamente porque estaban ahí a un ladito de la frontera, sino por aquello de que las bases militares son lugares de altisisísima seguridad, y no está bien que se descubra que en estos lugares hay chambeadotes indocumentados.

La nueva estrategia de la Migra, ante la imposibilidad de agarrar a todos los indocumentados, y porque si lo hace la economía de Estados Unidos se iría al hoyo, se ha concentrado desde hace un rato en lo que le llaman las empresas “críticas”, las que tienen o han tenido contratos con instalaciones militares. La Migra audita los registros de personal y si encuentra indocumentados hace una redada.

En este caso, la redada fue en la compañía Classic Party Rentals, que tiene un contrato con la base aérea del Cuerpo de Infantes de Marina en Miramar, y que la Migra asegura que tenía 30 chambeadores sin papeles, aunque nomás encontró a nueve.

“Habían presentado documentos de residencia permanente falsos y la compañía nos dijo que no sabía que los documentos eran falsificados”, declaró el vocero de la Migra, y aprovechó el momento para señalar “el peligro que representan para la seguridad los documentos de identidad falsos”. Remataron diciendo que han detectado, en el último semestre, “la presencia de alrededor de 700 trabajadores que han utilizado documentos falsos de identidad para trabajar en bases militares y aeropuertos de San Diego”.

Es cosa de verborrea nada más, porque ni la Migra ni el gobierno de Bush ni Sensenbrenner ni nadie hasta la fecha, ha podido demostrar que un solo trabajador indocumentado en Estados Unidos represente o haya representado “un peligro” para nadie. Ni peligro de atentados terroristas ni de seguridad nacional ni de robos de identidad.

…O todos con contratos

Por eso llama la atención la importancia que le ponen a este tema en la propuesta STRIVE, ese adefesio de seguridad nacional que tiene capítulos que parece haber escrito Jim Sensenbrenner.

En su Título III, STRIVE establece cómo aplicar la Ley en cuanto a la contratación de trabajadores, y las multas y penas por no cumplirla. En la Sección 274A establece que es ilegal contratar, referir o subcontratar a un nuevo trabajador sin permiso de trabajo, igual que mantener en el empleo a un indocumentado, incluyendo a los contratados por medio de una tercera persona (contratista).

Luego dice que el Departamento de Seguridad Nacional puede exigirle cuentas al patrón en cualquier momento, patrón que además debe jurar cumplir con la ley. Si no cumple, cometerá perjurio, mentir bajo juramento, y le tocará tambo.

Los patrones se convertirán en agentes de la Migra, para verificar los permisos de trabajo, pasaportes, tarjeta biométrica del Seguro Social, licencia de manejo o tarjeta de identidad estatal, tarjetas de residencia emitida por Seguridad Nacional, tarjetas de autorización de empleo con fotografía, nombre, fecha de nacimiento, género y dirección, que sea infalsificable, y tarjetas especiales de Seguridad Nacional. Fácil. Cualquiera puede hacer eso.

Los trabajadores deberán declarar, también bajo juramento, su condición nacional o migratoria, y si los patrones los contratan sin verificar su permiso, serán castigados con 5 mil dólares por cada violación ó cárcel por no más de 3 años o ambas.

La verificación comenzará en las compañías “críticas” o las que tengan más de 5 mil trabajadores, después en las medianas, de mil a 5 mil trabajadores, y al final en las pequeñas.

Las penas civiles por incumplir con la Ley serán de 500 a 4 mil dólares por trabajador indocumentado; de 4 mil a 10 mil la segunda vez en 12 meses, y de 6 mil 20 mil por la tercera. Las penas criminales por violaciones consistentes serán de hasta 20 mil bolas por trabajador o cárcel por hasta 3 años, o ambas.

Y volviendo al punto, los patrones que violen la Ley no podrán tener contratos, donativos o acuerdos con el gobierno por 5 años. El cumplimiento verificado de la Ley será obligatorio para obtener estas prestaciones y/o licencias comerciales.

Si estas penalidades funcionan para unos, debían funcionar para todos.

A la mejor debemos aplicar de una vez algunas previsiones de la STRIVE. Por ejemplo éstas, y meter a la cárcel a algunos contratadores de indocumentados. Propongo que empiecen con los generales, coroneles o tenientes encargados de las bases militares que contratan indocumentados. Y de una vez acabamos con la guerra.

Al darse cuenta de que ni la guerra pueden hacer sin nosotros, a la mejor descartan la ley y se ponen, seriamente, a discutir el tema de la legalización para todos…


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