November 10, 2006

Activistas interpondrán una demanda contra Escondido por ordenanza contra indocumentados

Por Luis Alonso Pérez

El pasado 18 de octubre, los miembros del Concejo de la ciudad de Escondido aprobaron una ordenanza que prohíbe a renteros alquilar cualquier tipo de vivienda o propiedad a indocumentados o a personas que alberguen a individuos que no puedan comprobar su residencia legal en Estados Unidos.

Después de una serie de intentos fallidos por disuadir su aprobación, una coalición de organizaciones de los derechos civiles y despachos jurídicos, interpondrán una demanda contra la cuidad de Escondido para detener de forma temporal la entrada en efecto de dicha ley.

La decisión fue anunciada durante una rueda de prensa el viernes 3 de noviembre. Durante el evento los miembros de la coalición explicaron los motivos de su inconformidad y compartieron su postura ante la ordenanza.

Para Kristina Campbell del Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educación, la ordenanza es discriminatoria e inhumana para residentes potenciales “además de que impone una carga injusta sobre los dueños de tierras y propiedades, forzándolos a tomar acciones que discriminan en base a la raza, color y origen nacional, poniéndolos en la posición de agentes de advocación a la ley federal”.

Al igual que los activistas, renteros demandantes como Roy Garret, tuvieron oportunidad de explicar los motivos de su oposición a la ordenanza.

Garett y su esposa son dueños de propiedades en Escondido y gran parte de sus inquilinos son de origen mexicano o latino y que de ninguna manera consideran justo exigir pruebas de residencia legal en el país, ya que considera que la ciudad donde viven fue construida, desarrollada y es mantenida en gran parte por la mano de obra indocumentada, de manera que se opone rotundamente a negarles su derecho a la vivienda.

“Emplear a estas personas, aprovechar su trabajo o aceptar sus productos y después decirles que no pueden vivir en la plantación es cien por ciento inmoral”

Para los miembros de la coalición esta ordenanza, además de inconstitucional, ilegal e inoperable, violará los derechos inherentes de acceso a la vivienda, generará discriminación racial en la comunidad y provocará más daño que beneficio a la ciudad.

“Dada la naturaleza criminal de las penas, vamos a comenzar a ver un efecto illegal inmediato y discriminación basada en la raza, porque como mencione, no vamos a ver que Irlandeses o Canadienses no puedan rentar.

Va a tener todos estos efectos ilegales mientras que el estatuto mismo es completamente inoperable. Es solo una ley de intimidación. Ni siquiera puede funcionar bajo sus propios términos” expresó el abogado Hallen Rosner.

A pesar de que la ordenanza aun no entra en vigor, los activistas han comenzado a ver los efectos negativos que podría traer a la ciudad de Escondido y al condado de San Diego.

La abogada Virginia Calderón aseguró que ha escuchado historias de personas que comienzan a sentir miedo de la entrada en vigor de la ley y están considerando mudarse de la ciudad aunque no sean indocumentados, pero pueden vivir con personas que si lo sean.

“Nuestra reacción es que la ley no ha entrado en efecto todavía y si la ciudad no le pone un alto, entonces interpondremos una orden de restricción para que no entre en efecto”.

Por ahora la coalición de activistas de los derechos civiles de San Diego espera que un juez emita una resolución que detenga temporalmente la entrada en efecto de esta ley el próximo 18 de noviembre.

La semana pasada un juez federal bloqueó en Pennsylvania una ley similar a la de Escondido, ya que consideró que era dañino para los dueños de propiedades e inquilinos latinos.

Esta decisión ha motivado a los activistas de San Diego, que esperan que su caso tome un rumbo similar al de Pennsylvania.

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