May 26, 2006

Proponen eliminar el delito de difamación en Baja California

Por Luis Alonso Pérez

Diputados bajacalifornianos presentaron esta semana una iniciativa de ley al congreso del Estado que busca eliminar del código penal de Baja California los delitos de difamación y calumnia. Una medida que busca dar un paso importante en el fortalecimiento del derecho a la información y a las garantías individuales de la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Esta propuesta es parte de una iniciativa impulsada por los legisladores federales y que ya fue aprobada por la cámara de Diputados, mediante la adición del artículo 243 bis al Código Federal de Procedimientos Penales, y las reformas a los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal. Actualmente esta propuesta se encuentra en consideración por la cámara de Senadores.

“Lo que se esta proponiendo es cambiar las leyes estatales para que en Baja California la difamación y calumnia no sean delitos, y puedan ser atendidos por la vía civil” declaró el Diputado Raúl López Moreno, “Es decir que si alguien se considera víctima de la difamación o de calumnia puede demandar la reparación del daño moral, pero a través de un juicio civil, y quien resulte culpable sea sancionado por la vía económica a través del pago de una indemnización, pero no por la vía penal y con la cárcel”.

En México, algunas personas –particularmente funcionarios públicos y empresarios poderosos– recurren a esta circunstancia legal en contra de los periodistas, como lo que sucedió recientemente en el caso del proceso penal que ejecutó el gobernador de Puebla, Mario Marín para acusar a la periodista Lydia Cacho de difamar a su amigo Kamel Nacif, un importante empresario de la industria textil.

En el libro Los demonios del Edén, el poder detrás de la pornografía, Lydia Cacho expuso toda una red dedicada a la pornografía infantil y turismo sexual en Cancún, de la cual Kamel Nacif juega una pieza clave. En diciembre del 2005 Cacho fue detenida en la ciudad de Cancún y llevada a una cárcel del estado de Puebla, por una orden de aprensión girada en su contra por un juzgado penal del estado de Puebla sin su conocimiento.

La periodista permaneció detenida veinticuatro horas antes de ser liberada y su caso actualmente se encuentra atravesando un proceso de investigación por una comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de México.

“Este en el ejemplo más ilustrativo de lo que puede suceder cuando estas conductas sirven de pretexto para intimidar a quienes desarrollan el periodismo y la comunicación” expuso López Moreno.

A pesar de que las acusaciones de difamación por mucho tiempo han provocado reclamos del gremio de comunicadores y periodistas, este caso ha sido un catalizador definitivo para el impulso de propuestas para su derogación y los cambios que se están llevando a cabo a nivel nacional parecen que han sido bien aceptados por los que practican esta profesión.

“Sin embargo cada estado tiene sus propias leyes y si no están uniformadas con las leyes federales, pueden ocurrir omisiones”, advirtió José Moreno Mena, director del Centro de Derechos Humanos y Educación Cívica, lo cual puede ocasionar que se encuentre la forma de culpar a una persona de difamación en una corte estatal.

Esta propuesta a su vez forma parte de un paquete de reformas más amplio, que busca consolidar el derecho a la información, mediante la implementación de una ley de acceso a la información para todos los ciudadanos, así como el establecimiento del secreto periodístico, para que los comunicadores no sean obligados a revelar sus fuentes de información.

“Este tercer planteamiento viene a cerrar el círculo para fortalecer las garantías del derecho a la información en Baja California” expuso el diputado López Moreno.

Por el momento los periodistas y comunicadores esperan los dictámenes de la cámara de senadores para proteger a nivel federal el libre ejercicio de su profesión, al mismo tiempo que esperan su aprobación en la cámara estatal.

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