April 7, 2006

Comentario:

El poder de las masas

Por Humberto Caspa, Ph.D

En un sistema político democrático, la sociedad civil es la que tiene la decisión final del destino del gobierno. Esta hipótesis ya la había formulado el reconocido filósofo Nicolás Maquiavelo durante la Edad Media en su obra seminal El Príncipe.

Hoy, las manifestaciones y mítines políticos que se llevaron a cabo recientemente, incluyendo el millón de personas que desfilaron en Los Ángeles para apoyar los derechos de los inmigrantes, rectifican este supuesto político. Entonces, son las grandes mayorías ciudadanas y no sus líderes los que finalmente tienen el poder político del gobierno.

Sin embargo, hasta unas semanas atrás, un grupo de agitadores de la extrema derecha quisieron romper con ese supuesto básico de gobierno. Estos grupos emprendieron un proceso de políticas que no solamente afectaron a los 12 millones de indocumentados que viven en este país, sino también a sus familiares y a la comunidad latina-estadounidense en general.

Como en el periodo del esclavismo y durante los años de segregación institucional, de momento, estas facciones extremistas llevaron al país por el sendero de la intolerancia, y hacia un régimen de tipo fascista como la Alemania de Hitler y la Italia de Benito Mussolini.

Inicialmente, con el proyecto de ley Sensenbrenner los representantes de la cámara baja del Congreso instituyeron un mecanismo legal que directamente atenta contra los derechos civiles y humanos de los inmigrantes. De aprobarse en el Senado y de ser rectificado por el Presidente George W. Bush, esta ley cambiaría los términos el estado jurídico penal de los inmigrantes indocumentados.

Es decir, aparte de ser sancionados por las leyes federales también serían juzgados por códigos civiles, los cuales convertiría a los trabajadores indocumentados automáticamente en criminales de delitos graves por el simple hecho de no tener los documento de inmigración en regla y por haber cruzado la frontera en forma subrepticia.

Las consecuencias de esta nueva ley no se limitarían dentro del ámbito legal, sino que también llegarían a repercutir en el terreno social y político, victimizando al indocumentado más allá de lo razonable.

Del mismo modo, grupos pequeños ultra radicales de la derecha empezaron a politizar a los ayuntamientos locales, al punto de cambiar, en algunos casos, el sesgo progresista de las ciudades.

Lo ocurrido en la ciudad de Costa Mesa es un ejemplo claro de este grupo de agitadores. El gobierno de Allan Mansoor, aliado de facciones extremistas y grupos neo nazis, sembraron pánico en las comunidades latino-estadounidenses a través de una serie de ordenanzas municipales que han intentado disminuir el número de habitantes latinos en la ciudad. El cierre del Centro Laboral y la ordenanza municipal que da autoridad a un sector de la policía a actuar como agentes migratorios fueron, entre otras, políticas de choque contra los inmigrantes y la población latina-estadounidense en Costa Mesa.

Tanto la ley Sensenbrenner en la cámara baja del Congreso y las ordenanzas municipales del gobierno de Mansoor son propuestas visiblemente reaccionarias. No tienen el respaldo de las mayorías ciudadanas; sólo poseen el respaldo de una porción minoritaria.

De acuerdo a una encuesta de Associated Press, 56 porciento de la población está de acuerdo que los inmigrantes indocumentados sean proporcionados con un documento temporal para desarrollar un trabajo. Esta misma agencia de investigación infiere que 65 porciento de los norteamericanos subrayan que los trabajadores indocumentados desempeñan trabajos que a ellos mismos no les interesaría desarrollarlos. Además, un 51 porciento mantiene que los inmigrantes indocumentados contribuyen positivamente en la sociedad. En este sentido, no son enteramente una carga para la economía del país.

A pesar de que los problemas contra la población indocumentada todavía continúan, estas manifestaciones y movilizaciones sociales han balanceado las políticas reaccionarias de los grupos extremistas de la derecha. Esto se ha hecho patente con la respuesta del público en la encuesta lanzada recientemente por el Associated Press, y también se aprecia con la configuración de leyes en el Senado.

Las propuestas de inmigración en la cámara alta, como la de Kennedy-McCain, son más coherentes y reflejan los intereses de las mayorías. En todo caso, en un sistema democrático, el poder político finalmente reside en el pueblo; aunque temporalmente ese poder va a parar a las manos de sus gobernantes.

Dr. Humberto Caspa es Profesor adjunto en la Universidad Estatal de California Long Beach. E-mail: hcletters@yahoo.com

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