August 11, 2006

Enfoque

La decisión

Por Dagoberto Márquez

Como se esperaba, la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación colocó la situación de crisis por la que atraviesa la elección presidencial, en un impasse de pronóstico reservado que sólo habrá de resolverse con el paso del tiempo. La determinación, política más que jurídica, se ajusta a lo correcto pero sólo en parte y en apariencia porque no desahoga la cuestión de fondo y sólo pretende la conducción del estado de cosas para llevarlo a terrenos más o menos manejables, de menor incidencia y crispación social aunque los magistrados del caso se alineen con el sistema panista o de plano se equivoquen frente a su responsabilidad histórica y frente a la sociedad en su conjunto. 

Estimado lector, Fina lectora, la convulsión por la que atravesamos es peligrosa en extremo. Su errática conducción sólo calentará los ánimos de por sí caldeados y el resultado de aquello puede conducirnos a un ambiente de tensión superior al ya existente. En lo sucesivo, y aunque haya voces que respaldan la posición del tribunal, cualquier cosa que suceda sólo va a tener un origen subdividido en pocos planos, estos son: la sucia y envilecida elección presidencial donde la intromisión y la corrupta práctica política fue la constante, la sesgada y tramposa conducción de las cosas por parte de la cúpula central del IFE, así como la errática y probable parcialidad del propio Tribunal Electoral del PJF, el cual tiene como cabeza y como órgano superior (para efectos del recurso de revisión y de constitucionalidad o de falta de ésta) a la Suprema Corte.

Ahora bien, si las cosas se desbordan más allá de los límites, tendrá que enfocarse la mirada hacia los actores que componen la mafia que se propuso la no aceptación de Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República. Dicha determinación, política y asimétrica pero sucia y antijurídica, resulta de la crispación y del deterioro en quienes por arrogancia, corrupción y temor, se conjuntaron para impedir al precio que sea y tope en lo que tope, el arribo de López Obrador a la primer magistratura, toda vez que, de permitirlo, su destino estaría echado y marcado según ciertos criterios y agudos puntos de vista. Lo anterior deriva de la terca y sucia corrupción en que cayó el régimen que ahora concluye, mismo que desoyendo la advertencia de la prudencia y de la honestidad, no tuvo empacho ni recato para abalanzarse en pos de dinero a manos llenas y de prebendas sin límite, sin que importara el que el paso de la gente por ciertas instituciones tiende a ser efímero y sujeto de revisión y de auditoría llegado el momento. 

La decisión del Tribunal Electoral para abrir menos de 12 mil paquetes a fin de recontar las boletas de la elección presidencial nuevamente, se contrapone con la exigencia para abrir los poco más de 130 mil, pues un porcentaje inferior al 10 % del total de casillas no corresponde con la visión de millones y millones de mexicanos en el sentido de transparentar las cosas, toda vez que de acuerdo con la percepción más que generalizada, en la elección del dos de julio anterior se escenificó un inaceptable y reprobable fraude para imponer a como de lugar a Felipe Calderón, el hombre del actual régimen. Esta decisión, la cual no abona sino hacia nuevas y más graves tensiones, se aleja del precepto constitucional que invoca y dispone de imparcialidad y certeza, aunque haya timoratos e hipócritas que adulen la misma diciendo que la determinación se ajusta a lo marcado por la ley. Lo anterior resulta de lo previsto en el sentido de que, de haber irregularidades, todo procedimiento ha de ser revisado minuciosamente hasta agotar los recursos que permitan la claridad del caso. Un asunto de índole jurídica que está siendo manoseado y rebasado por una actitud sucia en política.

Sin embargo, al margen de que los intereses nauseabundos pisoteen el de por sí ya inmundo caso, la resistencia y la no claudicación de millones de mexicanos habrá de llevar el asunto a buen puerto pues, como está visto, la Constitución y la práctica política apegada a la legalidad serán tanto el respaldo como el soporte propio para la solución de este grave problema. De momento lo que corresponde es esperar y luchar denodadamente. Sí, esperar a que la instancia federal que hoy interviene resuelva por lo que habrá de resolver, lo cual puede estar perfilándose hacia una decisión de otra índole que permita la revisión integral de las impugnaciones. Dicho en otros términos, hacia la revisión total de los paquetes donde se depositaron más de 41 millones de votos para elegir al nuevo Presidente.

Todo esto bajo algunos considerandos que llegado el momento deben ser sopesados. Uno es el hecho de que las leyes convencionales que nos rigen están basadas en criterios de visión y aceptación social generalizados, a través de grandes acuerdos políticos tomados en ambas cámaras (del Congreso). Otro considerando es el hecho de que la Constitución en nuestro país es una Constitución Política y no una simple “constitución jurídica” a secas. Lo que significa, para efectos de aceptación inatacable, el instrumento de legalidad y de propósitos sociales así como el elemento político nacional, superior a cualquiera de nuestras leyes. Finalmente existe el elemento relacionado con la paz social, el cual debe abrirse paso porque con las cosas, viciadas como están, supone el indeseable ejercicio del más grave tipo de recursos para la solución del problema, mismo que consistiría en el acto de justicia llevado a cabo empíricamente, violentamente, así como por propia mano (dado que es evidente que nadie desea una nueva revolución armada que lleve al país al despeñadero de una nueva y cruenta revuelta, como podría ocurrir llegado el momento si se atreven a imponer la ilegalidad y el fraude electoral a millones de indignados mexicanos).

Para concluir, sólo lo siguiente. El ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas, tiene razón con sus declaraciones. La decisión de los magistrados del Tribunal Electoral, los cuales ganan mucho dinero realmente y además ya van de salida en su mayoría de sus respectivos cargos, fue limitada, cuestionable, pobre y hasta restrictiva. Su decisión, la cual habrá de ser sancionada acremente, no se ajusta a lo indicado por la Constitución Política Mexicana y sólo se enmarca en lo que el propio ex consejero señala como una ley secundaria (lo dispuesto por el Cofipe). Lo anterior se hizo, obviamente, con la finalidad de impedir la apertura total de paquetes, pues de abrirse la totalidad de paquetes electorales con el propósito de un nuevo recuento se podría conocer la verdad, es decir, cómo y por quién votaron mayoritariamente los mexi-canos. Los nombres de esos magistrados para que usted sepa de quién se trata, son los siguientes: Leonel Castillo, Alfonsina Bertha Navarro, José Alejandro Luna, Eloy Fuentes Cerda, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Mauro Miguel Reyes Zapata y José de Jesús Orozco Henríquez.

Para su conocimiento, dichas personas (una tiene sus orígenes aquí mismo en Guerrero) están haciendo su trabajo aunque no sepamos si su determinación final va a ser la de gente con valor, ética y patriotismo, o sólo la de simples, viles, indignos e inmundos subordinados del poder político corrupto.

Es todo.

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