October 20, 2006

Violencia a periodistas en la frontera norte de México

Por Luis Alonso Pérez

El 25 de abril del 2005 Alfredo Jiménez, un reportero de Sonora desapareció días después de publicar una investigación sobre el crimen organizado en la región.

Ha pasado más de un año y Alfredo sigue desaparecido.

La semana pasada su familia recibió un reconocimiento por su valiente labor de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa durante su 62ava asamblea en la Ciudad de México.

Uno de los principales temas de discusión fue la violencia hacia los periodistas, particularmente en la región fronteriza del norte de México, considerada como uno de los lugares más peligrosos para practicar el periodismo. Más de 21 reporteros han sido asesinados y tres secuestrados en los últimos seis años.

Diana Daniels, presidente de la Sociedad dijo durante la ceremonia de apertura “no debemos permitir que los crímenes contra los periodistas que han perdido sus vidas en la trinchera de nuestra profesión permanezcan impunes. Los gobiernos y la opinión pública deben alzar sus voces para reclamar que se lleve ante la justicia a aquellos que han asesinado a periodistas”.

De acuerdo con Carlos Lauria, director del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), México, particularmente los estados fronterizos de la frontera norte se han convertido en una de las áreas más peligrosas para ejercer el periodismo en América Latina.

“Básicamente lo que está sucediendo es que al intensificarse el combate a los cárteles de narcotráfico, los periodistas que reportean sobre el tráfico de drogas y el crimen organizado han sido víctimas de ataques, al mismo tiempo que se genera una tendencia a la censura”.

Lauria y el CPJ han realizado una extensa labor de investigación en México. Han viajado a diversas ciudades fronterizas, incluyendo Nuevo Laredo, donde gatilleros atacaron las oficinas del diario El Mañana a balazos y con granadas de fragmentación.

También viajaron a Tijuana meses después del asesinato de Francisco Ortiz Franco, el editor del semanario ZETA, famoso por su profunda labor periodística de investigación del crimen organizado. Ortiz Franco fue disparado a quemarropa por dos sicarios enfrente de sus dos hijos.

Jorge Mendoza es un reportero joven de ZETA. Por su seguridad su nombre fue cambiado en esta nota.

Jorge ha realizado reportajes sobre el crimen organizado por un año y ahora comprende lo que otros periodistas han tenido que pasar y cómo han peligrado sus vidas cuando comienzan a publicar detalles sobre las actividades del crimen organizado.

“Cuando no dejas de publicar hay de dos: o te presionan más o te matan”, expresó.

Recientemente un compañero periodista le platicó que mientras trabajaba fue perseguido por un vehículo sospechoso, lo que se desenvolvió en una persecución de alta velocidad.

“Me comentó que estaba en shock. Traía su cámara, pero no es un arma, así que su única defensa fue su carro”.

Afortunadamente logró escapar, pero los 21 periodistas asesinados y los tres secuestrados no han sido tan afortunados.

La violencia ha hecho a los reporteros disminuir sus investigaciones de las actividades del crimen organizado y en algunos casos dejar de publicar el nombre de los reporteros por su propia seguridad.

Para Victor Clark, un reconocido defensor de los derechos humanos de Tijuana esto constituye un ataque a sus derechos humanos.

“Desde luego que esto es un ataque a su libertad de expresión, su derecho inherente a la vida y coarta su libertad. Algunos deciden autocensurarse y no tocar el tema, pero otros muy valientemente lo hacen”.

Esto puede parecer desafortunado, pero para Jorge Mendoza y otros periodistas mexicanos que informan sobre el crimen organizado, no publicar su nombre o disminuir sus investigaciones es su única forma de sobrevivir.

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